Proyectos para la exploración y explotación de tierras raras en Bolivia y su impacto en territorios indígenas. Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia y CEJIS. Elaboración: CEJIS
La transición energética, que busca reducir el uso de combustibles fósiles y promover tecnologías limpias como paneles solares y turbinas eólicas, está generando una presión inédita sobre los territorios indígenas en Bolivia. Así lo advierte Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), quien señala que la creciente demanda internacional de tierras raras y minerales críticos podría profundizar el modelo extractivista y vulnerar los derechos de las comunidades originarias.
En los últimos años, Bolivia comenzó a explorar y explotar minerales como torio, niobio, níquel, cobalto y otros elementos esenciales para la industria tecnológica y la transición energética. Sin embargo, muchos de estos proyectos se ubican en regiones de alta biodiversidad y presencia indígena, como la Chiquitanía, el Pantanal y la Amazonía norte. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Guarayos, Monte Verde, Lomerío, Zapocó y Bajo Paragua, así como el territorio ayoreo en el Pantanal, figuran entre las zonas más amenazadas por la expansión minera.
Según estudios recientes, dice Vargas en un artículo publicado recientemente en la revista Debates Indígenas, más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afectan de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados. Además del impacto ambiental —como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico—, la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales: desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.
El especialista afirma que la situación es especialmente grave para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los ayoreos del Pantanal, cuyos territorios están siendo intervenidos sin salvaguardas efectivas ni respeto a su derecho a permanecer en aislamiento, tal como lo establece la Constitución Política Boliviana. Pese a la obligación legal de realizar consultas previas, libres e informadas, los proyectos de prospección y explotación minera avanzan sin la participación ni el consentimiento de las comunidades afectadas, amparados en la Ley de Minería y Metalurgia N.º 535, que exime a estas actividades de la consulta obligatoria, indica.
“Lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, sostiene Vargas. El director del CEJIS subraya la necesidad urgente de restituir salvaguardas efectivas y garantizar la consulta previa en todas las etapas de los proyectos mineros, como condición mínima para una transición energética verdaderamente justa y respetuosa de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
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