Foto: ANF
ANF. Por Nancy Vacaflor Gonzales
Hace un año, la vida de Julio Lero Sánchez, indígena tsimane de la comunidad Torewa Campesina, dio un giro inesperado. De la libertad del bosque pasó a un encierro desconocido, frío y solitario, en la cárcel de San Pedro. La Fiscalía lo acusó de asesinato y solicitó una condena de 30 años de prisión, pese a que su defensa sostiene que no existen evidencias concluyentes en su contra.
El 18 de febrero de 2025, Lero pisó por primera vez la cárcel. Desde entonces permanece detenido. Antes de que avanzaran las investigaciones, su nombre ya circulaba en el juicio de la opinión pública, tras un pronunciamiento de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), que informó sobre el “brutal asesinato” de un “anciano sabio y guardián” del Madidi, una caracterización que posteriormente fue cuestionada.
En septiembre pasado, la Fiscalía presentó la resolución de acusación formal contra Lero Sánchez y solicitó 30 años de privación de libertad en la misma cárcel. Lo acusa del delito de asesinato, mientras la defensa insiste en que el proceso está marcado por dudas, imprecisiones y contradicciones.
La autopsia legal estableció que la víctima murió por “traumatismo craneoencefálico grave” y “shock hipovolémico”. El examen externo evidenció en la región temporal y parietal derecha heridas contusas cortantes de entre 3 y 5 centímetros aproximadamente. En el resto del cuerpo no se registraron lesiones traumáticas. Lo que contradice las versiones que murió a “machetazos” y con arma de fuego.
Según el certificado de defunción, fechado el 15 de febrero, Marupa falleció el día 11. La Fiscalía detalló la relación “precisa y circunstanciada” de los hechos en apenas 43 líneas sobre el asesinato, sin incorporar nuevos elementos respecto a la imputación presentada un año antes.
El 12 de febrero, a las 20:30, Daniel Julio Apaza Catunta denunció en la Policía de San Buenaventura la desaparición de su suegro. Al día siguiente, familiares y vecinos iniciaron su búsqueda y hallaron una embarcación de Julio Lero, en la que supuestamente encontraron las pertenencias de la víctima.
El 14 de febrero, familiares y comunarios detuvieron a Julio, a quien acusaban “de hecho” de ser el autor del crimen. Ese mismo día, el investigador, con apoyo de las Fuerzas Armadas, llegó a la comunidad Torewa Indígena, en el municipio de Apolo (La Paz), donde se realizó el levantamiento legal del cadáver.
Posteriormente, los comunarios entregaron a Julio a la Jefatura de la Policía Rural y Fronteriza de San Buenaventura. Cuando era trasladado a dependencias policiales, presuntamente —según la Fiscalía— “señaló que habría quitado la vida del Sr. Francisco Marupa por encargo de terceras personas. No obstante, no explicó por qué se encontraba en posesión de las pertenencias del occiso”, se lee en la acusación. Aunque tampoco hay evidencia de esa «autoincriminación».
Ni pericias ni pruebas ni testigos
De acuerdo a la acusación formal a la que accedió la ANF, la Fiscalía sostiene que tras concluir la etapa preparatoria “el ahora acusado es autor del delito de asesinato”, además señala que actuó con conocimiento y voluntad para sustraer las pertenencias de la víctima lo que habría provocado el ejercicio de “violencia extrema propinando golpes certeros con objeto contundente en la cabeza de la víctima, provocándole la muerte”.
Sin embargo, el abogado Gabriel Quiroga, defensor de Julio Lero, afirmó que “no se ha hecho ninguna pericia” para confirmar o descartar la acusación fiscal, dijo en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides (ANF). Sostuvo que la Fiscalía se “aplazó” en la investigación y prolongó la detención preventiva sin contar con “ninguno de esos elementos probatorios” que sustenten la acusación por el hecho criminal.
