El ciclo electoral quedó atrás y los discursos de posesión también. Bolivia ya transita un nuevo ciclo institucional: el Gobierno nacional se acerca a los nueve meses de gestión; alcaldes y gobernadores llevan cuatro meses en funciones; el Tribunal Supremo Electoral fue renovado a finales de 2025 y el Órgano Judicial ya cumplió un año desde la elección de sus nuevas autoridades. El tiempo de los diagnósticos comienza a dar paso al tiempo de las responsabilidades.
Y pocas responsabilidades son tan importantes como garantizar el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.
El informe Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática en Bolivia 2025, presentado por la Red UNITAS, ofrece un panorama que merece ser leído más allá de la coyuntura. No es un inventario de denuncias ni una suma de estadísticas. Es un diagnóstico sobre el estado de la democracia desde la perspectiva de los derechos humanos y, al mismo tiempo, una agenda pendiente para todas las instituciones del Estado.
Los datos muestran algunas señales alentadoras. Determinadas vulneraciones, como las relacionadas con la libertad de reunión y protesta, disminuyeron respecto de los años más críticos de conflictividad. Sin embargo, esa reducción no significa que los problemas hayan sido superados. Las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos continúan presentes, especialmente cuando se trata de la defensa del territorio y del medio ambiente, como reflejan los casos documentados en Tariquía y la microcuenca Pallina.
El informe también identifica una tendencia preocupante: las vulneraciones en el entorno digital aumentaron un 42,5% respecto de 2024. La confrontación política encontró en las redes sociales un nuevo escenario para la estigmatización, el hostigamiento y la desinformación. A ello se sumó el uso de recursos y plataformas estatales con fines proselitistas durante el proceso electoral, una práctica que terminó afectando la equidad de la contienda y, en consecuencia, el derecho de la ciudadanía a elegir en condiciones de igualdad.
Detrás de cada caso registrado por el informe no hay un indicador. Hay una persona que no pudo ejercer un derecho, un periodista intimidado, una organización amedrentada, una comunidad que defendía su territorio o un ciudadano que encontró más obstáculos que garantías para participar en la vida democrática.
Estas situaciones no son episodios aislados. Son señales de una institucionalidad que todavía enfrenta dificultades para proteger derechos de manera efectiva y para responder con la independencia y la oportunidad que exige una democracia.
Por eso, este informe no interpela únicamente al Gobierno nacional. También compromete a las gobernaciones y municipios, llamados a garantizar el derecho a la participación, la protesta pacífica y la convivencia democrática en sus territorios. Interpela al Tribunal Supremo Electoral, que tiene la responsabilidad de preservar la integridad y la equidad de los procesos electorales. E interpela, quizá con mayor fuerza, al Órgano Judicial, cuya misión es asegurar que toda vulneración de derechos encuentre una respuesta oportuna, imparcial y efectiva.
Garantizar libertades fundamentales no consiste únicamente en abstenerse de vulnerarlas. Significa crear condiciones para que puedan ejercerse plenamente. Implica proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos; asegurar que las organizaciones puedan asociarse sin intimidaciones; garantizar el acceso a la información pública; prevenir la violencia en los entornos digitales; y ofrecer mecanismos eficaces para que cualquier ciudadano pueda reclamar cuando sus derechos sean afectados.
En un país que acaba de atravesar una de las crisis político-sociales más profundas de los últimos años, fortalecer las libertades fundamentales no es un asunto secundario. Es la condición para reconstruir la confianza entre ciudadanía e instituciones y para prevenir que las diferencias vuelvan a resolverse mediante la confrontación y no a través de los cauces democráticos.
Las autoridades que hoy conducen el Estado —en todos los niveles y desde los diferentes poderes— tienen todavía la oportunidad de imprimir un sello distinto a sus gestiones. Los primeros meses de un mandato suelen definir prioridades, pero también la forma en que se ejercerá el poder. Hacer de los derechos humanos un criterio transversal de las políticas públicas sería, probablemente, la mejor señal de que el país está dispuesto a aprender de sus propias crisis.
Las libertades fundamentales no se fortalecen por inercia. Requieren instituciones que funcionen, autoridades que rindan cuentas y una ciudadanía vigilante. El informe de la Red UNITAS no debería quedar archivado como una fotografía de lo ocurrido en 2025. Debería convertirse en una hoja de ruta para que, al finalizar este nuevo ciclo institucional, Bolivia pueda mostrar no solo mejores indicadores, sino una democracia más sólida porque supo garantizar, sin distinciones, los derechos de todas las personas.
