Una mujer del pueblo indígena U’wa. Foto: Cambio Colombia
Con información de agencias
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por múltiples violaciones a los derechos del pueblo indígena U’wa, en un fallo histórico emitido el 20 de diciembre de 2024. La sentencia llega después de un proceso de casi 27 años, iniciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997, tras el ingreso de empresas petroleras al territorio ancestral sin consulta previa.
El tribunal internacional reconoció la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano, la libre determinación, la consulta previa, la propiedad colectiva, la vida cultural, la niñez, la libertad de expresión y la participación política.
Según la sentencia, el Estado deberá, en un plazo de dos años, titular el territorio U’wa, clarificar los títulos coloniales, garantizar que los proyectos extractivos no afecten su vida cultural y consultar adecuadamente cualquier actividad futura.
El territorio U’wa, ubicado entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá se superpone con el Parque Nacional Natural El Cocuy y ha sido de alto interés para las industrias extractivas. A lo largo de los años, empresas como Occidental Petroleum (Oxy) y Ecopetrol han intentado desarrollar proyectos en bloques como Samoré, Gibraltar, Sirirí y Catleya, a pesar de las protestas y rechazos por parte de los indígenas.
En su fallo, la Corte también ordena que el pueblo U’wa sea incluido en la administración del Parque Nacional El Cocuy, en las zonas donde su territorio se traslapa con esta área protegida, y que se respete su cosmovisión en los planes de conservación.
Pese a la contundencia de la sentencia, los representantes U’wa advierten que hasta el momento solo ha habido un pronunciamiento institucional por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual expresó su compromiso con el cumplimiento de las órdenes, pero sin detallar el cronograma del acto público de reconocimiento de responsabilidad.
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