Según explicó, no se realizaron pruebas como análisis de sangre, estudios de ADN ni levantamiento de huellas dactilares en la escena del crimen. Tampoco se encontró el arma homicida y no existe evidencia de que los objetos hallados en la embarcación de Julio Lero pertenecieran a la víctima, ya que no fueron sometidos a peritaje.
Además, indicó que los investigadores no retornaron al lugar de los hechos para ampliar las pesquisas ni tomaron nuevas declaraciones testificales. “No tiene un testigo presencial”, enfatizó Quiroga, al señalar que el único imputado fue un indígena tsimane, quien fue confundido al principio con Julio Lero Tayo.
La acusación formal de la Fiscalía
ACUSACIÓN FISCAL A JULIO LERO by Nancy Vacaflor
Al menos diez indígenas tsimanes de la comunidad Torewa Campesina sostienen que Lero Sánchez, acusado del asesinato de Francisco Marupa, es inocente. Ninguno de los consultados afirmó conocer a la víctima.
Recuerdan que hace un año, el día en que murió Marupa, Lero participaba de un culto religioso. Varios testigos aseguran haberlo visto allí, aunque —según la comunidad— la Fiscalía no los convocó a declarar. Reunidos al aire libre, en medio de viviendas precarias, los comunarios murmuran que el joven no pudo haber cometido el crimen.
Paulino Cuata, pastor de la iglesia evangélica, es un adulto mayor que goza de la confianza y el respeto de la comunidad, en especial de los tsimanes que asisten a diario al culto celebrado en su propio idioma. El templo, ubicado entre modestas casas de madera, tiene piso de tierra, unas veinte sillas y un equipo de sonido. Es un espacio sencillo, pero limpio y ordenado.
Ese fatídico día que fue asesinado Francisco Marupa, la familia de Julio Lero —incluido él— asistió al culto alrededor de las 20:00. Al concluir la ceremonia, cerca de las 21:00, los comunarios regresaron a sus viviendas. Julio hizo lo mismo junto a sus padres y hermanos, aunque antes pasó por una tienda, donde compró refresco y pan.
“Ha venido aquí a las ocho de la noche, al culto, a la iglesia (…). A las nueve se ha ido; de la tienda ha comprado panes y soda, eso ha comprado y ha ido a su casa”, relató Paulino Cuata.
El pastor asegura que conoce muy bien a Julio, un creyente que asistía con regularidad a la iglesia. En su defensa, afirma con voz firme: “Él no ha matado” a Marupa, “es inocente”. Entre murmullos, otros comunarios respaldaron esa versión.
Esa noche, Julio regresó a casa con su familia y se acostó junto a su hermano menor, Ignacio. Dormían en un espacio totalmente expuesto: una estructura precaria sostenida apenas por un techo y cuatro pilares de madera. Las “paredes” eran, en realidad, algunas prendas colgadas que intentaban ofrecer algo de intimidad.
En la comunidad, casi nadie permanece en las calles hasta muy tarde. No hay energía eléctrica; solo unos pocos cuentan con generadores. La mayoría se alumbran con linternas, la luz intermitente del celular, el fuego de la concha o el resplandor tenue de la luna llena.
El lugar donde durmió Julio Lero, la noche madrugada en la que asesinaron a Francisco Marupa. Foto: ANF
Oscar Lero, padre de Julio, asegura que su hijo no salió de la comunidad aquella noche. Recién al día siguiente decidió ir de caza, como parte de la preparación para la cosecha de arroz. En el monte es costumbre que el dueño del chaco haga cocinar para invitar a quienes trabajan la tierra: un acto de reciprocidad y agradecimiento que reafirma los lazos comunitarios.
Julio no fue solo. Le pidió a su hermano Ignacio que lo acompañara. Ambos tomaron el peque y sus implementos de caza. Ir al monte no es como ir al mercado, implica largas caminatas y trayectos en bote por el río. Julio e Ignacio son hombres de selva; conocen cada sendero, cada recodo del bosque.
