Rosa del Carmen, una de tantas mujeres que día a día tenía millones de razones para vivir, le cantaba a la vida y al amor. Sin embargo, su voz fue apagada por un sujeto de la forma más cruel: la estranguló y le prendió fuego. A los pocos días, su cuerpo fue encontrado carbonizado en medio del monte en La Angostura. La prensa y los fiscales le pusieron de inmediato un rótulo: «el caso de la mujer carbonizada».
Rosa del Carmen ha entrado en las frías estadísticas de los feminicidios en Bolivia. En el primer semestre de 2026, se han registrado 43 mujeres asesinadas de las formas más brutales, cuyos verdugos casi siempre son la pareja, el exesposo, un amigo o un pariente. Ella nunca fue noticia mientras vivía la lucha diaria por la sobrevivencia en medio de tantos problemas; una mujer que no le hacía daño a nadie. Pero cuando la incendiaron, le dedicaron minutos en la televisión, espacios en las redes sociales y titulares en la prensa.
La vida casi nunca es de interés periodístico; la muerte sí, y mejor aún si viene acompañada de sangre, espectacularidad y bastante morbo. Así ha sucedido con el resto de las mujeres asesinadas en este país que se jacta de tener leyes a su favor e instituciones que dicen defender sus derechos, dentro de un sistema judicial que se vanagloria de sus jueces mientras le sigue pidiendo dinero al gobierno.
Con bloqueos incluidos llegamos a la mitad de este 2026. ¡Qué mitad de año más peligrosa y terrorífica! Si traducimos los números fríos, significa que entre enero y junio, cada mes, entre 7 y 8 mujeres han sido apuñaladas, estranguladas, incendiadas, golpeadas y asesinadas.
Estos 43 feminicidios en el Estado Plurinacional nos obligan a responder una pregunta: ¿Quién o qué está fallando? Ojalá no ocurra como con los bloqueadores, quienes, una vez fracasados sus intentos de atentar contra la democracia, terminaron acusándose de traidores entre ellos y lavándose las manos por lo sucedido en más de 50 días de cercos violentos e ilegales.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización nos envió los siguientes datos: de los 43 casos de feminicidio reportados durante la presente gestión, se ha identificado la emisión de sentencias condenatorias en apenas 4 casos. Asimismo, se reportó la aplicación de detención preventiva en 2 casos, la aprehensión de los presuntos autores en 6 casos y la entrega voluntaria en un solo caso.
“Las decisiones sobre medidas cautelares, responsabilidad penal y eventual imposición de sanciones privativas de libertad corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales competentes, de acuerdo con las circunstancias y particularidades de cada proceso”, precisa la titular de ese despacho, Jessica Chavarría.
El grado de impunidad e injusticia que impera es alarmante. Según estos datos oficiales, la gran mayoría de los feminicidas están libres o no tienen sentencia, y solo unos pocos se encuentran en las cárceles bolivianas, lo que denota una profunda debilidad en la lucha real, sincera y eficaz contra la violencia hacia las mujeres.
Así lo refleja el dolor cotidiano. Aracely Barral, hija de la mujer carbonizada en La Angostura, expresó su indignación por la situación que atraviesa su familia y aseguró que la justicia está favoreciendo al acusado. Entre lágrimas, pidió que el caso avance y se emita una sentencia contra el presunto responsable del crimen: “Simplemente estoy pidiendo justicia. Quiero que se haga justicia, por favor, que ya de una vez le sentencien a ese hombre”, manifestó.
Su clamor lo refrenda, desde Sucre, Juana Maturano, activista por los derechos de las mujeres: “Ahora la Fiscalía exige más requisitos, más pruebas a los denunciantes y rechaza los casos bajo el pretexto de que presenten más elementos probatorios. No hay confianza ni en el Ministerio Público ni en el sistema judicial».
Algo o alguien está fallando en este país ante estos altos índices de feminicidios. Ya la ONU alertó que Bolivia registra una de las tasas más alarmantes de mujeres asesinadas en relación con el resto de los países de «Ñamérica», como diría el periodista Martín Caparrós.
¿A qué se debe que a mitad de año ya registremos estos datos? Le trasladamos la pregunta a la viceministra Chavarría, quien responde: “La ocurrencia de 43 feminicidios en esta gestión no puede atribuirse a una sola causa ni interpretarse únicamente como una falla de la respuesta penal. Más bien refleja factores estructurales de desigualdad y violencia de género, así como desafíos en materia de prevención, protección temprana, acceso a servicios especializados y respuesta institucional”.
Por su parte, Juana Maturano señala de forma tajante que todo el sistema está fallando: “Falla el Estado, la sociedad, la familia y las personas. La lucha contra la violencia hacia la mujer que logramos plasmar en la Ley 348 no ha tenido resultados a estas alturas. Los mecanismos para afrontar la problemática no han mejorado. No solo se trata de incrementar o endurecer las penas, sino que lo fundamental es la prevención y la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad. No hay presupuesto, las instituciones públicas carecen de fortaleza y no existen políticas claras. Las autoridades de turno aparentan discursos de estar luchando contra la violencia, pero continúan con las viejas prácticas».
Ojo: si todas las instituciones del Estado, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto asumieran plenamente sus roles, y si todas las leyes se cumplieran en sus mandatos, no estaríamos llorando cada vez más muertes de mujeres, niñas y adolescentes. Todos somos responsables, porque el asesinato de una sola mujer es un golpe para el Estado. No son casos aislados; es un problema estructural y profundo que remueve las entrañas de la sociedad civil.
Maturano agrega algo fundamental: «La violencia de género debemos asumirla como un problema de salud pública y, con base en ello, replantear todo el conjunto de políticas hacia el respeto a la vida libre de violencia, la protección de la integridad de las mujeres y el fortalecimiento de los niveles de prevención y educación».
Lamentablemente, al igual que en los grandes casos de corrupción o de narcotráfico, en los feminicidios en Bolivia también se campean, a sus anchas, la impunidad y la injusticia.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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