¿Qué ocurre cuando el acceso efectivo a los derechos fundamentales deja de depender de las instituciones y comienza a depender de la capacidad de distintos actores para reclamarlos, defenderlos o incluso imponerlos?
La pregunta no es abstracta. Hoy atraviesa la realidad boliviana como consecuencia de los bloqueos de carreteras, pérdidas económicas multimillonarias y crecientes dificultades de abastecimiento. Estos hechos no solo han expuesto vulnerabilidades productivas y logísticas; también han revelado una inquietud más profunda: la percepción de que derechos como la libre circulación, el trabajo, la seguridad o el acceso a la salud dependen cada vez menos de instituciones capaces de garantizarlos de manera efectiva y cada vez más de la capacidad de quienes los reclaman para organizarse, resistir o hacerse escuchar.
Cuando eso ocurre, la discusión deja de ser únicamente económica o social y adquiere una dimensión democrática. Es allí donde comienza a encenderse una señal de alerta.
Luego de más de 50 días de conflicto, en el recuento, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registró 103 puntos de bloqueo en todo el país. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares, con afectaciones a más de 13.000 unidades productivas y cerca de 150.000 personas trabajadoras. A ello se suman reportes de la Defensoría del Pueblo sobre muertes asociadas a dificultades en el acceso oportuno a servicios de salud en zonas afectadas por los bloqueos.
Las cifras describen una emergencia económica y social, pero también dejan entrever un fenómeno menos visible: el debilitamiento progresivo de la capacidad institucional para garantizar derechos en contextos de alta conflictividad.
En Chuquisaca, Fancesa reportó pérdidas superiores a los 70 millones de bolivianos, redujo operaciones, dispuso vacaciones colectivas e inició acciones legales contra dirigentes a quienes atribuye los daños derivados de los bloqueos. Más allá del impacto económico, el hecho expresa una percepción más estructural: la idea de que los canales institucionales de protección no están respondiendo con suficiente eficacia.
En Santa Cruz, repartidores que trabajan en plataformas digitales se organizaron para enfrentar una ola de robos y asaltos. La coordinación surgió desde sus propias redes y derivó en acciones de vigilancia e incluso enfrentamientos con la Policía. Los contextos son distintos, pero la lógica se repite: cuando la protección institucional pierde credibilidad o capacidad de respuesta, distintos sectores comienzan a construir mecanismos propios para resguardar aquello que perciben en riesgo.
El problema no es la organización ciudadana; toda democracia requiere participación activa. El riesgo surge cuando esa organización deja de complementar al Estado y empieza, en la práctica, a sustituir algunas de sus funciones.
La relevancia de estos episodios trasciende Bolivia. En América Latina, la confianza institucional atraviesa uno de sus niveles más frágiles. Según el informe La Democracia Resiliente de Latinobarómetro 2024, el 52% de la población considera la democracia el mejor sistema de gobierno, pero cerca de la mitad expresa poca o ninguna confianza en partidos políticos, congresos y gobiernos.
La democracia conserva legitimidad como ideal, pero las instituciones llamadas a garantizarla enfrentan un deterioro persistente de credibilidad. En ese vacío, los conflictos dejan de resolverse en el plano colectivo y migran hacia respuestas individuales o sectoriales.
La experiencia regional muestra que la erosión institucional rara vez comienza con rupturas visibles. Avanza de forma gradual cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que las instituciones ya no responden con eficacia a sus derechos y necesidades.
Desde grupos de autodefensa en México hasta sistemas de vigilancia comunitaria en diversas ciudades latinoamericanas, la tendencia es similar: los vacíos de autoridad tienden a ser ocupados por formas alternativas de organización social.
Entonces surge una pregunta más incómoda que cualquier balance económico: ¿qué ocurre con una democracia cuando el ejercicio de los derechos deja de depender de las instituciones y pasa a depender de la capacidad de cada sector para defenderlos por su cuenta?
En ese escenario, los derechos dejan de percibirse como garantías universales y comienzan a volverse desigualmente accesibles. Su cumplimiento deja de descansar en reglas comunes y pasa a depender de la capacidad de presión, organización o resistencia de cada actor social. Cuando eso ocurre, la igualdad ante la ley deja de ser una experiencia compartida y comienza a fragmentarse: ya no todos los derechos se ejercen en las mismas condiciones, porque no todos los actores cuentan con el mismo poder para hacerlos valer.
¿Se trata de respuestas excepcionales frente a una crisis coyuntural o de señales de un desgaste institucional más profundo?
En un contexto marcado por medidas excepcionales de seguridad y control, el desafío no se limita a restablecer el orden o garantizar la circulación. Implica también sostener la vigencia de los derechos, evitar la normalización de lo extraordinario y preservar las instituciones como espacio central de resolución de conflictos.
Luz Amparo Gómez Trujillo es comunicadora social boliviana, apasionada por la democracia, los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa.
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