El 14 de diciembre del 2021 se celebró una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Acceso a la Justicia de Personas LGBTI en contextos de violencia. La audiencia fue solicitada por tres redes: la Red de Litigantes LGBTI de las Américas, la Red Sin Violencia LGBTI y la Coalición LGBTTTI & de Trabajadoras Sexuales ante la OEA. Participaron 3 integrantes de la Comisión y el representante de la Oficina de Naciones Unidas para los DDHH de México.
En este escrito nos gustaría profundizar en los obstáculos que existen para el acceso a la justicia de personas LGBTIQ+. Si bien cada país presenta distintas barreras que operan de formas visibles e invisibles; a continuación, plantearemos algunas de las que resultaron más comunes a todos nuestros contextos.
En primer lugar, existe un problema de producción y acceso a datos desagregados sobre violencia. Los Estados no cuentan con sistemas de información que integren las variables de orientación sexual, expresión o identidad de género. La poca información que producen es de difícil acceso por parte de organizaciones de sociedad civil, lo que invisibiliza la magnitud de la violencia y elimina la posibilidad de diseñar políticas públicas de prevención. De igual forma, se evidencia que incluso los procesos judiciales en curso se mantienen bajo reserva, lo que impide el monitoreo de sociedad civil sobre los resultados.
Otro elemento fundamental es la ausencia de fiscalías o unidades de investigación especializadas, que a su vez demuestra poco entrenamiento en la materia por parte de las Ramas Judiciales y fiscales, lo que afecta la debida diligencia. Los principales obstáculos van desde la recepción de la denuncia (por prejuicios en funcionarios públicos que revictimizan) como también en la capacidad de análisis, investigación y recolección probatoria. Esto hace que las fiscalías no consideren adecuadamente el prejuicio como móvil en su hipótesis de investigación y que la valoración de material probatorio sea sesgada o prejuiciosa. Ello impide un buen inicio a la investigación penal e invierte la carga de la prueba en representantes de las víctimas y la sociedad civil que clama por justicia.
En tercer lugar, el desconocimiento de la identidad de género sigue siendo un obstáculo para las personas trans. Episodios de violencia al interior del proceso penal son comunes en varios países, pasando por la negatoria de hacer uso de baños por parte de personas denunciantes, como también el desconocimiento de nombres y géneros identitarios, el cuestionamiento de la credibilidad de testimonios de personas trans, así como la negativa de considerarlas como familia social o de calificar sus asesinatos como feminicidios. Estas conductas plantean un desafío para que la justicia deje de ser un continuo de violencia para las personas con identidades de género diverso.
En cuarto lugar, se realizó hincapié en la protección de víctimas y testigos. Pues su seguridad muchas ocasiones permanece en riesgo. Esto es particularmente fuerte cuando se acude a la justicia para presentar las denuncias penales. Una falla sistemática encontrada en la región es la ausencia de mecanismos de protección y garantías para la seguridad. Esto desincentiva la denuncia y cooperación con la justicia para esclarecer, investigar y sancionar los hechos.
En quinto lugar, se resaltan dos situaciones particulares a ciertos países. De un lado, están aquellos que cuentan con mecanismos de justicia transicional. En Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay por nombrar algunos, las personas LGBTIQ+ no pueden acceder adecuadamente a estos procesos y sus casos no están teniendo la recepción prometida. La memoria, reparación colectiva, las garantías de no repetición para personas LGBTIQ+ están en riesgo de quedar excluidas de estos históricos procesos.
Por otro lado, están aquellos países que recientemente descriminalizaron la homosexualidad. Estados del Caribe Angloparlante y del resto de la región recordaron la importancia de no dejar a nadie atrás, y cómo no solo existen bajos niveles de ratificación de tratados de DD.HH, sino que además a nivel interno el sistema judicial rechaza constantemente las demandas de justicia de las personas LGBTIQ+.
El panorama puede ser desolador. Pero uno de los ejercicios que tuvimos en esta audiencia fue resaltar las buenas prácticas de los países e invitar a los Estados a construir, junto a sociedad civil, una herramienta que nos permita superar estos obstáculos: un Protocolo para analizar, investigar y sancionar los delitos motivados por prejuicio contra personas LGBT. Esta audiencia por tanto fue un esfuerzo de la sociedad civil LGBTIQ+ hemisférica por llamar la atención sobre un tema frecuente y doloroso como es la violencia que vivimos. Pero también creemos que es la apertura de una oportunidad histórica de trabajar para eliminar la impunidad y de construir un contexto más justo para la diversidad.
Por Juan Felipe Rivera y Karen Anaya
Él es Abogado de la Universidad de los Andes de Colombia y ella es abogada feminista de Perú.
Este artículo es parte del boletín Forjando Caminos de ADESPROC Libertad.
