En el congreso peruano se analiza una norma sobre las ONGs. Foto. Congreso de Perú
Organizaciones de la sociedad civil de Paraguay, Perú y Ecuador se encuentran en alerta porque en esos países se están tratando proyectos de ley y otros instrumentos legales que buscan limitar la acción de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).
La Iniciativa Regional de la Sociedad Civil Rendir Cuentas emitió las alertas correspondientes a los tres países, mediante su sitio web, luego de que estas iniciativas avanzaran en su aprobación en los últimos meses en los tres países.
Paraguay
En el caso de Paraguay, en diciembre de 2023, se presentó un proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. El 8 de julio de 2024 el proyecto fue aprobado en sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, por lo que cuenta con media sanción.
“Las organizaciones de la sociedad civil de Paraguay han manifestado su profunda preocupación por este proyecto, porque consideran que el mismo impone requisitos de información excesivos y onerosos, obstaculizando la gestión y el acceso a financiamiento de las organizaciones, estableciendo un registro obligatorio en el Ministerio de Economía y Finanzas sin procedimientos definidos, lo que permitiría la discrecionalidad y la imposición de restricciones arbitrarias”, indica una nota de Rendir Cuentas.
Las organizaciones también alertan que con la aprobación de este proyecto, el Estado podría apropiarse de recursos privados de las organizaciones, atentando contra su autonomía e independencia y estableciendo multas, suspensiones y hasta disolución, sin un debido proceso ni garantías legales.
Decenas de organizaciones de la sociedad civil de Paraguay expresaron en un comunicado conjunto: “Alzamos nuestras voces en un llamado para defender nuestros derechos clave y el rol crucial que desempeñamos en la sociedad, ante un proyecto de ley que amenaza nuestra existencia misma. Estamos seguros de que el futuro de la democracia y el bienestar social dependen de nuestra acción conjunta”.
Perú
En Perú cursa un proyecto de ley para controlar y fiscalizar los recursos de las ONGs provenientes de la cooperación internacional.
Según Rendir Cuentas, en junio de 2024, la Comisión de relaciones exteriores del Congreso de ese país aprobó un dictamen que recoge el contenido de 5 proyectos de Ley que buscan modificar un conjunto de artículos de la Ley N.º 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El proyecto de ley faculta a APCI a controlar, supervisar y fiscalizar la utilización de recursos que reciben las ONG de desarrollo, provenientes de la cooperación técnica internacional.
La APCI es un organismo público adscrito al ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica. Es la entidad rectora que conduce, organiza, programa, supervisa la cooperación técnica internacional no reembolsable que se gestiona a través del Estado y que provienen de fuentes del exterior de carácter público o privado.
“Pese a que esta definición aparentemente no alcanza a la mayoría de organizaciones no gubernamentales (ONG) pues estos no reciben fondos que se gestionan a través del Estado, la ley citada faculta al APCI a controlar, supervisar y fiscalizar la utilización de recursos que reciben las ONG de desarrollo, provenientes de la cooperación técnica internacional. A partir de esta inclusión, un gran número de ellas son supervisadas por el APCI”, alerta el organismo.
El proyecto además plantea la modificación de las funciones del APCI, “dándole la tarea de registrar organizaciones que hacen activismo político, es decir que “buscar influir en las políticas públicas o en los procesos electorales”. Considera que hacerlo vulnera la Constitución y la ley de partidos políticos”.
Ecuador
Entre tanto, en Ecuador debaten una estrategia de integridad para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y ONGs.
El 18 de junio de 2024, la Secretaría General de Integridad Pública, un ente adscrito a la Presidencia de la República de Ecuador, presentó el documento oficial “Estrategia de Integridad para las Organizaciones de las Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales”. Su contenido y el proceso de diseño del documento han levantado inquietudes en las organizaciones de la sociedad civil, que entienden que la estrategia puede buscar imponer nuevas regulaciones al sector, alerta Rendir Cuentas.
Entre tanto, voceros gubernamentales afirman que se trata de un instrumento de referencia para la rendición de cuentas de forma clara y honesta, y que otorgan técnicas, normativas y “una guía hacia un mejor gobierno involucrando a los actores políticos, sociales y estatales”.
La estrategia dice textualmente que “el gobierno, las empresas y el público en general esperan que las OSC actúen en alineación con su misión, demuestren integridad y sean dignas de confianza, y que muestren una conducta ejemplar en toda la organización. Por lo tanto, la integridad pública no solo es una preocupación para los gobiernos y las empresas, sino que también es clave para garantizar la legitimidad de las OSC”.
Sin embargo, distintas organizaciones de la sociedad civil de Ecuador han planteado problemas referidos a la forma de construcción de la estrategia, manifestando que se realizó sin consultar con las organizaciones a quienes afectará directamente. Por otra parte, algunas voces desde la sociedad civil se inclinan por preferir un acto legislativo, y no una política aprobada por el Poder ejecutivo, como la recientemente presentada.
“Un tema que nos llama la atención, y preocupa, es el apartado sobre doce “acciones estratégicas” que deben cumplir las OSC y las ONG. Se trata en realidad de los doce compromisos del Estándar Global para la rendición de cuentas de las OSC, un estándar voluntario, cocreado por 10 redes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden adoptar e implementar para fortalecer sus prácticas de rendición de cuentas”, indica Rendir Cuentas.
Para la estrategia recientemente presentada por el gobierno ecuatoriano, las organizaciones deberán presentar un informe de rendición de cuentas una vez al año, basado en los mencionados 12 compromisos; si no lo hacen, corren el riesgo de perder su personería jurídica.
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