323 casos de vulneración hacia una persona o grupos de personas y otros 175 a periodistas y trabajadores de medios de comunicación se han reportado a lo largo del 2022, de acuerdo con el Informe de Situación 2022 del Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
UNITAS presentó este jueves en un acto público el Informe de Situación 2022 en el que identifica un total de 768 vulneraciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos cometidas durante el año pasado.
Dentro del informe se desglosan los datos de quiénes han sido los actores vulnerados en estos 768 casos. La cifra muestra que son 323 casos que atañen a personas particulares que han sido vulneradas por la Policía (76), autoridades del legislativo nacional (46), autoridades del ejecutivo nacional (40), por otros grupos de personas (35), el Ministerio Público (35), autoridades del ejecutivo municipal (28), autoridades del Órgano Judicial (25), entre otros.
“Si bien el principal sector de actor vulnerado corresponde a personas particulares, en gran parte difíciles de cuantificar, ya fuese por la amplitud del acto vulnerador (por ejemplo, los hechos de corrupción –institucionalidad democrática– que afectan a la población en general) o por la incapacidad de definir su identidad grupal (por ejemplo, personas individuales que son reprimidas en el contexto de manifestaciones –derecho a la protesta–), ello implica en muchos casos la vulneración de derechos de grupos específicos de personas”, se lee en el informe con relación a esta categoría de actores vulnerados.
Seguidamente se encuentran las y los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, como el segundo grupo que mayor cantidad de vulneraciones ha sufrido durante el 2022. Son 175 casos de vulneración a periodistas que fueron víctimas de otros grupos de personas (93), autoridades del Órgano Judicial (20), la Policía Nacional (18), el Ministerio Público (9), autoridades del ejecutivo nacional (7), organizaciones sociales (6), entre otros.
“Periodistas y trabajadores de prensa tienen por vulnerador directo principal a personas particulares (en la mayoría de los casos, agresores que atacan verbal, material o físicamente a los periodistas en sus labores de cobertura), a autoridades del Órgano Judicial y al Ministerio Público (criminalización de la actividad periodística), y la Policía (represión o agresión durante la cobertura de conflictos sociales)”, detalla el informe.
Otros actores vulnerados en 2022 son las personas defensoras de derechos (81 casos), las organizaciones sociales (51), medios de comunicación (41), organizaciones defensoras de derechos (11), autoridades o servidores públicos (9), población indígena (7), Organizaciones de la Sociedad Civil (6), organizaciones indígenas (3) y dirigente de gremio periodístico (2).
El Informe de Situación es producto de un trabajo diario de monitoreo y seguimiento que lleva adelante el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que registra casos de vulneración en todos los niveles territoriales: nacional, departamental, municipal, regional y territorios indígena originario campesinos.
