Una de las características de Bolivia es la presencia constante de marchas y bloqueos; es el medio por el cual la población opta por reclamar, con total indiferencia a la posición política, ideológica, religiosa o de género. Pero ¿qué pasa con aquella parte de la población que no puede expresarse mediante este método? Simplemente queda ignorada. Dentro de este grupo se encuentran los pacientes con diagnóstico terminal o los niños y jóvenes con cáncer. No se puede esperar ver a padres de familia de niños con cáncer bloqueando calles para pedir atención del gobierno, debido a que, para ellos, cada minuto es vital para conseguir recursos económicos, complementar la atención médica o acompañar a sus hijos. Hemos llegado al absurdo de que, si un sector de la sociedad no bloquea ni marcha, no existe para el radar público ni político.
Un día, mientras conversaba con Edith, una antigua amiga de la universidad, me hablaba del caso de un amigo suyo, funcionario público del Banco Central de Bolivia. A este joven profesional le habían diagnosticado un tipo de cáncer y destinaba gran parte de su salario a medicamentos y sesiones de quimioterapia. Ella observaba que en muchas ocasiones él se encontraba ya cansado y desmoralizado. Algo que inmediatamente respondí fue: «Imagínate a tu amigo sin esa fuente de ingresos estable y mensual». Existen miles de pacientes en las sombras y familias que viven historias de sacrificio extremo, tanto en lo emocional como en lo económico, para poder tener un día más a su lado a ese ser amado. Ese fue uno de los motivos por el cual decidí formar parte de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI), una organización sin fines de lucro que tiene como principal fuente de ingresos la recaudación de tapitas plásticas, las cuales son compradas por EMPACAR S.A. con el fin de reciclarlas. Esta actividad genera recursos destinados a cubrir los requerimientos de las familias beneficiarias, tanto en insumos médicos como en otras necesidades urgentes.
Miriam Ramírez, la paciente con cáncer fallecida a consecuencia de los bloqueos en las carreteras, no fue solamente una beneficiaria de AVCCI; fue una niña que conocí y por la cual realicé, en distintas ocasiones, donaciones de plaquetas con el fin de lograr su estabilización postquimioterapia. Cuando llegó la noticia de su fallecimiento a través de AVCCI, lo primero que sentí fue incredulidad, debido a que la niña estaba respondiendo favorablemente a las sesiones de quimioterapia en el Hospital del Niño. La última vez que la vi se veía llena de vida y alegre; su padre me comentaba que se había ganado el corazón de los médicos y enfermeras que la atendían. Algo que siempre notaba luego de cada donación era la felicidad en los ojos de ese padre.
La tragedia sucedió y los medios difundieron la noticia. El objetivo de la difusión era generar empatía en el sector bloqueador y acelerar el diálogo entre el gobierno y los sectores en conflicto. Lamentablemente, de inmediato surgieron en redes sociales y grupos de opinión comentarios que buscaban desprestigiar el trabajo de AVCCI con calumnias. Con el paso de las horas, las críticas y los descalificativos provinieron de exautoridades del Movimiento al Socialismo, señalando a la organización como un grupo que lucra con el dolor de la gente o beneficiarse del caso de Miriam.
Era previsible que se presentaran estos ataques. Ante esto, las preguntas que surgen son: ¿A quiénes les convenía que el deceso de Miriam pasara inadvertido o fuera invisible para la opinión pública? ¿Quiénes ganan al ocultar las externalidades negativas de los bloqueos? ¿A quiénes no les conviene que se genere un cargo de conciencia en la sociedad que obligue a optar por el diálogo?
Una verdad dolorosa es que, si no se informaba en los medios de comunicación sobre este trágico evento, la noticia no hubiera salido de Tambo Quemado, Oruro. ¿Cuántos casos similares desconoce la sociedad civil?, ¿cuántas vidas anónimas se apagan silenciosamente en las comunidades o en las carreteras, silenciadas por la presión de los dirigentes para no dañar la imagen de sus movilizaciones? Son cuestionamientos válidos debido al alto grado de confrontación que se está dando en Bolivia. Los derechos humanos no pueden anularse con las demandas sociales.
La radicalidad ideológica ensucia cualquier reivindicación. La radicalidad solo ve enemigos y empeora los conflictos. El objetivo de informar sobre las vidas cegadas a consecuencia de la ausencia de atención médica por los bloqueos no es generar más odio o rechazo hacia un sector u otro. Es crear un vínculo emocional entre los actores en conflicto y las víctimas para que se faciliten los corredores humanitarios y se eviten más decesos. Si bien somos seres políticos, esa no es condición para despojarnos de la humanidad y de la empatía social.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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