La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Fundación para el Debido Proceso (DPFF) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM),tres instituciones de carácter internacional conformadas por reconocidos juristas y magistrados, emitieron un informe sobre la justicia boliviana en el que recomiendan al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revisar sus decisiones sobre las elecciones parciales y sobre la prórroga y la utoprórroga de mandato de las autoridades judiciales.
Las entidades recomiendan al Tribunal Constitucional “Revisar sus decisiones sobre la prórroga y auto prórroga de los mandatos de las altas autoridades judiciales de acuerdo con los estándares internacionales”, además de “Revisar la procedencia de las medidas cautelares que suspenden todo el proceso de preselección o elección judicial, así como la suspensión de elecciones judiciales en varios departamentos a partir de recursos individuales presentados por los y las postulantes”.
Este domingo 15 de diciembre se realizan las elecciones judiciales en Bolivia, pero serán unos comicios parciales, porque el TCP declaró desierta la convocatoria en varios departamentos, con lo que los magistrados autoprorrogados que tomaron esa decisión se mantendrán en sus cargos sin alteraciones.
Los actuales magistrados terminaron sus funciones el 2 de enero de este año, pero por decisión del TCP extendieron sus mandatos hasta que haya elecciones.
El informe internacional, que titula «Ni elecciones judiciales integrantes ni reforma judicial», recomienda al TCP “Resolver las acciones constitucionales sometidas a su competencia de forma respetuosa con el principio de congruencia y el principio de corrección funcional”, en momentos en que la entidad recibe una ola de críticas por sus decisiones políticas.
Reforma constitucional
Estas tres instituciones internacionales, además, sugieren reformar la Constitución Política del Estado para cambiar la forma de elección de los magistrados, que debería estar a cargo de una un órgano técnico y no político.
“Revisar el actual mecanismo de preselección y elección de las altas autoridades judiciales dadas las deficiencias de su implementación en materia de independencia judicial y legitimidad del sistema de justicia, así como los problemas generados por la renovación simultánea de todas las autoridades. Para ello, se insta a realizar una reforma constitucional que modifique el proceso de selección para adoptar un mecanismo que elimine la participación e influencia de los poderes políticos, para lo cual se recomienda que la selección esté en cabeza de un órgano técnico e independiente, así como que se establezcan renovaciones escalonadas de las autoridades judiciales”, señala el reporte.
Entre tanto, al Órgano Ejecutivo, le recomiendan “Respetar las atribuciones constitucionales de los órganos encargados de llevar adelante el proceso de preselección y elección de las altas autoridades judiciales y abstenerse de presionar o influir de manera indebida en dicho proceso. En este sentido, cuando las autoridades del poder ejecutivo se pronuncien sobre el proceso de preselección, deben hacerlo de manera respetuosa y absteniéndose de dar declaraciones que estigmaticen la labor de los otros órganos del Estado”.
Perfil de las instituciones
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está integrada por 60 eminentes juezas, jueces, abogadas y abogados de todas las regiones del mundo quienes promueven y protegen los derechos humanos mediante el Estado de derecho, utilizando sus experiencias jurídicas particulares para desarrollar y fortalecer los sistemas de justicia nacionales e internacionales.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover los derechos humanos y el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de incidencia.
La Federación Latinoamericana de Magistrados es una organización conformada por Asociaciones de Jueces y Juezas de 18 países de América Latina, que tiene por objetivo el impulso al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional independiente, orientada entre otros valores por la justicia, las libertades personales, la igualdad, el pluralismo y la solidaridad.
Mira el informe aquí:
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