El vocero de Gobierno, José Luis Galvez, anunció que un acuerdo firmado con los campesinos abre la posibilidad de abrogar la Ley 1720 con miras a la construcción de una nueva norma que recoja las propuestas y visiones de todos los sectores vinculados al tema.
«Se firmó un acuerdo en ese espíritu y sí se habló de la posibilidad de abrogación (de la norma) en el marco de ampliar e incluir en un debate todas las visiones y atender a las diversidades del país», sostuvo consultado acerca del pacto al que se llegó con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. (CSUTCB).
Según Galvez, los espacios de diálogo y consenso que se se están abriendo podrían dar paso a la anulación de dicha norma y «a construir un nuevo proyecto con el que todos estemos más satisfechos».
Por su parte, Daniela Cabrera, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, informó que una comisión de la Cámara Baja analizará, este jueves 7 de mayo, un proyecto normativo para la abrogación de la Ley 1720.
Según un despacho de Bolivia Tv, la diputada indicó que, tras una reunión con autoridades del Órgano Ejecutivo y representantes de los sectores movilizados, se acordó que una comisión tratará el proyecto.
«Creemos que existió mucha mala información sobre esta normativa, en eses sentido, velando por la institucionalidad de la Asamblea y para darle legalidad al trabajo que se hizo, se enviará el proyecto de ley a la comisión para que la abrogación sea analizada. En caso de informe positivo, este será puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados», afirmó.
La Ley 1720 se ha convertido en el centro de una creciente polémica por observaciones sobre su inconstitucionalidad, al ser cuestionada por sectores indígenas y campesinos que consideran que vulnera derechos vinculados a la tierra y el territorio, así como principios de consulta y participación. Estas críticas derivaron en una marcha indígena–campesina que exige su anulación, denunciando que la norma fue aprobada sin consenso y con información insuficiente. Desde el frente, sectores productivos y empresariales salieron en defensa de la norma. El propio Gobierno defendió sus alcances, arguyendo que potenciará la productividad de los pequeños propietarios de tierras.
