¿Por qué los bolivianos nos hemos acostumbrado a que los problemas y las diferencias vayan al extremo? ¿A que se pretendan resolver con la confrontación y con una narrativa de discriminación ancestral que solo genera odios entre las clases sociales? ¿Por qué tiene que haber muertos y heridos para no caer en el abismo o en la guerra civil, y solo entonces generar acuerdos o pactos por la democracia o por la República?
En su primera edición de 1979, el historiador británico Charles Arnade, en su libro La dramática insurgencia de Bolivia, ya nos alertó sobre esto. Los hechos históricos se han venido sucediendo en esa misma dialéctica, tal como concluye la obra de más de 300 páginas: “El sábado 6 de agosto de 1825, Bolivia comenzó su vida como nación independiente; estaba en el umbral de una terrible y espantosa historia” (Editorial La Juventud, La Paz).
Lloramos los muertos y las violencias del retorno a la democracia, de Febrero y Octubre Negro, de la Asamblea Constituyente, del referéndum revocatorio, de los paros cívicos de la «media luna» contra el primer gobierno de Evo Morales, del fraude electoral, de los bloqueos ilegales y violentos contra Luis Arce y, ahora, bajo la tónica de bloqueadores golpistas contra un gobierno democrático, fruto del voto popular.
Desde el retorno a la democracia, Bolivia registra más de trescientas personas muertas en situaciones de conflictos sociales y políticos; ya sea por el poder de turno, por los bloqueos o por pugnas entre sectores sociales.
Para un país en desarrollo con altos índices de pobreza y con una crisis económica fuerte, tener que soportar más de 35 días de bloqueos de carreteras, caminos y puentes no solo constituye un golpe a la población, sino un acto de maldad. Es el deseo de querer destruirlo todo obedeciendo a los caprichos de grupos y a la desmedida ambición de poder del expresidente Evo Morales, quien desde el Chapare ha digitado este proceso de bloqueos —anunciado incluso desde antes del primero de mayo— sin que el gobierno hubiera activado una estrategia oportuna en el manejo de conflictos.
En agosto de 1985, cuando Víctor Paz Estenssoro aprobó el DS 21060 de corte neoliberal, con medidas fuertes para estabilizar el país, miles de mineros decidieron marchar para oponerse a la relocalización y a los despidos masivos. Llegaron hasta Calamarca y pernoctaron ahí, pero antes el gobierno declaró estado de sitio y envió un enorme contingente de equipos militares y tropas para contener el avance. Allí se quedó la “Marcha por la vida”, así denominada por ellos mismos, y luego se dispersaron a sus lugares de origen. El DS 21060 terminó imponiéndose.
En la actual coyuntura, los bloqueos de más de un mes sirvieron de inspiración para analistas e intelectuales de todos los colores políticos; cada quien interpretó y escribió lo que quiso. Las narrativas alzaron vuelo: unos para argumentar que la protesta es milenaria, que tiene su origen en la exclusión y en la discriminación ancestral de los pueblos indígenas, y que este gobierno es de oligarcas, terratenientes e imperialistas y por ello debería renunciar para que los indígenas sigan en el poder.
Sin embargo, esta narrativa no vio nada de los dramas y las lágrimas que provocaron los bloqueadores, quienes permitieron la muerte de personas enfermas, destruyeron carreteras, saquearon plantaciones de verduras y violaron los derechos humanos de millones de bolivianos. Claro, eso no es parte de la «protesta ancestral».
La otra narrativa vio algo muy diferente como causa de los bloqueos: que el narcotráfico está detrás de ellos, orquestado por un Evo Morales que no quiere ser llevado ante la justicia y que por ello logró movilizar a miles de sus seguidores en lo que es, sin duda, un bloqueo golpista.
Ambas narrativas alentaron las diferencias sociales y la disputa ideológica, ahondando en la polarización y la confrontación entre los bolivianos, quienes han hecho uso de sus redes sociales para expresarse bajo la dinámica de los discursos de odio en ambos lados. Acá nadie se salva de haber calentado el ambiente de los conflictos.
¿De aquí en adelante, qué debemos hacer los bolivianos para no seguir en este círculo vicioso y violento?
Pues es tarea de todos sincerarnos y hablarnos de frente bajo argumentos universales: los más de 11 millones de bolivianos tenemos los mismos derechos y obligaciones; el gobierno debe gobernar para todos sin privilegiados; y nuestros problemas debemos resolverlos no a plan de dinamitazos, «carajazos» o de muertos que luego son utilizados en el discurso de la victimización.
«Corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil, para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos. Esto significa, en concreto, que el poder público tiene la delicada tarea de «armonizar con justicia» los diversos intereses en juego, buscando el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto, sin dejar atrás a los más débiles. Cuando la política renuncia a una visión a largo plazo y se reduce a cálculos de corto plazo o a polarizaciones estériles, los discursos sobre el bien común perderán credibilidad y, al mismo tiempo, crecerán las desigualdades y las fracturas sociales». (De la exhortación apostólica Magnificentia Humanitatis, que, sin querer queriendo, habla de la coyuntura de Bolivia).
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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