Julio Lero de 26 años pertenece a la comunidad Torewa Campesina, donde la mayoría son tsimanes y hablan su lengua materna, con dificultad el español. Tiene una parcela de cuatro hectáreas sembradas con plátano y arroz. Esa era su principal fuente de ingresos, el sustento con el que apoyaba a su familia.
Como si no tuviera derecho por ser indígena, los comunarios de Torewa Indígena pusieron en duda su capacidad de contar con algunos bienes, como un bote a motor que costó Bs 20.000. Domingo Ocampo, de la Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, rechaza ese intento de devaluar su esfuerzo y cuestionar que pudiera adquirir bienes por su propia cuenta solo por su condición indígena.
“Es trabajador, tiene su platanal, lo tiene todo, hasta su bote. Todos estábamos ahí (en el culto). No sabíamos que el señor había muerto”, complementa Eliana, pariente y vecina de la comunidad.
Ocho testigos de Marupa ni uno de Lero
Ocho testigos —entre familiares, amigos y conocidos de la víctima— declararon sobre los hechos que presuntamente ocurrieron el 12, 13 y 14 de febrero del año pasado. La mayoría señaló a Julio Lero Sánchez. Solo una persona afirmó que “no sabía” quién asesinó a la víctima.
El principal y único imputado, Julio Lero, no tuvo testigos durante la etapa preliminar de la investigación, es decir, entre la imputación y la acusación formal. “Hemos ofrecido testigos, pero por los cambios de fiscal no nos han hecho caso”, lamenta el abogado.
La defensa de Lero presentó a cinco testigos que aseguran haberlo visto la noche en que presuntamente se cometió el asesinato; por tanto, sostienen que “no podía estar en Torewa Indígena”. En contraste, según Quiroga, desde la parte de la víctima “hicieron que declaren varios testigos, pero no sabemos dónde dieron sus declaraciones”.
Además, por la distancia del lugar donde viven y porque los investigadores se “pasaban la pelotita” entre la Policía de Apolo y la de San Buenaventura, no lograron tomar las declaraciones de las personas que podían testificar a favor del joven indígena.
Por su parte, Domingo Ocampo se presentó voluntariamente a declarar tras ser señalado como “autor intelectual”. Paulino Cuata, pastor de la comunidad, también acudió a la Policía, pero no le recibieron su declaración.
“La Fiscalía no ha venido. Me llevaron como testigo de descargo”, precisó Ocampo, quien explicó que poco podía aportar a la investigación, ya que se enteró por terceros de que Marupa había sido asesinado.
Domingo Ocampo fue convocado para prestar su declaración. Foto: ANF
Además, Quiroga señaló que la fallida reconstrucción afectó el esclarecimiento de los hechos, ya que la presencia del principal acusado en el lugar era clave para contrastar versiones y precisar la dinámica del crimen. La suspensión de la diligencia —atribuida a la falta de logística por parte del Ministerio de Gobierno— generó cuestionamientos sobre la seriedad del proceso y el resguardo de la cadena de custodia.
Respecto a los indicios, insistió en que no se aseguraron todos los elementos relevantes durante el levantamiento inicial del cadáver. El caso de la carretilla resulta particularmente llamativo: según testimonios, estaba junto al cuerpo de Francisco Marupa el día del hallazgo, pero luego apareció en la propiedad de su yerno, Daniel Julio Apaza Catunta, lo que —a criterio de la defensa— debió motivar un secuestro inmediato y pericias técnicas para determinar su relación con el hecho.
«Ninguno de los acusadores estuvo presente en la escena del crimen. Todos se enteraron a través de terceras personas que llegaron el 13 de febrero. Fueron estas mismas personas quienes lo señalaron como autor del crimen e incluso lo sometieron a un ‘interrogatorio ilegal’ bajo intimidación, sin la presencia de autoridades competentes y, mucho menos, de un traductor
“Los comunarios le preguntaron por qué asesinó a Francisco Marupa”. Así fue increpado Lero, según la declaración de Jafeth Clavel, nieto de la víctima. De acuerdo con su versión, el acusado respondió que “le enviaron a matar” e incluso mencionó los nombres de Domingo Ocampo y Luis Saravia.
