Choco y Bonifacio, dos animales que fueron víctimas de violencia extrema en La Paz. Foto: Composición Sumando Voces
Ante el aumento de casos de crueldad, biocidio y abandono de animales domésticos, activistas y defensores de los derechos animales presentaron un proyecto de Ley para la Protección Integral de los Animales, que propone un nuevo marco legal y plantea, además, la abrogación de la Ley 700, vigente desde 2015, por considerarla insuficiente para enfrentar la violencia contra las mascotas.
La iniciativa reconoce a los animales como seres sintientes, con capacidad de experimentar dolor, bienestar físico y estados emocionales. En su artículo primero, el proyecto establece un marco jurídico integral y de cumplimiento obligatorio para su protección, defensa y tutela reforzada.
En las últimas semanas, dos casos de violencia contra animales domésticos generaron conmoción en la ciudad de La Paz y reactivaron el debate sobre la insuficiencia de la Ley 700. En la zona Norte, un perro comunitario conocido como Choco, que vivía en la plaza Rioshino, murió tras ser apuñalado, pese a los intentos de vecinos por salvarlo. A ello se suma el caso de Bonifacio, un perro en situación de calle que vivía en la plaza Bolivia del Bicentenario. El animal fue encontrado gravemente herido por una presunta agresión sexual, y ante la gravedad de su estado de salud debió ser sacrificado.
Ambos hechos provocaron movilizaciones vecinales y pronunciamientos de activistas que exigen justicia y un marco legal más efectivo para sancionar la violencia contra los animales.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el endurecimiento de las sanciones penales. El proyecto contempla penas de tres a seis años de prisión por maltrato animal; de tres a ocho años por crueldad; y de seis a 12 años por biocidio, acompañadas de multas y la prohibición definitiva de tenencia de animales. También se tipifican delitos como el abandono, el abuso sexual, las peleas de animales y el comercio ilegal, con sanciones que pueden llegar hasta los 12 años de privación de libertad, según la gravedad de los hechos.
En cuanto a su alcance, la norma establece que la protección de la vida y el bienestar animal prevalece sobre cualquier disposición de menor jerarquía que tolere o normalice el maltrato. Se prevé que sus disposiciones sean de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas, incluidos los órganos del nivel central del Estado, gobiernos subnacionales, autonomías indígena originario campesinas, entidades educativas y de salud, empresas públicas y fuerzas del orden.
Los impulsores de la iniciativa justifican la abrogación de la Ley 700 señalando que, pese a haber significado un avance, presenta falencias estructurales. Entre ellas mencionan la ausencia de un sistema institucional sólido de protección, la falta de políticas efectivas de control poblacional, vacíos en la regulación de la cría y comercialización, la inexistencia de programas educativos permanentes y sanciones que consideran desproporcionadamente bajas frente a la gravedad de los delitos.
La Ley 700 establece actualmente penas de hasta un año de prisión por actos de crueldad y de dos a cinco años por biocidio, sanciones que, según los defensores de derechos, no han logrado disuadir la violencia contra los animales.
El biocidio es cualquier acto que provoque la muerte injustificada de un animal, siendo considerado un crimen contra la vida. A diferencia del maltrato animal general, el biocidio se centra específicamente en el resultado letal.
Carolina Giese Uresti (senadora), Cruzcaya Sidia Borda, Anahi Ojopi Vidal, Nathaly Solares Tuestaque (diputadas) y el parlamentario Sergio Bastian Giesse, recibieron el proyecto expresaron su preocupación por los recientes hechos de maltrato animal registrados en el país y manifestaron su disposición a impulsar y hacer seguimiento al tratamiento de la propuesta tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.
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