Imagen referencial. Foto: Federico Zaá
Un estudio concluyó que las personas que se dedican a la defensa de derechos en Bolivia afrontan hechos de discriminación y amedrentamiento por su labor, y quienes propician estos actos son, principalmente, funcionarios públicos.
El estudio “Situación de Defensores”, realizado por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, hizo el relevamiento de datos a través de una encuesta en línea y entrevistas a personas defensoras de derechos de diferentes ámbitos y departamentos.
Entre los hallazgos, el estudio concluye que la discriminación y la estigmatización son los tipos de vulneración más frecuentes en contra de personas defensoras. Le siguen la discriminación por ser mujer, la difamación, la violencia psicológica y los ataques a la reputación.
Entre los resultados llamativos se encuentra que 16,7% de los 57 encuestados, ha recibido amenazas de muerte, similar porcentaje sufrió violencia física y el 1,9% afrontó un secuestro. Con base en los testimonios, otro de los patrones que afrontan las personas defensoras de derechos es el amedrentamiento y hostigamiento, seguidos de la afectación psicológica.
“El estudio también evidencia los daños psicológicos que tienen los defensores. El amedrentamiento, acoso o secuestro dejan huellas terribles en los defensores y es algo por lo que no se pelea ni se hace nada, en esos casos vale la pena hacer redes de solidaridad y hacer recomendaciones”, explicó Elizabeth Arrázola, responsable de Comunicación del Comité.
Sobre los actores que vulneran la labor de las personas defensoras de derechos, el estudio cita que son, principalmente, funcionarios públicos (61,1%), dirigentes políticos (25,9%) y en menos proporción, dirigentes sindicales, fuerzas de seguridad y otros.
Por otro lado, el 67% de los encuestados mencionó que no denuncia estos hechos ante instancias formales, mientras que el 31% sí lo hace, principalmente, ante la Defensoría del Pueblo o plataformas. El resto no respondió a esta pregunta.
“Hemos visto que no se denuncia. Es por eso que este estudio es importante, porque no se sabía. Sí podemos contar casos de violación de derechos, pero lo que se ve es que la mayoría no denuncia y los que denuncian, lo hacen a través de la Defensoría y plataformas”, explicó Arrázola.
A través del estudio, el Comité recomienda fortalecer los mecanismos de protección, por ejemplo, a través de la creación de protocolos de respuesta rápida ante situaciones de riesgo. También se sugiere asegurar canales accesibles, rápidos y seguros para la denuncia, implementar redes de atención psicosocial, redes de solidaridad, campañas de sensibilización y capacitación.
Del estudio participaron defensores de la libertad de prensa (periodistas y trabajadores de los medios), de las mujeres, del medio ambiente, de pueblos indígenas y de las libertades fundamentales.
El Comité Nacional de Derechos Humanos de Bolivia es una organización compuesta por personas defensoras de derechos, articuladas a través de comités departamentales. Este estudio ha sido posible con el apoyo del Fondo de Pequeños Proyectos de UNITAS, que es financiado por Pan para el Mundo.
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