Esa conclusión —según los testimonios— se sustentó en que presuntamente en la embarcación de Julio Lero encontraron pertenencias de Francisco Marupa, como víveres, un machete y un parlante. Su hijo Diego incluso afirmó que habían cocinado con esos productos. Pero ¿cómo se determinó eso? ¿Cuál es la evidencia que respalda tal afirmación?
Otro de los hijos de Marupa, Eleuterio, llegó desde Guanay tras enterarse de que su padre estaba desaparecido. Con base en los dichos de los comunarios, señaló que se habían perdido dos embarcaciones: una de su padre y otra de un comunario de nombre Marco.
La embarcación de Marupa fue hallada en el puerto de Rurrenabaque el 13 de febrero, según informó una fuente a la ANF. La interrogante es cómo llegó hasta ese municipio. La fuente explicó que no es posible que la nave arribara sola al puerto sin que alguien la condujera. Del otro bote no se tiene información sobre su paradero.
Consultado sobre quién mató a don Francisco, Eleuterio Marupa declaró: “Si él habla que lo mató con su hermano, también indica que lo mandó a matar el señor Domingo Ocampo, el señor Luis Sarabia y el señor Nielsin”, según se lee en las declaraciones.
Robin Chita, otro comunario, relató que alrededor de las 10:00 se enteró por Daniel Julio Apaza Catunta de que don Francisco no aparecía. Salieron a buscarlo y encontraron su ropa, su cama y su estera con manchas de sangre. El cuerpo fue hallado en su platanal, junto a su carretilla.
Este testigo no sólo señaló a Julio Lero como el autor del crimen, sino que el crimen hubiera cometido con “su hermano (Ignacio)”, la declaración la hizo solo con base en los comentarios de los comunarios. Diego Marupa también le atribuyó que “le pagarían por matarlo”.
Un par de testigos señalaron que también “descubrieron dos huellas: una grande y la otra pequeña”. Sin embargo, las investigaciones no establecieron a quién podían pertenecer, ya que no se realizaron las pericias ni se determinó si ese hallazgo era relevante para el caso.
Otro testigo de nombre Cristian Etema Lurice señaló en su declaración que conocía a Lero porque en varias oportunidades procedió a sustraer las pertenencias de otros comunarios, pero que fueron devueltas por orden de las autoridades de la comunidad. Lo señala de tener “mal comportamiento”. Domingo Ocampo refuta, dice que por un mal comportamiento no se constituye en un asesino.
“No hay un testigo presencial. Nadie lo ha visto a (Julio Lero)” cerca de la casa de Francisco Marupa, que es la escena del crimen, remata su abogado. De esa manera, suma otra inconsistencia a la acusación fiscal.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) exigen una investigación seria, transparente, para dar con los verdaderos autores del asesinado.
Por los elementos poco claros, las contradicciones y la insuficiente investigación, en la Contiocap “abogamos por la libertad de Julio Lero”, sostuvo con firmeza Alex Villca.
“No se puede juzgar a una persona sin previa investigación profunda, sustentada con base en datos científicos y técnicos”, añadió en declaraciones a la ANF en Rurrenabaque.
Más dudas que certezas
El abogado sostiene que, a la luz de lo que califica como una investigación deficiente del Ministerio Público, existen indicios que generan serias dudas sobre la autoría del crimen. Cree que los verdaderos responsables “ocultaron el cuerpo y luego lo dejaron” en el lugar donde fue hallado, a unos metros de la vivienda de la víctima, entre los matorrales.
