Sumando Voces
Los indígenas del norte de La Paz calificaron de “fallo histórico” la decisión adoptada por un juez de Rurrenabaque, que dispone la paralización de la actividad minera en siete ríos de la Amazonía por un mes, luego de que se conocieran los alarmantes niveles de mercurio existentes en los cuerpos de los indígenas de aquella zona.
El presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP), Gonzalo Oliver, en contacto con Sumando Voces, informó que, con esta acción popular, queda paralizada la explotación de oro en los ríos Madre de Dios, Beni, Tuichi, Quiquibey, Kaka, La Paz y Pequejes.
Informó que la encargada de hacer cumplir la disposición es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la que, si fuera necesario, tendrá que pedir el apoyo de la fuerza pública para lograr el objetivo.
“La prohibición de actividades mineras ilegales es un fallo histórico como medida precautoria”, destacó Oliver, quien explicó que la demanda fue presentada por mandato de los 11 territorios indígenas del norte de La Paz.
La resolución dispone “dejar sin efecto cualquier acto administrativo que afecte un derecho propio de la región, considerando el alcance propio de la norma que atente el derecho del medio ambiente, la madre naturaleza, el Río Beni, el Derecho a la vida y a la armonía con la naturaleza”.
La demanda fue presentada luego de conocerse, en junio pasado, el resultado de un estudio científico elaborado por la UMSA, en el que se evidencia la presencia de mercurio en el cuerpo de los indígenas de la zona por encima de los niveles permitidos.
Los resultados indican que hasta el 74,5% de las personas analizadas tienen mercurio con una media de 3,93 partes por millón (ppm), cuando lo permisible es de 1 ppm. Los pueblos más afectados son los tsimanes y ese ejjas, que consumen el pescado de los ríos contaminados.
El CPILAP espera el pronto cumplimiento de la Acción Popular porque, según dijo Oliver, la explotación minera con mercurio es “un atentando contra la salud y la vida”.
Los demandados en la Acción Popular fueron Rubén Alejandro Méndez, Ministro de Medio Ambiente y Agua; Marcelino Quispe, Ministro de Minería y Metalurgia; Álvaro Antezana, Director Departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM de La Paz; Santos Quispe, Gobernador del departamento de La Paz; Freddy Cruz, Secretario de Derechos de la Madre Tierra; y Demetrio Villca, Secretario de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos, ambos del Gobierno Departamental de La Paz, según un reporte de la Fundación Solón.
De acuerdo a la misma publicación, el juez también solicitó Al Ministerio de Salud la entrega de estudios e informes referidos a los impactos de la minería aurífera en la contaminación con mercurio de los peces, así como los impactos del mercurio en la salud de las personas.
El juez dio un plazo de un mes para la presentación de los informes por lo que la audiencia será retomada el 8 de septiembre.
