Inspección en Tariquía. Foto: Defensoría del Pueblo
La inspección judicial realizada en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía el 19 de marzo dejó al descubierto indicios de obras vinculadas a la actividad hidrocarburífera dentro del área protegida, según denunciaron activistas ambientales, quienes advirtieron que estas intervenciones ponen en riesgo la cuenca que alimenta al río Tarija. La verificación se desarrolló en la zona de Chiquiacá, en el marco del proceso por el proyecto exploratorio Domo Oso X3.
De acuerdo con José Humacata, activista presente en la diligencia, durante el recorrido se constató la existencia de obras civiles en la cuenca Saicán, un sistema hídrico clave que desemboca en el río Tarija. Alertó que cualquier avance hacia la explotación petrolera en ese sector podría derivar en la contaminación de toda la cuenca, afectando no solo a comunidades cercanas, sino a una amplia región del sur del país.
La inspección fue encabezada por el juez agroambiental de Entre Ríos y contó con la participación de instituciones como la Procuraduría, la Contraloría, los ministerios de Hidrocarburos, Medio Ambiente y Obras Públicas, además de YPFB y Petrobras. También estuvo presente el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien señaló que la verificación permitió recoger elementos clave sobre las condiciones del área y los posibles impactos del proyecto.
La diligencia forma parte de una acción ambiental precautoria impulsada por la Defensoría del Pueblo, que solicita la aplicación de medidas cautelares para suspender temporalmente las operaciones vinculadas al pozo Domo Oso X3, ubicado en inmediaciones de la reserva. El objetivo es resguardar los derechos ambientales y colectivos de las poblaciones de la zona.
Pese a los intentos de entidades estatales de frenar el acto, el juez determinó la continuidad de la inspección al considerar que la normativa vigente no establece la paralización automática del proceso, incluso cuando existen recursos legales en curso.
Durante la verificación, comunarios también respaldaron la importancia de la presencia judicial en el lugar. La comunaria Marianela Coca, de Chiquiacá Sud, afirmó que la inspección permitió evidenciar directamente intervenciones en la zona frente a versiones que negaban su existencia, y pidió mayor transparencia en torno al proyecto.
En la misma línea, la diputada Cecilia Requena advirtió sobre la falta de información pública, los riesgos ambientales y las posibles afectaciones a la cuenca hídrica, aspectos que —dijo— deberán ser evaluados por la autoridad judicial en la audiencia correspondiente.
Por su parte, Rodrigo Altamirano sostuvo que en el sector del pozo Domo Oso X3 se identificaron indicios de actividad previa, incluyendo estructuras que calificó como un “preámbulo de la explotación hidrocarburífera”. Aseguró que estos hallazgos serán presentados ante el juez como parte de los elementos probatorios del proceso.
Altamirano también denunció presuntas irregularidades durante la inspección. Según su versión, representantes de YPFB intentaron desviar el recorrido hacia áreas donde no existían intervenciones y posteriormente abandonaron la diligencia antes de llegar a los puntos clave. “Cuando llegamos a la planchada, ya no había ningún representante”, afirmó.
Los activistas cuestionaron además la legalidad de los contratos vinculados al proyecto, señalando que el proceso está viciado desde gestiones anteriores. En ese sentido, pidieron la anulación de los acuerdos y alertaron que su eventual ejecución podría convertirse en una “desgracia” ambiental para Tariquía y las regiones que dependen de su sistema hídrico.
Advirtieron que la reserva cumple un rol fundamental en la regulación climática y en la recarga de ríos, al generar humedad, propiciar lluvias y abastecer tanto a comunidades locales como a zonas del valle central de Tarija e incluso regiones altas.
La inspección judicial constituye una etapa clave dentro del proceso, ya que los elementos recabados serán valorados en una audiencia pública próxima, donde el juez definirá el curso del caso. En ese escenario, se determinará si se mantienen, refuerzan o levantan las medidas que actualmente restringen las actividades hidrocarburíferas en la zona, en medio de una creciente controversia entre la defensa ambiental y los intereses de explotación de recursos.
YFPB
Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó —a través de una nota difundida por la Agencia Boliviana de Información (ABI)— que acompañó la inspección técnica realizada por el juez agroambiental en el marco del proyecto exploratorio Domo Oso X3. La estatal aseguró que la iniciativa se encuentra fuera de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía y que actualmente no existen actividades en ejecución. Asimismo, señaló que durante la verificación participaron habitantes de comunidades del área de influencia que expresaron su respaldo al proyecto, al considerar que podría generar beneficios para el cantón Chiquiacá y un impacto positivo a nivel nacional.
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