El comercio de alimentos, una de las actividades que a más mujeres ocupa en el D8.
POR JORGE QUISPE
Los motores de los minibuses rugen sobre la avenida 6 de Marzo, en la carretera internacional a Oruro, pero unas cuadras más adentro, en las calles de Senkata, Distrito 8 de El Alto, el silencio cuenta otra historia. Es el silencio que deja el prejuicio. Durante las protestas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz, un estigma volvió a cobrar fuerza; en las redes sociales y en parte de la cobertura mediática se dibujó una frontera imaginaria: de ese lado habitan “los vándalos”, “los radicales”, “los intransigentes”.
Sin embargo, cuando se apagan las cámaras y se limpia el asfalto, lo que queda en la plaza Héroes de Senkata, la plaza 25 de Julio y el paso a desnivel Revolución Senkata no es el territorio hostil que muchos imaginan, sino una comunidad de familias atrapadas entre la asfixia económica, la presión sindical derivada del conflicto y un estigma que se profundizó durante las manifestaciones, alimentado por el encarecimiento del costo de la vida y la falta de diálogo entre los sectores movilizados y el Gobierno.
La identidad trabajadora frente a las acusaciones
Celestina Porras acomoda las ollas donde vende, cada día, las tradicionales sopas de fideo en plena plaza 25 de Julio, en el corazón de Senkata. Sus manos, curtidas por el frío del altiplano y el vapor de su pequeña cocina a gas, son el verdadero documento de identidad de la zona. Para ella, la etiqueta de “terrorista” que se lanza con ligereza es un insulto a su subsistencia.
“Aquí en el Distrito 8, nosotros no somos ningún vándalo, ningún terrorista como nos acusan. Nosotros nos ganamos al día a día, somos trabajadores”, confía a Sumando Voces esta mujer de pollera mientras sirve una sopa de fideo con silpancho en su pequeño kiosko protegido por una ch’iwiña, a solo 300 metros de la extranca de Senkata, que estuvo bloqueada durante los 46 de los 51 días de movilizaciones.
Este sector de la urbe alteña —uno de los barrios medulares del Distrito 8— jugó un rol determinante en la llamada Guerra del Gas de 2003 y en la movilización de 2019, cuando unas 10 personas perdieron la vida durante la crisis político-social de ese año.
Doña Celestina habla con la indignación de quien ve sus calles y la avenida 6 de Marzo destruidas por la interferencia de foráneos, que aparecieron después del 1 de mayo cuando empezaron las movilizaciones en contra del presidente Paz.
Cuando cae el atardecer, el frío arrecia y los escolares regresan, aclara con prisa: “La gente que viene de otro lado viene a destrozar las cosas. Vienen de otros lados a destrozar la carretera, pero a nosotros nos acusan”.
Crece la sospecha de la presencia de forasteros
Las sospechas de que gente que no es del lugar hizo destrozos en el Distrito 8 crecen. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Sur, Policarpio Acarapi, apunta a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
¿Esa gente a la que hace referencia era del MAS?, se le preguntó y Acarapi contestó: “Netamente. Ellos, en su momento, han tenido suficiente (tiempo) para gobernar. Yo no estoy en favor del Gobierno, pero déjenle gobernar”, afirma el dirigente vecinal de unas de las Fejuves de El Alto.
En el limbo quedaron las versiones de que comunarios de otras provincias de La Paz e incluso otras personas con acento extranjero fueron vistos y escuchados en el Distrito 8 durante los cabildos y las protestas.
Ahora que ya se levantaron las protestas en Bolivia, A.L.R., un vecino de la zona que prefiere quedar en el anonimato por temor a represalias de algunos dirigentes de Senkata, comparte la misma frustración que doña Celestina.
Para los comerciantes minoristas, el conflicto no fue una trinchera ideológica, sino un muro que los separó de su único sustento, el trabajo y el comercio para sobrevivir. De acuerdo con diferentes estudios, al menos el 80% de la población alteña se dedica al comercio minorista.
A.L.R. relata cómo el vecino de a pie se convirtió en el rehén silencioso de la disputa política: sin transporte, sin insumos y bajo la mirada sospechosa del resto de la ciudad de El Alto, los vendedores independientes vieron desplomarse las economías de sus familias en cuestión de días, y tuvieron que soportar la doble penalización de no generar ingresos y ser señalados como culpables del caos.
“Esa madrugada (era el lunes 29 de junio), aproximadamente a las cuatro o cinco de la madrugada, escuchamos petardos y de nuevo creímos que iban a volver a bloquear, dudamos de abrir la tienda”, añade el hombre desde el interior de su comercio.
Durante los bloqueos, unos desconocidos rompieron los vidrios de sus ventanales. “Ya vivimos con este temor de que pueden entrar a saquear la tienda”, narra con resignación.
En otro punto del Distrito 8, Patricia, una joven de 19 años que también prefiere guardar su identidad, revela que quienes lideraban los actos de violencia eran reducidos grupos de personas. “Venían a cerrar la tienda. Venían a cerrar la cortina metálica. Una vez, me amenazaron con golpearme y desde ahí ya no tuve oportunidad de volver a abrir”. Unos días después, la joven perdió su fuente laboral, porque el comercio ya no funcionó por la inseguridad.
Se levantaron los bloqueos, pero el miedo se instaló en el Distrito 8 y, como consecuencia de ello, la extorsión interna y el aislamiento a esa zona de El Alto.
Al igual que doña Celestina y el vecino A.L.R., Patricia cree que “por unos cuantos”, ahora en las redes sociales acusan a todo el Distrito 8 de ser la zona de los “radicales”. Ese rincón alteño colindante con Viacha y Achocalla es uno de los más grandes de la urbe con sus 320 urbanizaciones.
«No se puede generalizar a todos, porque había gente que obligaba a participar de las protestas con multas. Así que, en una zona, unas cinco personas que estaban de acuerdo bloqueaban», relata Patricia.
Ella tuvo que pagar Bs 50, la noche del lunes 29 de junio, para volver a su casa desde la Ceja hasta el Distrito 8, porque el transporte público ya no quería brindar su servicio al sector. “Desde el tiempo de los bloqueos nos ven con cara de ser maleantes, así en simples palabras… Incluso ningún taxi quiere venir a la zona por ese miedo. Según ellos somos personas agresivas, (pero) a la gente de acá le encanta trabajar”, reivindica.
La voz de la fe y la lectura de una demanda legítima
Desde la Parroquia Cuerpo de Cristo en Villa Adela, la misma que fundó el recordado padre Sebastián Obermaier, el reverendo Guechi Revelín Pucho, analiza la conflictividad con la profundidad de quien confiesa los dolores de la comunidad.
El párroco no esquiva la raíz del problema: el desabastecimiento de combustible y las promesas rotas del Gobierno son realidades tangibles. Sin embargo, lamenta la ceguera de las autoridades que prefirieron el desgaste antes que el diálogo.
“El Gobierno ha hecho una mala lectura porque no ha podido acercarse a la población de manera adecuada”, afirma el religioso que trabajó por años en la Parroquia de Senkata, ubicada en la plaza 25 de Julio, la iglesia donde en 2019 velaron a los 10 caídos de noviembre.
Para el sacerdote, el estigma al Distrito 8 es una herida abierta en la dignidad alteña. “Estas afirmaciones lastiman, dejan heridas profundas a nuestro pueblo alteño que son, al contrario, muy trabajadores, gente emprendedora. El alteño no puede destrozar sus bienes ¿Cuánto cuestan esas construcciones, esas edificaciones públicas? Obviamente se filtran algunas personas que son muy radicales. Pero esa es la tarea del Gobierno, tiene que investigar quiénes son precisamente los vándalos. No es el pueblo alteño”, insiste Revelín, quien además es director del Canal de Tv Virgen de Copacabana CVC.
La reflexión sobre la destrucción de bienes tiene que ver con el ataque que desconocidos perpetraron contra las oficinas de la Subalcaldía del Distrito 8, donde ardieron muebles y documentos públicos. La Alcaldía estimó el daño en más de un millón de bolivianos y mientras la Fiscalía busca a los autores intelectuales y materiales, los vecinos deben ir hasta el Jach’a Uta para hacer sus trámites, porque estas instalaciones siguen cerradas.
En ese clima de hostilidad y confrontación, en el Distrito 8, un supuesto párroco dio encendidos discursos con tinte político en algunos cabildos. Revelín lamentó así aquel episodio: “Es verdad, son personas conocidas, que ya han dejado el área religiosa y se han retirado por cuestiones personales, pero han seguido haciendo este ejercicio de manera desordenada. Hacen quedar mal y no son parte de la institución”.
El laberinto legal y el abandono a los «terceros»
Para el activista de Derechos Humanos, David Inca, lo que ocurrió en el Distrito 8 es el resultado de una estrategia política: la doctrina del desgaste social. Desde su perspectiva, el Estado desvirtuó las reglas del juego democrático para eludir sus propias responsabilidades.
“Los únicos que violan derechos humanos son los servidores públicos, sea porque no cumplen lo que la ley ordena o porque hacen lo que la ley prohíbe. Los ciudadanos no violan derechos humanos. Los ciudadanos cometen delitos sencillamente”, asegura el activista, para quien la Fiscalía debe identificar a quienes provocaron desmanes en el Distrito 8.
Inca agrega que el Gobierno ha aplicado la teoría o la práctica del desgaste durante los 51 días de bloqueos: hubo cansancio de parte del movimiento social, pero al mismo tiempo generó protesta de los ciudadanos que no son parte del conflicto.
“Esos ciudadanos atrapados en la estrategia de desgaste son los terceros”, explica al referirse a personas sin filiación sindical, gremial u orgánica; trabajadores independientes como doña Celestina o A.L.R. o Patricia que terminaron pagando el costo más alto de una guerra de posiciones donde el Gobierno, según Inca, prefirió el silencio estratégico antes que el reconocimiento del otro.
La reconstrucción del tejido social
Desde la dirigencia vecinal, Policarpio Acarapi, presidente de la Fejuve Sur, ahora se trazó como reto el liderar la compleja tarea de reconstruir un tejido social resquebrajado por la crisis, el prejuicio hacia el Distrito 8 y la falta de diálogo.
Para Acarapi, el verdadero desafío actual no solo consiste en reactivar las vías o exigir el cumplimiento de las demandas de carburantes e inversión pública, sino y principalmente en limpiar el nombre del Distrito 8.
“Lógicamente, el mejor camino es el diálogo. Los de la Central Obrera (Boliviana) y los de la Tupac (Katari) han entrado a una reivindicación que es radical. Evidentemente pedían la renuncia (de Paz), pero ese no era el camino», complementa el dirigente.
Más adelante, asegura que el distrito ha sido utilizado históricamente como un escenario de batalla por actores políticos externos, dejando a los vecinos genuinos con las pérdidas económicas y el estigma mediático de la violencia.
Doña Celestina volvió a vender sus sopas de fideo en la plaza 25 de Julio, Patricia encontró un nuevo trabajo, A.L.R abrió su tienda, pero ellos aún sienten el temor, cuando un petardo suena por la madrugada como si se tratara de la señal de una nueva convocatoria a movilizarse. Temen que aquello signifique otra vez un aislamiento cargado del estigma al Distrito 8 y sus habitantes, atrapados entre la coerción y el prejuicio.
El miedo se ha instalado en las dinámicas diarias: el temor al vecino que impone la multa, el miedo al uniformado que ve un enemigo en cada joven alteño y el miedo del taxista que apaga su letrero antes de cruzar la frontera del distrito.
Contra ese prejuicio sistemático, las voces de doña Celestina, de Patricia, de A.L.R., el Padre Guechi, David Inca y Policarpio Acarapi se unen en un coro que no pide privilegios, sino justicia y verdad. Porque detrás de los bloqueos y los discursos, lo único que late con fuerza en el Distrito 8 es un pueblo que, por encima de todo, madruga todos los días con la única esperanza de trabajar en paz para llevar un pan a la mesa de sus familias.
«Bolivianos por el dialogo y la paz social»
