Bolivia se encamina a la tercera versión de las elecciones judiciales para elegir magistrados de las altas cortes del país, pero lo hace en medio del escepticismo, no sólo porque estos comicios no resolverán la crisis estructural del sistema, sino porque existen cuestionamientos a las listas de candidatos y a las restricciones que deben regir durante el proceso previo al voto.
“No tengo claro si va a ser peor el remedio que la enfermedad”, expresó la jurista independiente Katia Saucedo en el programa Sumando Voces en Directo, que se emitió este jueves. En concordancia con ella, la representante de las víctimas de la injusticia en Bolivia, Paola Zeballos, dijo que “estas elecciones son una farsa”, en referencia a los comicios que se llervarán a cabo el 1 de diciembre para elegir a 56 integranes, entre titulares y suplentes, del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
Saucedo considera que la única manera de que el país se libre de los magistrados prorrogados son las elecciones judiciales, sin embargo, tiene observaciones de fondo al proceso en el que se elegirá a los magistrados que se quedarán seis años en sus cargos.
“La ley establece que en caso de no llegar a un número X, en el caso de mujeres y de representación de la plurinacionalidad, se recurra a quienes tienen menos de 130 puntos, pero en ningún momento la ley dice que se podrán subir o se podrán incluir en la lista incluso aquellas personas que hayan reprobado el examen técnico, o sea ese es un asunto de sentido común”, señaló la jurista en referencia a las candidatas que fueron habilitadas pese a haber reprobado el examen, habiendo incluso una calificación de cero sobre 100.
En la misma línea, Zeballos opina que “no puede ser que personas que se han aplazado vayan a postular o vayan a estar en representación de nosotros y nosotros vamos a tener que elegirlos porque no tenemos aún otra alternativa. Tampoco podemos dejarlo en blanco o quedarnos con los prorrogados eternamente”.
Saucedo considera que, por ese motivo, había que declarar desierta la convocatoria para el órgano que no logró cumplir con los requisitos, que es el Tribunal Constitucional.
Restricciones en la campaña
Saucedo también reparó en las restricciones que tendrán que enfrentar los medios de comunicación a la hora de informar sobre los candidatos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Electoral.
A ella le parece bien que los candidatos no puedan hacer campaña, pero “la prohibición vinculada a los medios de comunicación social, para que no puedan emitir alguna información sobre estos postulantes, sobre los de méritos de estos postulantes, bajo pena de nulidades y sanciones muy drásticas, me parece que tiene connotaciones de violación a dos derechos constitucionales, uno la libertad de expresión y otro el acceso a la información”. La jurista considera que “se trata más bien de un blindaje de los postulantes y no de la protección de un derecho”.
Sin resolver la crisis estructural
Sin embargo, el problema de fondo de las elecciones es que no resolverán la crisis institucional de la justicia, explica Saucedo, haciendo referencia a los dos anteriores procesos en los que la mayor parte de la gente votó en blanco o nulo.
Para ella, la selección debe estar alejada de un órgano político como la Asamblea Legislativa porque, ya el país ha sido testigo de la manipulación, lo que lleva a los juristas a no presentarse para preservar su prestigio personal por falta de confianza en el proceso. “Si hubiera habido confianza, usted hubiera tenido la presencia de juristas de gran prestigio en este país”, dijo.
Por eso plantea que, luego de esta elección, que es la tercera en la historia de Bolivia, “hay que cambiar el sistema y si hay que llamar a una Constituyente para eso, hay que hacerlo”.
La prueba de que las elecciones judiciales no resolvieron la crisis del sistema sino que lo empeoraron, es que las cárceles se encuentran hacinadas de detenidos preventivos, con la presencia de familias enteras conviviendo dentro de los penales, expresó Zeballos.
“El hacinamiento es tal que mueren personas en la cárcel y nadie sabe nada, o sea, ni siquiera hay un número real”, dijo.
No solo eso, sino que hay jueces burocráticos, corruptos y hasta algunos que concurren a las audiencias en estado de ebriedad.
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