Desde hace más de 35 días, las ciudades bolivianas están siendo paulatinamente cercadas. Atravesamos momentos de alta tensión marcados por conflictos sociales que se expresan en bloqueos, cercos y restricciones a la libre circulación de personas y bienes. Estas medidas, que se presentan como mecanismos de presión política o social, tienen un impacto profundo que trasciende lo coyuntural: afectan de manera directa la vida cotidiana urbana y, sobre todo, a personas y familias que viven al límite de la subsistencia.
En estos días se han publicado cifras que describen la magnitud del impacto. “En mayo de 2026, un mes de bloqueos generó pérdidas cercanas a 2.000 millones de dólares, equivalentes hasta un 4% del PIB nacional. Entre 2022 y 2026, los conflictos acumulados dejaron pérdidas superiores a 6.000 millones de dólares, afectando el empleo, el comercio y la estabilidad económica”.
Sin embargo, detrás de estas cifras existe una realidad más profunda y dolorosa: personas y familias que no pueden acceder a lo mínimo para alimentarse, que no logran pagar alquileres, que han tenido que cerrar pequeños emprendimientos, que han sido desempleadas; escasez de combustible, medicamentos y oxígeno; y, en algunos casos, la imposibilidad de llegar a hospitales para salvar la vida.
Cuando las ciudades se cercan, el derecho a la ciudad entendido como “el acceso equitativo a bienes, servicios, movilidad y oportunidades” deja de ser una garantía para convertirse en un privilegio. Se restringe el derecho a circular, a trabajar, a acceder a la salud y, en última instancia, a vivir con dignidad.
¿De qué estamos hablando entonces? De sociedades urbanas donde las desigualdades estructurales se profundizan y donde las demandas e intereses de las dirigencias se deshumanizan. En los discursos y movilizaciones se invoca al “pueblo boliviano”, pero es necesario decirlo con claridad: dentro de ese “pueblo boliviano” no todas las personas enfrentan las restricciones de la misma manera.
Mientras algunos sectores mantienen su capacidad de protección o adaptación, otras poblaciones y en muchos casos mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de calle, desempleados/as, personas adultas mayores y quienes viven del día a día todas ellas en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema, absorben de forma desproporcionada los costos invisibles del conflicto. Para ellas, el cerco no es una consigna política: es una amenaza concreta a su subsistencia y a su dignidad.
Además, el impacto no es solo material. El encierro forzado, la incertidumbre permanente y el clima de confrontación deterioran la salud mental colectiva y erosionan los lazos comunitarios. Las ciudades dejan de ser espacios de convivencia y se convierten en escenarios de tensión constante. El espacio urbano, que debería ser un lugar de encuentro, acceso y ejercicio de derechos, se transforma en un territorio fragmentado.
Desde una mirada de derechos humanos, resulta imprescindible preguntarse quiénes cargan con los costos de estos conflictos. La protesta social es un derecho legítimo, pero su ejercicio no puede invisibilizar otros derechos igualmente fundamentales: el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al trabajo y a una vida urbana segura y habitable.
Desde esta perspectiva, el llamado a las dirigencias sociales, políticas y sectoriales debe ser claro: no se puede sostener la legitimidad de una demanda si su costo lo pagan quienes menos tienen. No se puede hablar en nombre del “pueblo boliviano” mientras se empuja a miles de sectores pobres —o, mejor dicho, empobrecidos— a la inseguridad alimentaria, se les niega el trabajo digno y un ingreso suficiente para sobrevivir.
Los conflictos que cercan ciudades evidencian también una deuda estructural: la falta de mecanismos efectivos de diálogo, la debilidad de la gestión urbana y la escasa incorporación de las voces ciudadanas en la toma de decisiones. Sin ciudades democráticas, inclusivas y resilientes, los conflictos tienden a repetirse, afectando siempre a los mismos sectores.
Repensar la ciudad en contextos de conflicto implica poner a las personas en el centro. Implica reconocer que las ciudades no son solo escenarios de disputa, sino espacios de vida donde los derechos no pueden quedar suspendidos. En tiempos de crisis, garantizar derechos, el acceso y la protección de la población urbana no es una opción: es una obligación.
Iris Judith Baptista Gutiérrez es abogada y defensora de derechos.
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