A la izquierda, una pequeña propiedad agraria; a la derecha, la Ley 1731 publicada en la Gaceta Oficial. Foto composición Sumando Voces
La abrogación de la Ley 1720 no cerró el debate sobre la conversión de tierras en Bolivia. Con la promulgación de la Ley 1731, el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional abrieron un plazo de 60 días para construir una nueva normativa agraria mediante un proceso de concertación entre distintos sectores del país.
La nueva ley, promulgada la noche del 13 de mayo por el presidente Rodrigo Paz Pereira, deja sin efecto la Ley 1720, aprobada el pasado 10 de abril, que generó cuestionamientos y protestas de organizaciones indígenas, campesinas y ambientales.
La norma establece que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados deberán coordinar la elaboración de un nuevo marco normativo que defina las condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria pueda acceder a beneficios tras su conversión, siempre de manera voluntaria.
«La Cámara de Senadores, en Coordinación con la Cámara de Diputados, queda encargada de concertar y proponer, en un plazo no mayor a los 60 días, un marco normativo que defina las condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios posterior a su conversión», sostiene la primera disposición de la Ley 1731.
El texto también dispone que la futura propuesta deberá preservar expresamente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), las comunidades y las áreas de reserva natural.
Además, la ley señala que el proceso de concertación deberá incluir la participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas, tomando como base a las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), creadas por la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
La Ley 1720 había provocado un fuerte debate nacional debido a las alertas sobre posibles efectos en la estructura de propiedad de la tierra y los riesgos para territorios indígenas y áreas protegidas. Diversos sectores exigieron su anulación y reclamaron consulta previa y mayor socialización antes de impulsar cambios relacionados con el régimen agrario.
La nueva disposición fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado y representa el inicio de una nueva etapa de negociación política y técnica sobre el futuro de la normativa agraria en Bolivia.
Por su parte, los indígenas y campesinos que marcharon hasta La Paz, horas antes de que el Legislativo abrogue la Ley 1720 y antes de que el presidente Rodrigo Paz promulgue la Ley 1731, emitieron un manifiesto en el que advierten que cualquier intento de elaborar otra norma con el mismo espíritu será inconstitucional y que, en todo caso, debería ser sometida a consulta previa.
¿Qué cuestionan indígenas y campesinos?
La primera observación tiene que ver con que la Constitución Política del Estado establee que la pequeña propiedad es inembargable, por tanto, volver a una conversión agraria con fines crediticios contraviene la Ley de leyes, algo que argumentaron desde el inicio de su movilización hasta la sede de gobierno.
«Observamos con preocupación las dos disposiciones finales de la Ley de abrogación. Advertimos al país que, luego de nuestra sacrificada movilización, el contenido de la Ley que acaban de abrogar será nuevamente tratado incorporando disposiciones que son contrarias a la Constitución Política del Estado y la normativa agraria vigente», se lee en un manifiesto firmado dirigentes de al menos 15 organizaciones del norte amazónico.
En cuanto a la segunda disposición transitoria, los movilizados sostienen que cualquier intento de concertación «no sustituye la consulta previa, por lo tanto es inconstitucional. Debemos recordar también que el tema tierra y territorio es una competencia privativa del nivel central del Estado, por lo que la norma debe abrogarse sin añadir ninguna disposición adicional; caso contrario, volveremos a otro escenario de ilegalidad e inconstitucionalidad».
En otros puntos, el manifiesto también se refiere al encuentro desarrollado el sábado en Cochabamba a invitación del presidente Rodrigo Paz, donde «se decidió el nuevo rumbo del país en completa indiferencia hacia los sectores movilizados».
En cuanto al nuevo paquete de normas (leyes y decretos) que viene trabajando el Ejecutivo, alertan que «ninguna puede elaborarse a espaldas del pueblo boliviano», por tanto, piden que sean trabajadas en mesas técnicas y procesos de consulta cuando corresponda.
Aquí puede leer la Ley 1731:
.
También le puede interesar:
