Fauna silvestre. Foto: Alas Chiquitanas
Activistas defensoras de la fauna silvestre presentaron una demanda de medidas cautelares e intervención judicial ante el Juzgado Agroambiental contra las anteriores administraciones del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, tras una serie de denuncias por presuntas negligencias en la atención de animales bajo custodia estatal.
«Interponen demanda de solicitud de medidas cautelares urgentes e intervención de Centro de Custodia de Fauna Silvestre de la Gobernación cruceña», señala el encabezado de la demanda.
La acción judicial surge luego del fallecimiento de un oso perezoso el pasado 25 de mayo de este año (que presuntamente fue intervenido quirúrgicamente por una fractura) y de las reiteradas denuncias sobre la situación de un águila harpía que, según activistas de la organización Alas Chiquitanas, careció durante meses de condiciones adecuadas, recursos para su alimentación y un programa de reinserción. Los denunciantes sostienen que ambos casos forman parte de un problema estructural que afecta al principal centro de custodia de fauna silvestre del departamento.
Los activistas solicitaron que se dispongan medidas urgentes para proteger la vida, el bienestar y la integridad de los animales que permanecen bajo responsabilidad del Estado, además de garantizar procesos de fiscalización, transparencia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Como respaldo de la demanda, los denunciantes presentaron 120 páginas de cartas, informes y documentación remitida durante más de un año a distintas instituciones departamentales y nacionales, entre ellas la Gobernación de Santa Cruz, la Dirección de Recursos Naturales (Direna), la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la Asamblea Legislativa Departamental, el Viceministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP).
Una carta enviada por activistas al Centro de Atención y Derivación (CAD) de Fauna Silvestre, en la que se ofrecían a gestionar apoyo, recursos y atención para el oso perezoso. Según los denunciantes, ninguna de las solicitudes fue respondida y el animal murió posteriormente en el centro.
La Defensoría del Pueblo también realizó seguimiento a varios de estos casos mediante requerimientos de información a las autoridades competentes, informaron los activistas. Asimismo, agregaron que, pese a las denuncias y solicitudes de información enviadas desde 2025, los responsables del Centro de Custodia no adoptaron soluciones de fondo para corregir las deficiencias observadas en el centro de custodia.
Los denunciantes también pusieron en conocimiento del Juzgado Agroambiental un Informe Final emitido por la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Gobernación de Santa Cruz en enero de 2026, documento que -aseguran- identificó indicios suficientes y razonables de responsabilidades administrativas y posibles responsabilidades penales relacionadas con la gestión 2024–2025 de Direna y otras instancias. Para los activistas, este informe marca un precedente clave en la defensa de la fauna silvestre bajo custodia estatal, ya que confirma un patrón institucional y la necesidad de pasar de las denuncias ciudadanas a acciones concretas de investigación, fiscalización, sanción y reparación institucional.
En referencia al caso público que se dio a conocer en días pasados sobre el águila harpía, activistas de Alas Chiquitanas remitieron al Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad, el 2 de julio de 2025, una carta específica solicitando acciones, ya que la Gobernación de Santa Cruz, en su anterior gestión, no habría dispuesto los recursos logísticos ni financieros mínimos necesarios para garantizar el bienestar de esta especie emblema, su alimentación ni su programa de reinserción.
Los activistas señalaron que la situación no puede analizarse como hechos aislados. Recordaron otros casos que generaron cuestionamientos públicos, como los de los osos tamandúa Pulgarcito y Chirú, la osa lavadora Luz, la fuga de un ocelote, denuncias sobre animales presuntamente desaparecidos o sin adecuada trazabilidad y fallas en la línea de emergencias para fauna silvestre.
La demanda solicita la intervención y fiscalización inmediata del CAD, la verificación del estado de salud de los animales bajo custodia, la revisión de protocolos de atención, así como una evaluación del personal técnico encargado del manejo de fauna silvestre y del cumplimiento de los Términos de Referencia requeridos para el manejo de fauna silvestre. También pide que la Contraloría General del Estado realice una auditoría de desempeño sobre la gestión del centro.
Asimismo, los demandantes plantean la implementación de medidas estructurales de transparencia, entre ellas la instalación de cámaras de seguridad en áreas estratégicas, sistemas digitales para el registro y seguimiento de los animales ingresados y mecanismos públicos de rendición de cuentas sobre el uso de recursos, donaciones y presupuesto.
De igual manera, exigen que la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas ejerza una fiscalización más rigurosa sobre los centros de custodia de fauna silvestre y que la Gobernación de Santa Cruz garantice personal especializado, financiamiento suficiente y atención continua para los animales rescatados.
Los activistas aclararon que la acción judicial no está dirigida contra la nueva administración de Direna. Por el contrario, expresaron su respaldo a la reciente designación de Indiana Ascarrunz como directora de la institución, a quien reconocen por su trayectoria en defensa de la fauna silvestre. Sin embargo, consideran indispensable que las autoridades nacionales y departamentales asuman acciones concretas para corregir las deficiencias detectadas.
“Más de un año de cartas, denuncias y pedidos de información no han logrado respuestas claras ni soluciones estructurales. Por eso acudimos a las instancias correspondientes. La vida de los animales no puede seguir esperando burocracia. Queremos transparencia, investigación, auditoría y garantías de no repetición”, señala una nota de los activistas.
Finalmente, hicieron un llamado al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; a la vicegobernadora Paola Aguirre; a la Defensoría del Pueblo; al Viceministerio de Medio Ambiente; a la DGBAP y al Ministerio Público para que intervengan de manera coordinada e inmediata ante las denuncias presentadas.
