Franco Albarracín
Las últimas semanas, la población boliviana quedó bastante indignada debido a un condenable suceso ocurrido en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz. Dos señores, entre ellos uno de la tercera edad, intervinieron y maltrataron a una señora de pollera que estaba con una niña pequeña.
La señora, quien se encontraba en la plaza de la Meseta de Achumani sacando unas tunas, seguramente para consumirlas junto a la pequeña niña, fue agredida verbalmente por los señores. Estos ni siquiera se inmutaron por los llantos de la pequeña y, como si fueran dueños de la plaza y de todo Achumani, procedieron a maltratar a la señora.
Todo el hecho, como ocurre en muchas de estas situaciones, fue grabado por un tercero, quien publicó el video en redes sociales. Allí, el video se hizo bastante viral y motivó la indignación de toda la población e, incluso, un pronunciamiento del propio presidente del Estado, Luis Arce.
En respuesta, el Ministerio Público, la Policía boliviana e incluso la Alcaldía de La Paz se movilizaron con bastante contundencia, eficiencia y eficacia, y aprehendieron al señor de la tercera edad en tiempo récord. En un juicio bastante rápido, con una Fiscalía trabajando como si el autor fuera el líder de un poderoso grupo narcotraficante (como los hay en abundancia en nuestro país), impulsó el proceso por discriminación y, nuevamente en tiempo récord, obtuvo, a través del procedimiento abreviado, una sentencia de tres años de cárcel.
Como pude mencionar previamente en una entrevista con el periódico Los Tiempos, en Bolivia persisten estructuras coloniales de discriminación que afectan principalmente a las personas de origen indígena, quienes continúan enfrentando contextos de exclusión donde el racismo no siempre se manifiesta de forma explícita.
En ese sentido, ¿existió racismo en el caso de las tunas? Es posible. Tal vez estaríamos hablando de un racismo interpersonal, donde la agresión verbal fue motivada por la apariencia física de la señora. Pero, también, podemos ampliar el análisis del caso y referirnos a distintos tipos de racismo, como el racismo espacial, donde ciertos espacios geográficos son exclusivamente definidos para determinados grupos étnicos y sociales, un fenómeno que refuerza una jerarquización basada en la clase, el origen y la apariencia física.
Ahora, si bien este caso puede servir para ampliar y profundizar la problemática del racismo en Bolivia, analizando con detalle los hechos específicos y, rigiéndome a mi postura estrictamente como abogado, prevaleciendo en todo momento la existencia de pruebas objetivas y el principio de inocencia, pero también recordando la falta de Estado de Derecho en Bolivia, así como la ausencia, casi total, de independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial, puedo afirmar que la sentencia otorgada en contra del señor de la tercera edad es injusta, ilegal y desproporcionada.
Primero, porque a pesar de la existencia de un video donde se ve al señor maltratando verbalmente a la señora y a su niña, no se escuchan palabras o expresiones racistas o discriminatorias. Solo podemos observar un comportamiento torpe que, si bien ameritaba la condena en redes sociales, no necesariamente constituye un delito de discriminación.
Entiendo que hay distintas formas de racismo y que en Bolivia predomina el racismo estructural, donde siguen existiendo sectores que sufren una discriminación histórica. Pero aplicar estas otras formas de racismo dentro de un caso concreto no deja de ser algo bastante subjetivo y abstracto. Ante la duda, debe prevalecer en todo momento el principio de inocencia.
Al final de cuentas, desconocemos o no existen indicios o pruebas suficientes para determinar si el señor era un simple hombre torpe obsesionado con las tunas o una persona racista. Si bien él mismo se sometió al procedimiento abreviado, obviamente admitiendo toda culpa, también sabemos perfectamente que el procedimiento abreviado en Bolivia es utilizado por el Ministerio Público como una forma de chantaje e, incluso, de tortura psicológica para que el imputado asuma la culpa.
Si el Ministerio Público, la Policía y el propio gobierno de Luis Arce estuvieran realmente indignados por el racismo en el país, prohibirían las normas que benefician a los cooperativistas mineros que, desde hace muchos años, envenenan las aguas de comunidades indígenas con mercurio, condenando a estas poblaciones a la miseria y a la posible desaparición.
Si todas estas autoridades realmente quisieran combatir el racismo y toda forma de discriminación, anularían todo contrato y convenio con la empresa Petrobras en Bolivia, que se encuentra amedrentando y hostigando a mujeres campesinas defensoras de derechos humanos, quienes lo único que hacen es proteger su territorio de la contaminación.
Si el Ministerio Público realmente quisiera luchar contra el racismo, iniciaría de oficio el proceso en contra de Sacha Llorenti por la represión y tortura cometida contra los indígenas del TIPNIS.
En nuestro país, los verdaderos actos racistas no son perseguidos; al contrario, son fomentados. Algunos casos, como el famoso caso de las tunas, son utilizados para limpiar la imagen de un partido político que ha fomentado el racismo y la discriminación por mucho tiempo, todo esto a costa de la libertad de una persona que, más allá de su torpeza y su actuación moralmente condenable, no debería recibir una pena desproporcionada.
Dentro de la administración de la justicia criminal, el sistema inquisitivo, propio de la Edad Media, se caracteriza por darle prioridad a la presunción de culpabilidad y la búsqueda del castigo, sin importar los derechos humanos o la búsqueda de equilibrio y justicia social en un país. En Bolivia rige este sistema, el inquisitivo, que se centra más en una ley vengativa, donde lo que importa es “sentar la mano”, más allá de si una persona es culpable o inocente.
El problema de este sistema es que nunca ha funcionado; en lugar de combatir la criminalidad, incrementa el odio, el resentimiento y, en muchos casos, la polarización. Estoy seguro de que muchos bolivianos no vieron con buenos ojos la condena de tres años en contra del señor de las tunas; por el contrario, estoy convencido de que generó sentimientos de indignación y acrecentó los comportamientos racistas de muchos bolivianos.
Como lo ha mencionado en muchas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, urge en Bolivia la implementación de políticas claras y estructurales que puedan combatir el racismo y toda forma de discriminación. Perseguir y cazar a aquellos que sospechamos que fueron racistas, claramente, no va a solucionar el problema, sino que lo va a incrementar.
Si vamos a utilizar la norma penal para sancionar el racismo, entonces debemos empezar con las grandes cooperativas y empresas mineras que, poco a poco, están provocando la desaparición de nuestros pueblos indígenas. En ese caso, sí podría admitir y apoyar una condena de tres o más años.
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Franco Albarracín es experto en derechos humanos.
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