“Para mí lo han incriminado para tratar de tapar otro tipo de actividades. Están incriminando al señor Julio Lero Sánchez”, afirmó, al considerar que su defendido habría sido señalado también por su condición de indígena. Otro elemento que, según dice, pone en duda su participación es su contextura física, frente a la de la víctima que tenía 66 años.
Ocampo observa que una persona de la contextura física de Julio Lero, haya sido capaz de trasladar el cuerpo de Francisco Marupa que medía 1.60 cm y pesaba aproximadamente 70 kilogramos a unos metros de su vivienda.
El abogado enumera varios aspectos que, a su juicio, afectan el fondo del caso. Primero, sostiene que “no hay certeza” sobre la participación de Julio Lero en el crimen. Segundo, no existe un testigo que lo haya visto en el lugar de los hechos ni huyendo de la escena. Tercero, cuestiona que no se hayan recogido ni sometido a pericias la ropa, enseres y otros objetos hallados en su embarcación. Cuarto, plantea interrogantes sobre cuál fue el rol real de Daniel Apaza Catunta en el caso.
La embarcación de Lero fue retenida y permanece en la base de la Fuerza Naval en el puerto de San Buenaventura, donde —según la defensa— se está deteriorando. Sin embargo, tampoco fue sometida a pericias que permitan establecer la veracidad de las acusaciones formuladas por familiares de la víctima.
“Hay más dudas que certezas”, insistió el jurista, al remarcar que no se profundizó en la investigación para determinar quién sería el verdadero autor del crimen. “Tenemos a una persona como Julio Lero detenida injustamente, porque es inocente. Es acusado sin pruebas”, alegó.
Asimismo, objetó que la Fiscalía haya presentado acusación formal por el delito de asesinato y solicitado la pena máxima de 30 años de prisión, pese a que no existen pruebas suficientes. Advirtió que el mayor riesgo es que se condene a un inocente.
Domingo Ocampo demanda una investigación seria, rigurosa, pero principalmente orientada a buscar la verdad. Observa las versiones que surgieron sobre cómo murió la víctima, porque se dijo que fue con un hacha, con machete y con arma de fuego, “cuántas mentiras se han dicho”, sostuvo.
Ruth Alipaz de la Contiocap reflexiona que los pueblos indígenas son más vulnerables de la justicia desinstitucionalizada. En medio de las dudas y falta de pruebas, Julio Lero es víctima de ese sistema. Cuestiona el “linchamiento» al que fue sometido cuando fue directamente acusado sin que se presuma de su inocencia.
Protesta que las autoridades no hayan respetado su derecho a colocar a un intérprete que traduzca las audiencias, anomalía que no fue corregida pese a que las normas bolivianas e internacionales prevén el juzgamiento de habitantes de pueblos indígenas.
El año pasado, la ANF visitó a Lero en la cárcel y evidenció su situación de alta vulnerabilidad.
Un sendero en la comunidad Torewa Campesina. Foto: ANF
¿Quién “montó” y viralizó un video de la víctima atribuyéndole ser defensor de la naturaleza ?
Las fuentes consultadas en la zona ven extraño que casi inmediatamente se supo de la muerte de Francisco Marupa, apareció con fuerza en las redes sociales un video “montado” atribuyéndole a la víctima ser un defensor de la naturaleza.
“No solo mataron a un indígena Leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra”, decía el comunicado de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA). Orientado a sospechar que los responsables fueron las mafias vinculadas a la minería ilegal.
La información se extendió como polvorín y las repercusiones también, se pronunció el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce; la Unión Europea, los activistas de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. La reacción fue con base en información confusa e incompleta.
“La versión es totalmente distinta a aquella que salió y se viralizó en las redes sociales, donde se mostraba al señor Marupa como un gran defensor del Madidi y del pueblo Leco. El otro afectado era otro hermano indígena, pero de este hermano (Julio Lero) no se dijo nada”, sostuvo Alex Villca de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
Por las redes circuló un video con la fotografía de Francisco Marupa y un audio atribuido a su persona, en el que denunciaba la contaminación del agua por la explotación aurífera. Sin embargo, Bolivia Verifica concluyó que el video con el audio falsamente atribuido al indígena leco fue publicado en TikTok desde la cuenta reynet.media el 16 de febrero de 2025.
