Presentación del Informe de UNITAS. Foto: Yenny Escalante/Sumando Voces
Las actividades extractivas concentraron el 62,5% de las vulneraciones registradas contra personas defensoras de derechos humanos en Bolivia durante 2025, lo que confirma que la defensa del territorio y del medio ambiente continúa siendo una de las labores de mayor riesgo en el país, según el Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática 2025, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS.
El informe documentó 40 vulneraciones específicas contra personas y organizaciones defensoras durante la gestión pasada. Aunque el número de casos disminuyó en 56,99% respecto de 2024, UNITAS advierte que persisten patrones estructurales de criminalización y hostigamiento que restringen el espacio cívico y afectan la institucionalidad democrática.
La criminalización fue la vulneración más recurrente, al representar el 40% de los casos registrados, seguida por las amenazas y amedrentamientos, con el 25%. El análisis también identifica al Ministerio Público como el principal actor vulnerador, al estar vinculado con el 30% de las incidencias documentadas, seguido por otras instancias estatales y por particulares.
El informe señala que los conflictos asociados a la minería, la explotación hidrocarburífera y otras actividades extractivas concentran la mayor parte de las agresiones contra quienes defienden derechos colectivos y ambientales. En ese contexto, menciona casos como el de Viacha, donde dirigentes comunitarios denunciaron amenazas de muerte y acoso físico tras cuestionar la contaminación de ríos atribuida a operaciones mineras ilegales.
Uno de los casos emblemáticos identificados es el de los 12 comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, quienes fueron imputados por el Ministerio Público por presunta obstrucción de funciones luego de oponerse al ingreso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras para actividades de exploración petrolera en su territorio. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un ejemplo de criminalización mediante el uso de figuras penales para limitar el ejercicio de derechos colectivos y ambientales.
El informe recuerda que el 8 de mayo de 2026. el Tribunal de Entre Ríos absolvió a los 12 comunarios al no encontrar pruebas de los delitos atribuidos, una decisión considerada un precedente para la protección de quienes ejercen la defensa ambiental y territorial.
Frente a este panorama, UNITAS exhorta al Estado boliviano a adoptar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. Asimismo, plantea el cese de discursos estigmatizantes contra quienes fiscalizan la gestión pública y demanda fortalecer las garantías de acceso a la justicia con enfoques diferenciados, especialmente para mujeres defensoras y líderes indígenas, quienes enfrentan riesgos agravados por la discriminación y los conflictos territoriales.
