El informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reveló que la situación empeoró en las cárceles del país porque aumentó el número de presos, el porcentaje de hacinamiento llegó al 105%, la cantidad de niños viviendo en los penales se elevó a 165 y solo en lo que va de este año hay 12 reos muertos violentamente. Además, el reporte señala que el año pasado hubo 81 casos de tortura en celdas, cárceles y otros sitios.
El encargado de presentar el informe fue el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien pidió que las autoridades que no restrinjan el ingreso del personal del Mecanismo a las cárceles y a las celdas, lo que devela que actualmente no están pudiendo acceder para hacer su trabajo.
Hacinamiento
Los datos revelan un incremento de la población penitenciaria de 17.305 en 2020 a 32.035 en 2024, lo que representa un aumento del 45,9% en solo cinco años. De este total, el 58,71% eran detenidos preventivos.
El crecimiento de la población carcelaria ha derivado en un hacinamiento del 105 por ciento en 2024.
El Defensor informó que las muertes violentas en las cárceles el año pasado fueron nueve, pero que en lo que va de este 2025, ya suman 12 y no hemos llegado ni a mitad de año.
Mujeres y niños
Las mujeres detenidas son 2.184, de las cuales, el 62,4% son preventivas, es decir, el porcentaje es mayor que el promedio de hombres y mujeres.
Y, a esto se suma la presencia de niños y niñas de cero a seis años, que el 2024 fueron 165, frente a los 145 que había el año 2023.
Celdas de castigo
El Defensor relató que las celdas de castigo de 10 cárceles tienen “pésima infraestructura (goteras y baños en mal estado), que las condiciones son malas para dormir, que no hay control sobre los plazos de permanencia en esos lugares y que el 76% carece de valoración médica para ingresar. Las fotos insertas en el informe muestran condiciones deplorables.
Casos de tortura
El informe revela que el 2024 hubo 81 casos de tortura, de los cuales, 44% ocurrieron en el momento de la detención o en celdas policiales, el 26% en centros penitenciarios.
El Defensor recordó que el Mecanismo se creó en el marco de compromisos internacionales, pero que hace falta fortalecerlo incluso económicamente e institucionalmente.
“No permitir el ingreso de los funcionarios a celdas policiales, o centros penitenciarios, no solo implica obstaculizar la labor del Mecanismo, sino quitarle a las personas privadas de libertad el derecho de contar con la asistencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, dijo la autoridad.
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