Bolivia está más cerca de contar, por primera vez, con una Ley de Acceso a la Información Pública. Es una buena noticia, pero que no debe ser opacada por circunstancias que podrían poner en duda su espíritu y fines.
Hace 5 días, el Senado aprobó el PL No. 066/2025-2026 C.S. y resulta difícil entender que un proyecto de esta importancia haya sido aprobado pese a que la propia Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores formuló observaciones de fondo sobre aspectos relevantes como la presencia de un órgano garante, el régimen de excepciones o la gestión documental. Si esas observaciones existen, ¿no era precisamente ese el momento para abrir un proceso de diálogo y perfeccionamiento antes de remitir el proyecto a Diputados?
¿Existía alguna razón para acelerar su remisión a la Cámara de Diputados sin antes abrir un espacio para perfeccionar el proyecto? ¿O es que aún la Comisión de Constitución de Diputados tiene la oportunidad de recibir aportes de los gremios periodísticos, la academia y la sociedad civil antes de emitir su informe?
Durante años hablamos de recuperar la institucionalidad democrática como si se tratara únicamente de renovar autoridades o restablecer el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, la institucionalidad también se construye con leyes que permitan a la ciudadanía conocer cómo actúa el Estado, cómo toma decisiones y cómo administra los recursos públicos. Una Ley de Acceso a la Información Pública no resuelve por sí sola la crisis de confianza en las instituciones, pero sí puede convertirse en uno de los pilares sobre los cuales se puede comenzar a reconstruirla.
Recordemos que no partimos de cero. En los últimos años, universidades, organizaciones especializadas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil han invertido tiempo, recursos y conocimiento para elaborar propuestas sobre acceso a la información pública. Entre ellas se encuentra el Anteproyecto de Ley presentado por Fundación Jubileo y Construyendo Redes para el Desarrollo, luego de un proceso participativo que incluyó aportes de instituciones y organizaciones de los 9 departamentos del país. Y aunque no se tenga información sobre este y otros proyectos que han sido presentados, ignorar ese trabajo significaría desaprovechar un capital técnico que pertenece al país y no únicamente a quienes lo produjeron, así como una oportunidad para enriquecer el proyecto con conocimiento técnico que ya está disponible, con la posibilidad de generar susceptibilidad sobre el tratamiento de este tema.
El nuevo contexto político ofrece la oportunidad de recuperar prácticas de deliberación pública que durante muchos años fueron debilitándose. Es un buen momento para que las autoridades gubernamentales muestren su interés de distinguirse de lo anterior siendo transparentes y facilitando el acceso a la información pública. Y que los asambleístas den señales de que comprenden su responsabilidad y conocen el trabajo legislativo, elaborando leyes de forma abierta, participativa y receptiva a los aportes técnicos provenientes de la sociedad.
El acceso a la información pública ya no es una opción política. Es un compromiso constitucional y un estándar democrático que Bolivia no puede seguir postergando. Y la diferencia entre una democracia que se debilita y una que se fortalece no está únicamente en las elecciones. También está en la forma en que se construyen las leyes. Una Ley de Acceso a la Información Pública puede convertirse en el primer gran mensaje de que Bolivia quiere dejar atrás la opacidad para avanzar hacia una cultura de apertura, rendición de cuentas y diálogo con la ciudadanía.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados todavía tiene la oportunidad de recoger lo mejor de los proyectos recibidos y de socializar con sus proponentes para emitir posteriormente un informe que permita construir una Ley de Acceso a la Información Pública alineada con la Constitución y con los estándares internacionales; esa puede ser una señal de que Bolivia quiere comenzar una nueva etapa institucional basada en la transparencia y el respeto al derecho ciudadano de saber. Porque, al final, la información pública es pública
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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