¿Quién planificó el montaje de la foto con un audio que no era del difunto? No es un elemento menor el tema, porque a raíz de la publicación del video montado, Julio Lero fue “condenado” y “linchado” por la opinión pública que lo describió como un “criminal” desalmado.
@reynet.media NOTICIAS DE BOLIVIA 🖤🇧🇴 2025 #medioambiente #bolivia #boliviatiktok #bolivia🇧🇴tiktok #madidi #planeta #planetaverde #paratii #fyp #reynetmedia #luto #dolor #resistencia 🇧🇴
♬ Star Wars (The Rise of Skywalker Trailer) – MattyBor
El sufrimiento familiar
El sufrimiento y los pedidos de justicia atraviesan a ambas familias. La familia de Francisco Marupa exige que el autor sea sentenciado; desde el inicio ha señalado como único responsable a Julio Lero.
En contraste, la familia de Lero no se resigna. La dirigencia de la comunidad gestionó la defensa de un abogado, ya que por su situación de pobreza no podría contratar uno por cuenta propia y, de no hacerlo, su destino sería permanecer en la cárcel y en el olvido.
Domingo Ocampo rebate la versión de la Fiscalía y de los familiares de la víctima respecto a un supuesto intento de fuga. Recuerda que el 13 de febrero, aproximadamente a las 14:00 o poco después, lo retuvieron sin que opusiera resistencia. “Él venía caminando, libre, porque tampoco tenía intención de escaparse”, afirma.
“Los que han venido a acusarle decían: ‘él es el culpable, él es el asesino. Tenemos pruebas contundentes’. Entonces yo le dije (a Julio): ‘anda, contá tu verdad’. En el fondo yo sentía que Julio no era culpable, porque podía haberse escapado; él domina el monte”, relata.
Emiliana también estuvo presente el día de la aprehensión. “Vas a hablar bien, ‘yo no he matado’ vas a decir”. “Yo no he matado”, respondió él, según su testimonio. Desde entonces, no volvió a verlo.
Su madre, Ignacia Sánchez, lo despidió entre lágrimas. La tristeza persiste. “Todo el día estoy llorando por mi hijo”, dice en un español entrecortado, con frases breves. Lamenta además que le hayan quitado el bote, su principal medio de transporte. Julio era el proveedor de alimentos en la familia.
La familia y la comunidad lamentan no ser escuchados, que la palabra de Julio Lero por su idioma tampoco sea oída. Solo una vez sus padres pudieron llegar a La Paz para ver a su hijo en la cárcel, lo hicieron con la colaboración de instituciones que colaboran con los pueblos indígenas vulnerables.
La mamá y dos hermanos de Juio Lero. Foto: ANF
La tierra y los recursos, un conflicto entre las dos Torewa
La tierra es una de las causas del conflicto entre las dos comunidades que llevan el mismo nombre: Torewa. Una se denomina Campesina y la otra Indígena. Ambas se encuentran en medio del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado al norte del departamento de La Paz, en la Amazonía boliviana.
El Madidi alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo, con una enorme riqueza natural y probablemente recursos no renovables como el oro y el petróleo. Inicialmente, la muerte de Francisco Marupa fue atribuida a mafias mineras. Sin embargo, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cambió su versión y redujo el caso a un conflicto personal.
Torewa tiene un clima cálido y su principal actividad económica es la producción de plátano. También cultivan yuca, palta, coco, cítricos, arroz y otros granos. Los pobladores trasladan sus productos hasta Rurrenabaque, desde donde los comercializadores los distribuyen a Riberalta, Guayaramerín y a la ciudad de La Paz.
