Elvira Parra, oriunda del municipio de Tiwanaku, en La Paz, fue dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, asambleísta del MAS en la Asamblea Constituyente y primera directora del Fondo Indígena entre 2009 y 2012.
Parra fue aprehendida en 2015, cuando estalló el escándalo del millonario desfalco en el Fondo Indígena y desde entonces su vida ha quedado atrapada en un entramado judicial interminable. Ha pasado ocho años en detención preventiva por procesos vinculados a esa institución. En 2023 obtuvo libertad condicional, pero recientemente volvió a ser encarcelada. Sobre ella pesan más de cincuenta causas judiciales, varias de las cuales continúan en fase de investigación, pese a que ha transcurrido más de una década desde que se presentaron las denuncias.
El problema no reside únicamente en determinar responsabilidades individuales. El Fondo Indígena fue una estructura institucional compleja donde participaron múltiples niveles de decisión. Sin embargo, la judicialización posterior tendió a concentrar el peso de esas responsabilidades en personas concretas.
La situación de Parra revela hasta qué punto un proceso judicial puede transformarse en un castigo prolongado. La justicia se convierte en un mecanismo de desgaste personal y aniquilamiento, pues fuimos testigos de la vía crucis y desenlace que tuvo Marco Antonio Aramayo, quien murió en prisión en 2022, después de una prolongada detención preventiva y de un deterioro físico y emocional que finalmente lo quebró. En los hechos, su condena se convirtió en una forma de pena de muerte.
En este contexto resulta inevitable observar la paradoja del momento político. En el marco del Día Internacional de la Mujer se multiplicaron los discursos institucionales en defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Sin embargo, ese 8 de marzo no llegó a las celdas de Elvira Parra.
Elvira Parra, mujer aymara, enfrenta esta situación desde una posición profundamente desigual. Sus recursos son escasos y la presión acumulada ha terminado por quebrar su salud. No dispone de las redes de poder que, en otros casos, permiten sostener largas y costosas defensas frente a decenas de procesos judiciales. Su familia ha denunciado que vive una persecución inhumana y el temor que los acompaña es que su historia termine repitiendo el desenlace fatal que tuvo Aramayo.
Bolivia arrastra desde hace décadas una crisis judicial profunda. Los procesos se dilatan hasta volverse interminables, la detención preventiva se convierte con frecuencia en castigo anticipado y las causas se acumulan en expedientes que parecen no tener fin. Se trata de una de las grandes deudas institucionales del país. El actual presidente, cabe recordarlo, anunció que al día siguiente de su posesión comenzaría la transformación de la justicia. Desde entonces, el cumplimiento de esa promesa es esperada minuto a minuto, por Elvira y tantos otros.
El caso de Elvira Parra exige una atención urgente, de las instancias que velan por los Derechos Humanos, de las organizaciones que defienden a las mujeres y también del propio Estado. Y ojalá, las figuras del MAS no miren hacia otro lado. En medio de este laberinto judicial, lo mínimo que puede pedirse es que no dejen sola a Elvira.
Quedan, además, preguntas sin respuesta. ¿Por qué a la justicia no le resulta absurdo que una sola persona enfrente más de cincuenta procesos? No hay vida que alcance para defenderse de todos. ¿Por qué otras personas que tuvieron mayor poder de decisión dentro del Fondo Indígena gozan de libertad o ni siquiera han sido investigadas? ¿Por qué se insiste en devolverla una y otra vez a la detención preventiva, sin considerar siquiera su estado de salud? ¿Sobre quién recaerá la responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos de Parra?
Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, Elvira Parra continúa cumpliendo una condena a manera de “cadena perpetua”. La duda persiste: ¿se espera que su cuerpo termine por sucumbir, como ocurrió con Aramayo, ante la hediondez de esta justicia? Libertad para Elvira!!!
Gabriela Canedo Vásquez es socióloga y antropóloga.
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