Víctor Mendizábal e Irene Tórrez, dos de los periodistas que fueron víctimas de la violencia del evismo, son los de los casos registrados en 2024.
Bolivia recuerda este año el bicentenario de la fundación de la República y también el centenario de la Ley de Imprenta que garantiza el ejercicio del periodismo en el país. Este año llega con un contexto adverso, signado por las vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa.
Según el Observatorio de Derechos de UNITAS, el 2024 cerró con 148 vulneraciones a la libertad de prensa y con 33 vulneraciones a la libertad de expresión.
“Agresiones físicas, despojo de equipos, hostigamiento y amenazas, negación de acceso a la información, violación del secreto de fuente, judicialización del trabajo periodístico, entre otros, fueron las formas con las que se intentó acallar a la prensa”, señala la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), en un comunicado en el que consigna los datos del observatorio.
Agrega que por esta situación extrema “iniciamos el 2025, año de conmemoración del centenario de la Ley de Imprenta, reafirmando el valor de esta norma que regula el ejercicio periodístico y garantiza las libertades de pensamiento y expresión y el derecho a la información, establece la prohibición de la censura previa, la inviolabilidad del secreto de fuente, el derecho de criticar a los poderes, y la prohibición total de la clausura de medios, entre otros mandatos que garantizan la libertad de expresión y de prensa”.
La organización, que agrupa a los periodistas del país, considera que el escenario político fue el terreno más hostil para el ejercicio del periodismo. “De la polarización que durante años enfrentó a oficialismo y a oposición, se pasó a la pugna interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) que incrementó la conflictividad y expuso a periodistas a agresiones, retenciones e incluso amenazas contra su vida”, señala.
Agrega que el 2024 fue otro año más marcado por la violencia y la impunidad porque no fueron escuchadas las denuncias de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país, para que el Estado investigue todos los casos de vulneración a la libertad de prensa, identifique a los responsables y garantice reparación y justicia para periodistas y trabajadores de la prensa víctimas de la escalada de violencia. Un ejemplo de esta situación es el caso Las Londras, que a tres años de su perpetración no hay reparación ni justicia para los periodistas agredidos, secuestrados y amenazados de muerte.
“En el balance, consideramos que existe un patrón de violencia sistemática que afecta gravemente la libertad de prensa en Bolivia y que se ha extendido desde los organismos del Estado hasta algunos partidos y algunas organizaciones sociales que se han vuelto hostiles al trabajo de la prensa e incluso han incurrido en violencia y amenazas. La situación de riesgo y violencia ha sido advertida por entidades de derechos humanos y se refleja en el ranking mundial de libertad de prensa que nos sitúa en el sitio 124 de 180 países evaluados”, señala la institución, que está presidida por la periodista Zulema Alanes.
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