Bolivia inicia una nueva temporada de incendios forestales. Foto: Extraída del Informe del CIPCA
Con información de CIPCA
Bolivia ingresa a una de las temporadas de incendios forestales más críticas de los últimos años, en un escenario marcado por una sequía generalizada, temperaturas extremas y la inminente consolidación de un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte, así lo manifestó el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). El panorama amenaza con agravar los incendios en la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía, comprometer la seguridad alimentaria de miles de familias campesinas e indígenas y poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado.
De acuerdo con un análisis técnico elaborado por el CIPCA, el calentamiento acelerado del océano Pacífico anticipa un evento de El Niño comparable con los registrados entre 1997-1998 y 2015-2016. Los pronósticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevén que el fenómeno alcanzará su máxima intensidad entre octubre y diciembre de 2026, coincidiendo con el periodo más crítico de incendios forestales en el país.
El informe advierte que Bolivia atraviesa una transición climática caracterizada por una combinación de sequías severas, lluvias irregulares y cambios bruscos en las condiciones atmosféricas. Mientras los agricultores del altiplano y los valles enfrentan pérdidas de cultivos por el déficit hídrico, las regiones amazónicas experimentan una alternancia entre crecidas y descensos extremos en los niveles de sus ríos, reflejo de un comportamiento climático cada vez menos predecible.
CIPCA enfatiza que el Reporte Nacional de Sequías del Senamhi, correspondiente a junio de 2026, señala que prácticamente todas las macroregiones del país presentan suelos extremadamente secos. La baja humedad de la vegetación convierte bosques, pastizales y cultivos en combustible altamente inflamable, aumentando significativamente el riesgo de incendios de gran magnitud.
Las previsiones meteorológicas para el trimestre julio-septiembre indican precipitaciones mínimas o nulas en las regiones más vulnerables, temperaturas de hasta 36 grados Celsius, humedad relativa inferior al 30% en algunos valles y vientos superiores a 30 kilómetros por hora en sectores de Santa Cruz. Bajo estas condiciones, los modelos de comportamiento del fuego desarrollados por el Senamhi estiman que un incendio puede propagarse a velocidades de entre 45 y 210 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de vegetación y las condiciones meteorológicas.
El documento sostiene que la agricultura familiar será uno de los sectores más afectados. Los cultivos de papa, maíz, quinua, arroz, yuca y plátano, así como la producción ganadera y la recolección de productos forestales como castaña, asaí, cacao silvestre y cusi, enfrentan un elevado nivel de riesgo debido a la escasez de agua y al deterioro de la vegetación.
La vulnerabilidad actual se agrava por los efectos acumulados de la deforestación y el cambio de uso del suelo. Según el análisis, la pérdida de cobertura vegetal ha reducido la capacidad de los suelos para retener agua, favoreciendo tanto la intensificación de las sequías como el incremento de inundaciones repentinas cuando se registran lluvias intensas.
El informe recuerda que en 2024 Bolivia registró una de las peores temporadas de incendios de su historia reciente, con millones de hectáreas afectadas, la pérdida de 476.030 hectáreas de bosques primarios por deforestación y emisiones cercanas a los 700 millones de toneladas de dióxido de carbono, cifras sin precedentes en las últimas dos décadas. El escenario previsto para 2026 podría superar esos impactos si no se fortalecen las acciones preventivas.
Respecto a la respuesta estatal, el análisis reconoce que el Gobierno implementó una Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego y creó una instancia de coordinación interinstitucional para enfrentar la temporada de incendios. Sin embargo, advierte que persisten importantes limitaciones operativas, entre ellas la disponibilidad de solo dos helicópteros para el combate aéreo, brigadas insuficientes y recursos limitados para responder a emergencias de gran escala.
Asimismo, el documento identifica una contradicción entre las políticas de prevención y algunas normas que continúan favoreciendo la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, situación que, según el análisis, incrementa la presión sobre los bosques y eleva el riesgo de nuevos incendios.
Ante este panorama, CIPCA plantea que la prevención debe convertirse en el eje central de las políticas públicas frente al cambio climático. La institución considera prioritario fortalecer los sistemas de alerta temprana, ampliar las capacidades de respuesta de los gobiernos locales y las comunidades, promover prácticas productivas resilientes y consolidar estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales para reducir los impactos de eventos climáticos extremos que, lejos de ser excepcionales, tienden a convertirse en una condición recurrente en Bolivia.
