Hay una pregunta que desde hace tiempo me ronda la cabeza: ¿por qué, cuando aparece un policía, muchas personas sienten miedo en lugar de seguridad?
La Constitución Política del Estado, en su artículo 251, establece que la Policía Boliviana tiene la misión de defender a la sociedad, conservar el orden público y cumplir las leyes. Es decir, su sola presencia debería transmitir tranquilidad. Sin embargo, para muchas bolivianas y bolivianos ocurre exactamente lo contrario.
Hace unos días participé en una marcha pacífica organizada por diversas organizaciones de la sociedad civil para promover el respeto a los derechos humanos y recordar que aún existen importantes barreras para acceder a la justicia, particularmente para las personas LGBTIQ+. La movilización transcurría con absoluta normalidad. Incluso algunos efectivos policiales colaboraban ordenando el tránsito. Las organizaciones habían acordado no utilizar petardos, tanto por consideración a niñas y niños como por las personas que asistieron con sus animales de compañía. Todo estaba orientado a garantizar una protesta pacífica y respetuosa.
La manifestación se desarrollaba en el marco de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución: la libertad de reunión, de asociación y de expresión en espacios públicos. Sin embargo, bastó que dos policías se acercaran a las organizadoras para que la sensación cambiara. Su presencia generó incertidumbre.
No es una percepción aislada. Algo similar ocurre en operativos de control de tránsito o de alcoholemia, donde muchas personas sienten más temor que confianza. También sucede cuando determinados perfiles en la vestimenta son objeto de intervenciones policiales basadas en estereotipos: jóvenes cuyas prendas es asociada con el microtráfico, personas en situación de vulnerabilidad o incluso personas afrobolivianas, a quienes con mayor frecuencia se les exige identificarse y se les confunde con extranjeras. El problema no radica en que la Policía ejerza controles dentro de sus competencias, sino en la forma en que muchas veces los realiza: con un trato autoritario, torpe —y como se dice coloquialmente— atrevido, desproporcionado y alejado de los estándares de respeto a los derechos humanos. Sin mencionar la revictimización basada en prejuicios de género, machistas y coloniales en sus intervenciones.
Esa percepción encuentra respaldo en los datos. El informe Latinobarómetro 2024 revela que apenas el 16 % de la población boliviana manifiesta confianza en la Policía, el porcentaje más bajo de América Latina. Dicho de otro modo, más de ocho de cada diez personas desconfían de una institución cuya misión constitucional es protegerlas.
La historia reciente de Bolivia ha dejado imágenes difíciles de olvidar: intervenciones desproporcionadas durante conflictos sociales, denuncias por abusos, hechos de corrupción y una persistente percepción de politización institucional. Todo ello ha contribuido a que muchas personas —especialmente jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos y población LGBTIQ+— experimenten ansiedad cuando un policía se les acerca.
Una sociedad donde la ciudadanía teme a quien tiene el mandato constitucional de protegerla, nos tiene que preocupar.
Sobre el derecho a la protesta, y parafraseando al profesor Roberto Gargarella sostiene que la Constitución representa una promesa de convivencia basada en el respeto a la diversidad y en la protección de quienes históricamente han sido excluidos o discriminados. Precisamente por ello, las manifestaciones públicas cumplen una función democrática esencial: permiten que personas y colectivos cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados hagan visibles sus demandas ante el Estado y la sociedad. En ese contexto, la actuación policial no debería desalentar el ejercicio de esos derechos, sino garantizar que puedan desarrollarse de forma pacífica y segura.
La solución no consiste únicamente en sancionar a policías que actúan de forma abusiva. También pasa por fortalecer la formación policial en derechos humanos, comunicación, resolución pacífica de conflictos, igualdad y atención ciudadana.
La Policía Boliviana debe convertirse en una institución moderna, cercana y respetada; una institución capaz de dialogar antes que intimidar, de prevenir antes que reprimir y de acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.
Dejo entonces la pregunta abierta: ¿por qué nos asusta la Policía?
J. Alex Bernabé Colque es defensor de derechos humanos.
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