Foto referencial de estudiantes pasado clases.
Ante el incremento de la deserción escolar por la crisis económica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) advirtió que esa situación significa un retroceso para Bolivia en relación a garantizar el derecho a la educación y los avances en proyectos en beneficio de los menores de edad.
El jefe de Políticas Sociales de Unicef, Diego Pemintel, en declaraciones a la ANF, señaló que el Estado y la sociedad civil deben tomar conciencia sobre la atención prioritaria a la niñez boliviana por lo que se deben aplicar mecanismos para evitar que más infantes abandonen sus estudios.
“Nosotros hemos tomado conocimiento sobre esa situación desde la gestión pasada, es una situación preocupante porque se han conocido estos hechos a través de los medios de comunicación. Es un retroceso en los avances que se han logrado en términos de la garantía de los derechos, eso es lo que está en riesgo, los derechos de los niños y niñas”, afirmó.
El mes pasado, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) reportó la deserción de alrededor de 35.000 estudiantes de todo el país y de diferentes niveles de instrucción a causa de la crisis económica que atraviesa el país, situación que se agudizó desde febrero de esta gestión.
En esa oportunidad, la ejecutiva de la CTEUB, Miriam Ayala, dijo que esos datos los obtuvieron del Ministerio de Educación y advirtió que son preocupantes por dos factores: el primero es que se restringe el derecho a la educación y un hogar porque muchos de ellos están saliendo del país en busca de mejores condiciones de vida.
“La crisis económica está golpeando a las familias haciendo que muchos estudiantes busquen trabajo lo cual les está obligando a abandonar la educación. Por otro lado, las familias se están trasladando en busca de mejores condiciones de vida y están saliendo del país, entre otras situaciones que se han registrado en estos últimos meses”, explicó la dirigente a radio Fides.
En ese contexto, Pemintel señaló que el Estado boliviano al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, tiene la obligación de reportar estos aspectos a esa instancia. Recordó que el último reporte que entregó el país fue en 2023 donde se mostraron los avances.
“Así como tenemos la obligación de garantizar los derechos, tenemos la obligación de reportar estos aspectos. Hace un par de años se hizo el último reporte hacia el Comité de los Derechos del Niño, de cuáles eran los avances y se los reconoció, (…) Y lo que estamos viendo el día de hoy nos mostrará un retroceso que el Estado va a tener que reportar”, señaló.
Por otra parte, señaló que existen diferentes mecanismos que se pueden aplicar ante este tipo de contextos económicos y sociales para evitar que los infantes se vean afectados. Dijo que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la educación.
“Se deben definir estrategias y hay una cantidad de herramientas que se aplican cuando existen estos contextos. De hecho, la pandemia nos ha mostrado que se activan mecanismos de protección que permitan contener este impacto. Es un elemento hacia la consolidación de un estado democrático porque lo que hoy dejemos de invertir en niños, significa que mañana nuestros adultos van a tener menos capacidades”, puntualizó.
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