Torewa está conformada principalmente por población tsimane (90%), además de familias mosetén, aymaras y quechuas. La comunidad fue fundada en 1992 y cuenta con resolución de personería jurídica. Un letrero con estos datos cuelga en la casa de madera de Domingo Ocampo, que dice: “Bienvenidos”.
El Madidi se creó tres años después, tiene una doble categoría: es un parque nacional y área natural. Desde ese momento está protegida de nuevos asentamientos. Sin embargo, muchos sectores como los mineros han intentado ingresar a la zona.
Domingo Ocampo cuenta que antes era solo una Torewa, pero en 2000 se dividió y las versiones son diversas sobre las causas de esa decisión. El primero en migrar hacia esa zona -dice- fue su abuelo; y recién a sus 35 años volvió al lugar.
Torewa Campesina tiene sus documentos de creación y personería jurídica, pero no el título de las tierras. Pese a que ambas comunidades alegan tener la suficiente antigüedad. “Desde antes, está esta amenaza de esta gente que se ha titulado nuestras tierras donde vivimos”, apunta.
En su criterio existe un factor político en la titulación de esas tierras a nombre del pueblo Leco de Apolo, que se hizo a inicios del gobierno de Evo Morales. “Ahora nos acusan de ser los avasalladores y que ocupamos sus tierras y que somos una comunidad paralela”.
Pero esas tierras ya fueron ocupadas por los indígenas tsimanes y mosetenes hace muchos años, es evidente que muchos pueblos indígenas no tienen títulos de propiedad. Ocampo cree que detrás de la titulación de tierras a los lecos, estaba el interés por la construcción de hidroeléctricas.
Por su parte, Alex Villca alerta de los grandes intereses que existen en los territorios indígenas y áreas protegidas. “En esta región donde se ha dado el crimen existen grandes intereses económicos, sobre todo de la minería ilegal”.
El avance de la minería aurífera en el norte paceño ha avanzado de manera exponencial. El Madidi no está libre de los apetitos que tienen los actores de esa actividad económica para ingresar en la reserva para explorar y explotar recursos no renovables que se dice existen.
“Las cooperativas mineras en el país se han convertido en fachadas de grandes intereses económicos, y en el caso del río Kaka”, precisa Villca. Es un río amazónico, un afluente del río Beni.
El boom del oro producto del precio internacional a poco más de 5.000 dólares norteamericanos la onza troy ha provocado que se intensifique y expanda la explotación de este metal precioso particularmente en el norte de La Paz.
Esta expansión ocurrió especialmente en las últimas dos décadas de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). De 800 cooperativas crecieron a 3.100, de las cuales 2.500 son mineras dedicadas a la explotación del oro. La mayor concentración, 1.800, está en la región andina de La Paz. La mayoría opera sin licencia o autorización.
Esta agencia solicitó a la Fiscalía de La Paz una entrevista para conocer su posición en relación a las observaciones de la defensa del acusado, pero no hubo una respuesta positiva al requerimiento.
Alex Villca pide a las autoridades correspondientes que asuman su rol respecto a la búsqueda de la verdad, porque en definitiva esa es la misión del Ministerio Público y de la administración de justicia “impartir justicia” con base en información técnica que no genere duda sobre la autoría de un hecho delictivo.
En su criterio, el caso es producto de una “decisión política” y apresurada del entonces ministro Eduardo Castillo que llevó el crimen a un problema de particulares, cuando los intereses que median son de grandes inversiones mineras que están tentadas de incursionar en las áreas protegidas.
“Esperamos que no quede en el olvido, queremos una revisión profunda de la situación del hermano Julio Lero”, afirmó Villca.
Mientras se redactaba este reportaje, Julio Lero permanece en la cárcel de San Pedro, se cobija en la parroquia, pero sigue vulnerable a los riesgos que a diario debe enfrentar en el penal.
Comunarios de Torewa Campesina. Foto: ANF
