Integrantes de Kailasa ya se habían instalado en la comunidad de Exaltación (Beni), pero fueron expulsados del país.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país expresan su “absoluto rechazo y condena a las amenazas y amedrentamientos por representantes del autodenominado Estado de Kailasa contra varios medios bolivianos, entre ellos Brújula Digital, Sumando Voces y El Deber”. Asimismo, exigen cesar la acción intimidatoria en contra de los periodistas.
Agregan que estas amenazas atentan gravemente contra la libertad de prensa y de expresión, derechos fundamentales garantizados tanto por la Constitución Política del Estado como por tratados internacionales de derechos humanos.
Diversos medios recibieron amenazas legales de Kailasa, luego de que informaran sobre el rechazo de los pueblos indígenas a los convenios suscritos con ese falso Estado, cuyos dirigentes consideran que las cláusulas son contrarias a los intereses de las comunidades. Un supuesto representante legal de Kailasa exigió, además, eliminar las publicaciones y pedir disculpas, algo que los medios rechazaron.
“En un contexto en el que el ejercicio del periodismo es esencial para la democracia, resulta inadmisible que se pretenda censurar la información mediante coacciones ilegales e infundadas. La exigencia de retractaciones, eliminación de contenido y disculpas públicas por parte del ficticio Estado de Kailasa no solo vulnera los principios de transparencia y derecho a la información, sino que constituye una estrategia de intimidación inaceptable”, señala el comunicado de las asociaciones de periodistas.
Las investigaciones periodísticas en torno a los acuerdos irregulares entre grupos indígenas bolivianos y Kailasa han seguido los principios de verificación, rigurosidad y apego a la verdad, siendo sustentadas por fuentes documentadas y testimonios directos, añade el pronunciamiento.
“Cabe señalar que el supuesto Estado de Kailasa no cuenta con reconocimiento internacional ni posee legitimidad alguna bajo el derecho internacional. Las acciones emprendidas por sus representantes, lejos de tener validez legal, constituyen un intento de manipulación y coerción contra la prensa, lo que agrava la magnitud de estas amenazas”, enfatiza el documento.
Las asociaciones exigen “el cese inmediato de cualquier acción intimidatoria contra periodistas y medios de comunicación bolivianos”. Asimismo, alertan a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre estos intentos de censura que atentan contra los derechos fundamentales de información y expresión.
Por otro lado, instan al Estado boliviano a pronunciarse de manera firme y clara sobre esta situación, garantizando la protección de los periodistas y medios afectados, y tomando las medidas necesarias para evitar que entidades ilegítimas interfieran en la soberanía nacional y en el ejercicio de la libertad de prensa.
“Saludamos la contundente respuesta de los medios de comunicación amenazados y su decisión de no ceder ante las presiones ilegales ni retirar la información que fue debidamente verificadas, reafirmando su compromiso con la verdad y con la ciudadanía”, finaliza el comunicado.
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