A pesar de ser un elemento central y vital para la democracia y para todo Estado que se precie de ser democrático, en estos últimos meses han sido pisoteados tanto por el gobernante como por los gobernados.
¿A qué nos referimos? A los derechos humanos que, en términos de mandato internacional para todos los países del mundo, fueron instituidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NNUU) desde 1948, como voluntad suprema de los gobiernos para visibilizar y garantizar su ejercicio y cumplimiento a favor de los ciudadanos.
Los derechos humanos han sufrido un fuerte golpe en estos tiempos, y precisamente en un país que se profesa pacífico y que impulsa una cultura de paz; un país que, además, hace suyos un montón de tratados internacionales en la materia y que cuenta con una Constitución Política del Estado con más de cien artículos dedicados exclusivamente al capítulo de los derechos de las personas.
Esos golpes vinieron, por un lado, de parte de un grupo de bloqueadores que obstruyeron el acceso a los derechos humanos poniendo en riesgo la vida, la alimentación, el trabajo y la salud de millones de bolivianos; y, por el otro, del propio gobierno y sus instituciones, que miraron con miedo la evolución de los bloqueos sin activar los instrumentos legales y constitucionales para garantizar el libre tránsito de personas y productos, así como el ejercicio de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la alimentación y a la paz social.
Ambos han sido corresponsables de una situación extrema: los unos por bloquear y vulnerar derechos, y el otro por no garantizar la práctica de estos en tiempos de conflicto. Tampoco cumplieron con su labor otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y la Policía, que apelaron al diálogo y no tuvieron la suficiente valentía de repudiar o cuestionar, por lo menos, a los bloqueadores como directos violadores de los derechos humanos.
Por si alguien se anima a teorizar que los derechos humanos deberían quedar suspendidos en tiempos de conflictos sociales y bloqueos —bajo el argumento de garantizar el derecho a la protesta y precautelar vidas humanas—, les recordamos que no es así, porque los derechos tienen dimensiones inquebrantables: No están en statu quo. No pueden ser bloqueados o cercados. No son privilegios de nadie ni mecanismos de presión. No son un regalo del poder político. No excluyen a nadie, sino incluye a todos. No se necesita permiso para ejercerlos y exigir su cumplimiento. No son de propiedad de nadie.
En la encíclica papal Magnifica Humanitas, Leon XIV destaca el altísimo valor de los derechos humanos. “La Iglesia reconoce con gratitud que ‘el movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana’. Y, como afirmó san Juan Pablo II, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, continúa siendo en nuestros días una de las más altas expresiones de la conciencia humana. Esta es ‘una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad’. Por eso, en la perspectiva cristiana, los derechos humanos no son un añadido externo a la persona, sino una traducción histórica de su dignidad intrínseca, que la comunidad internacional está llamada a tutelar y promover”.
Más aún cuando el Estado Plurinacional de Bolivia puede ufanarse de contar con una robusta legislación en derechos humanos y una amplia gama de instituciones del Estado y de la sociedad que tienen la obligación de defender, promover y luchar por la vigencia plena de esta dimensión del ser humano, imprescindible y fundamental para preservar la democracia, la dignidad y el bienestar colectivo.
Pero así como ocurre en Bolivia, también pasa en el mundo, tal como lo alerta lo alerta la encíclica papal: “Al observar nuestro tiempo, no podemos ignorar que la tutela de los derechos humanos hoy está expuesta a dos riesgos particularmente graves. El primero es el de una declaración puramente formal, mientras que, junto con el progreso tecnológico, avanzan de manera disimulada o evidente violaciones de la dignidad humana. El segundo, que en realidad está en la base del primero, es el de no poder reconocer el fundamento de su universalidad, porque se ha renunciado a la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes”.
Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia con los bloqueos y la prudencia excesiva del poder: la suspensión temporal del ejercicio de los derechos humanos, situación que debería afrontarse para evitar que, a futuro, se repitan estas experiencias lamentables.
Además, todos deberíamos extraer aprendizajes de estos días de furia en el país, mirando lo que hicieron las comunidades indígenas y campesinas de Pando y Beni, quienes protagonizaron una marcha de varios días de forma pacífica, sin afectar los derechos de los otros, pero sí interpelando al poder y exigiendo una demanda que finalmente consiguieron: la abrogación de la Ley 1720, para luego marcharse a sus lugares de origen.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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