Un acto de homenaje a los fallecidos de Senkata. Foto: Defensoría.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) expresaron su preocupación ante la anulación de los casos Sacaba y Senkata por riesgo de impunidad.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”, señala un comunicado conjunto emitido este viernes.
A su vez, “estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, señalan.
El comunicado se refiere a las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares “sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019” y la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata.
La principal acusada de esos casos es la expresidenta Jeanine Añez, por lo que los jueces se declararon incompetentes aduciendo que ella debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades.
En 2019 el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó, según recuerdan ambas instituciones, al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares. El GIEI concluyó en su informe final que es «fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz». También señaló que «debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad».
En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020, señala el comunicado, identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación. Recomendó «garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares».
La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
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