Culiacán, Sinaloa. Hace tiempo que el narcotráfico dejó de ser clandestino para convertirse en un hecho social objetivo. Allí, todo es cuestión de confianza. En un mundo duro y complejo, las reglas son simples y no hay lugar para equívocos. Uno es presentado a alguien por un amigo en quien ese alguien confía, y ese alguien confía en ti porque confía en quien te avala. Pero si algo se tuerce, el avalista responde con su vida. Y tú, con la tuya. Bang, bang. Los cementerios del noreste mexicano están llenos de lápidas con nombres de gente en la que alguien confió alguna vez.
Este relato, tomado de La Reina del Sur, resuena de forma escalofriante con las noticias que cada vez más se hacen frecuentes y normales en nuestro país: “Balacera en Ivirgarzama deja cinco personas heridas”, “Fue acribillado por no cumplir con la entrega y venta de droga”, “Secuestrado en Entre Ríos apareció con 16 disparos”, “Decapitado. Le dejaron un mensaje: ‘Devolvé la droga’” y estos anuncios horrorosos cada vez nos inmutan menos.
El epicentro es el Chapare que se ha convertido en un territorio donde, según denuncias reiteradas, la policía no puede ingresar. Donde ser ejecutado a quemarropa o cruzarse con personas armadas con metralletas empieza a naturalizarse. Es un territorio vedado para el Estado.
Como si fuera poco, al dirigirnos hacia el altiplano, en las cercanías de Llallagua, existe una zona conocida popularmente como “México Chico”. Se dice que ni policías ni militares pueden entrar. Se denuncia que es un territorio controlado por bandas criminales, ligadas al narcotráfico y al contrabando, especialmente de vehículos robados. Hace algunas semanas, tres policías fueron ejecutados en el contexto del último bloqueo. A raíz del asesinato de los policías, imágenes satelitales mostraron la zona con plantaciones de marihuana y ferias de venta de autos chutos e indocumentados. En el país ya existen zonas a las que nadie puede ingresar sin pagar un precio. Todo esto, en su conjunto, parece una retrospectiva de cómo se inició la violencia en México, donde el narcotráfico generó tal nivel de violencia que el Estado terminó negociando con los líderes de las organizaciones criminales. Y ni así el ciudadano de a pie se siente seguro. ¿estaremos aún a tiempo de no llegar a ser un narcoestado, donde los secuestros por droga y los sicariatos sean moneda corriente?, ¿donde la muerte violenta sea parte del día a día, y la vida humana tenga un precio?.
En México, los cárteles proliferan, y las disputas territoriales se resuelven a balazos. El narcotráfico es un submundo donde cualquier paso en falso se paga caro. Y mientras tengas más gente querida, más vulnerable te vuelves. Hay un corrido que relata la historia de Héctor Palma, a quien un exsocio secuestró a su familia. Cuentan que el día de su cumpleaños le mandó una caja con la cabeza de su esposa, y la inscripción “Japibirdi tu-yu”. Para llegar a ese extremo solo fue cuestión de tiempo. Décadas de dejar hacer, dejar pasar, hasta que el Estado se vuelve ineficaz y la población se organiza en “comités de autodefensa” y combate con armas a las mafias. Y cual círculo vicioso difícil de romper, la violencia se enfrenta con más violencia.
Ya lo estamos viendo, en Bolivia, a plena luz del día, ya se habla de ajustes de cuentas, balaceras, muertes por drogas. La saña con la que se han cometido algunos crímenes recientes en Bolivia muestra que la violencia ya está escalando. Si no actuamos como Estado y como sociedad civil, nuestras calles, carreteras y comunidades se volverán intransitables. Los ajustes de cuentas serán cotidianos, las muertes de inocentes se convertirán en simples cifras, y la violencia será parte del paisaje.
Estamos en puertas de convertirnos en un pequeño México, y no terminamos de entender que nos estamos rifando nuestro destino, y que vidas humanas están en juego. Algo tenemos que hacer ¿o usted quiere que, en Bolivia, morir con violencia sea morir de muerte natural?.
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Gabriela Canedo es socióloga y antropóloga
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