Diversos actores del país debatieron y lanzaron propuestas para un nuevo modelo de desarrollo. Foto: Sumando Voces
El Foro Político Multiactor concluyó la tarde de este miércoles en La Paz con recomendaciones para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, la recuperación de la institucionalidad democrática a través del respecto a la independencia de poderes y el diseño de ciudades inclusivas y con derechos.
Más de 200 personas, entre representantes de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, del Estado, la cooperación, la academia y el sector privado, se reunieron por dos días en La Paz para analizar la situación de crisis por la que atraviesa el país y que tiene sus expresiones más palpables en la desconfianza mayoritaria de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el colapso del modelo de desarrollo, con impactos negativos en el medio ambiente y en los derechos de la gente.
Algunos integrantes del Estado participaron de los paneles, entre ellos la viceministra de Transparencia, Susana Ríos; la senadora Cecilia Requena, y un representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Muchas otras autoridades también fueron invitadas, pero no asistieron.
“Se recomienda iniciar un proceso de diálogo participativo que permita construir un modelo de desarrollo alternativo, priorizando la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. También se sugiere revisar y actualizar el marco legal existente para promover prácticas sostenibles y transparentes en la gestión de recursos”, señala una de las conclusiones.
Otra de las recomendaciones es “rediseñar, de manera participativa, las estructuras de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, asegurando su independencia y estableciendo mecanismos claros de transparencia. Es esencial crear plataformas digitales accesibles para la ciudadanía que promuevan el control social y sancionen el incumplimiento de normas de transparencia”.
Y, sobre las ciudades, “se propone garantizar la transparencia en los procesos de planificación urbana mediante mecanismos inclusivos y accesibles. Es esencial establecer un pacto fiscal que redistribuya recursos de forma equitativa y priorice inversiones en sectores vulnerables. Además, se deben revisar normativas urbanas para fomentar ciudades inclusivas y establecer alianzas estratégicas entre el Estado, academia y sociedad civil. Finalmente, es crucial implementar protocolos para prevenir la violencia de género y promover campañas de sensibilización en derechos”.
Durante el acto de cierre del evento, la directora de UNITAS, Mila Reynolds, destacó la presencia de “Bolivia en chiquito” y que, entre las conclusiones se haya destacado el diálogo y la necesidad de la despolarización del país, así como la transición de un modelo de desarrollo extractivista a un modelo de desarrollo sostenible y en armonía con la naturaleza.
Reynolds concluyó preguntando para qué queremos recuperar la institucionalidad, tener un nuevo modelo de desarrollo o construir ciudades inclusivas y con derechos, a lo que respondió que de esa manera se garantiza el ejercicio de los derechos.
El modelo en cuestión
Los participantes partieron del precepto de que el modelo extractivista debe ser cambiado, para lo que recomendaron la urgente necesidad replantear las leyes actuales por otras que garanticen el desarrollo sostenible.
Entre los modelos alternativos citaron la importancia de la gestión hídrica, la producción agroecológica, sin embargo, “se señaló que factores como la migración, la escasez de recursos económicos y la falta de conciencia sobre el consumo sostenible dificultan su implementación”.
Asimismo, establecieron que la crisis ambiental deriva en la vulneración de derechos, especialmente donde se desarrollan proyectos extractivos, por lo que se destacó la importancia de garantizar la seguridad de defensores y defensoras ambientales.
Institucionalidad democrática en crisis
Los participantes partieron de la constatación de que “lainstitucionalidad democrática en Bolivia enfrenta una crisis marcada por la falta de autonomía en los órganos del Estado y la influencia política que compromete el equilibrio de poderes. Esta situación afecta la confianza ciudadana y la efectividad de los procesos democráticos”.
Además, agregaron que “la limitada transparencia en la gestión de recursos y decisiones estatales obstaculiza la rendición de cuentas y el acceso equitativo a la información. Finalmente, se observa una necesidad de recuperar los valores democráticos a través de una participación ciudadana fortalecida”.
También recomendaron reformar leyes de organizaciones y partidos políticos para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y los liderazgos femeninos.
Otro de los aspectos que daña la institucionalidad y la democracia es “la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública”. En ese marco, recomendaron la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los participantes destacaron que a través una institucionalidad fuerte y creíble, se puede hacer un adecuado uso de los recursos públicos.
En este panel también salió el tema de la “criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos y la desarticulación de las organizaciones sociales”, por lo que se recomienda crear normativa específica para proteger a los defensores de derechos humanos.
Por ciudades inclusivas
En el tema del crecimiento urbano, los participantes parten del criterio de que éste refleja profundas desigualdades y falta de planificación. “La expansión de la mancha urbana está dominada por intereses privados, mientras que el Estado mantiene un rol limitado. Las ciudades enfrentan conflictos intermunicipales derivados de concepciones cerradas sobre regalías y un choque de lógicas de desarrollo. Además, la atención a grupos vulnerables es insuficiente y segmentada, perpetuando el aislamiento social y la desigualdad en el acceso a servicios”, indican.
Los participantes, además, plantean políticas para el fenómeno de la multilocalidad, por el que la gente vive o trabaja en más de un lugar.
Las conclusiones del foro serán enviadas a las autoridades del Estado y a las diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil, para iniciar el proceso de incidencia pública, en el entendido de que el foro es un punto de partida para la agenda del próximo año.
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