Audiencia de medidas cautelares en Entre Ríos por el caso Tariquía. Foto: Abogado de la defensa
Los comunarios de la reserva de Tariquía, que están siendo procesados penalmente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pueden defenderse en libertad, según dispuso el juez de Entre Ríos, Christian Arancibia, en la audiencia de medidas cautelares.
Sin embargo, el proceso instaurado por YPFB continúa su curso, luego de que 12 de los 29 comunarios acusados fueran imputados por los delitos de atentado a la libertad de trabajo y por supuestamente impedir la función pública.
“Después de haber escuchado los alegatos por parte del Ministerio Público, por parte de Petrobras y la defensa haber presentado prueba documental de descargo, el juez ha resuelto dar libertad irrestricta a los 12 imputados, que se van a defender en libertad durante todo el proceso”, dijo a Sumando Voces el abogado Roger Ibarra, quien patrocina a los comunarios.
El abogado destacó que los representantes de YPFB no se presentaron a la audiencia, lo que, según dijo, demuestra que “se ha generado el proceso penal para amedrentar para que los defensores no continúen defendiendo su habitat”.
Los acusados estaban realizando una vigilia en protesta por el ingreso de las petroleras a la zona cuando, según YPFB, obstruyeron su labor, por lo que su condición es de defensores del medio ambiente, según la CIDH, que escuchó a los acusados en una audiencia virtual en marzo pasado.
El abogado dijo que en adelante, se generará prueba para demostrar que los comunarios no tienen ninguna responsabilidad penal por lo que solicitará el sobreseimiento.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa preparatoria y próximamente se instaurará el juicio, algo que es rechazado por organizaciones de la sociedad civil, que denuncian una criminalización de la defensa del medio ambiente.
La denuncia fue presentada por Marco Carlos Navarro Morales, Asesor de YPFB, que se presenta como víctima, junto a Petrobras Bolivia, representado por Leonardo Vargas Guzmán.
El 7 de marzo pasado, en la audiencia de la CIDH sobre la criminalización de los defensores ambientales, varias altas autoridades de organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, entre ellos cuatro Comisionados de la CIDH, el Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, el Defensor del Pueblo de Bolivia y un representante de la Oficina e Sudamérica del Alto Comisionado de la ONU sobre DDHH, se pronunciaron cuestionando de alguna manera el uso del derecho penal para frenar o reprimir las legítimas acciones de defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales.
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