Horas antes de que el Legislativo abrogue la Ley 1720, indígenas y campesinos que marcharon hasta La Paz emitieron un manifiesto en el que advierten que cualquier intento de elaborar otra norma con el mismo espíritu será inconstitucional y que, en todo caso, debería ser sometida a consulta previa.
Finalmente, luego de intensos debates, la norma fue anulada en el Legislativo este miércoles por la tarde, pero con dos disposiciones transitorias que preocupan a los movilizados.
¿Qué dice la ley abrogatoria?
En sus disposiciones transitorias, la ley que abroga la 1720 establece en un plazo de 60 días para “concertar y proponer un nuevo marco normativo que defina las condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad pueda acceder, de manera voluntaria, a un eventual proceso técnico, administrativo y legal de conversión”.
El texto también señala que este proceso deberá preservar expresamente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), territorios indígena originario campesinos, comunidades y áreas de reserva natural. Asimismo, se establece que la concertación de una nueva norma deberá contar con participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas, tomando como base las comisiones agrarias departamentales creadas por la Ley INRA.
¿Qué cuestionan indígenas y campesinos?
La primera observación tiene que ver con que la Constitución Política del Estado establee que la pequeña propiedad es inembargable, por tanto, volver a una conversión agraria con fines crediticios contraviene la Ley de leyes, algo que argumentaron desde el inicio de su movilización hasta la sede de gobierno.
«Observamos con preocupación las dos disposiciones finales de la Ley de abrogación. Advertimos al país que, luego de nuestra sacrificada movilización, el contenido de la Ley que acaban de abrogar será nuevamente tratado incorporando disposiciones que son contrarias a la Constitución Política del Estado y la normativa agraria vigente», se lee en un manifiesto firmado dirigentes de al menos 15 organizaciones del norte amazónico.
En cuanto a la segunda disposición transitoria, los movilizados sostienen que cualquier intento de concertación «no sustituye la consulta previa, por lo tanto es inconstitucional. Debemos recordar también que el tema tierra y territorio es una competencia privativa del nivel central del Estado, por lo que la norma debe abrogarse sin añadir ninguna disposición adicional; caso contrario, volveremos a otro escenario de ilegalidad e inconstitucionalidad».
En otros puntos, el manifiesto también se refiere al encuentro desarrollado el sábado en Cochabamba a invitación del presidente Rodrigo Paz, donde «se decidió el nuevo rumbo del país en completa indiferencia hacia los sectores movilizados#.
En cuanto al nuevo paquete de normas (leyes y decretos) que viene trabajando el Ejecutivo, alertan que «ninguna puede elaborarse a espaldas del pueblo boliviano», por tanto, piden que sean trabajadas en mesas técnicas y procesos de consulta cuando corresponda.
Este es el manifiesto emitido por los movilizados:
