Editorial Sumando Voces
En tiempos en que campea la corrupción, la violencia sexual contra la mujeres, la manipulación y la intolerancia en la administración pública, puede resultar una candidez de nuestra parte promover la ética y la decencia en la política, pero no podemos dejar de hacerlo porque ahí se encuentra la base de una gestión orientada a los intereses de la gente y no al beneficio personal.
Los últimos hechos que involucran al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, son una muestra de las profundidades donde puede caer un político.
El primer caso estalló en mayo, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pidió a la Fiscalía que investigue a Huaytari por legitimación de ganancias ilícitas. Luego se supo que el acusado había recibido 193 depósitos por 1,4 millones de bolivianos en una cuenta mancomunada con su esposa.
La última denuncia data de esta semana, cuando un grupo de diputados evistas acusó a Huaytari de haberse adjudicado cuatro camiones incautados al narcotráfico y, como prueba, mostraron una fotografía en la que se ve al diputado supuestamente haciendo seguimiento a los motorizados en un garaje. Los diputados Gladys Chumacero, María Cristina Choque y Pedro Francisco Coro pusieron la denuncia en la Fiscalía de Potosí por el delito de beneficios en razón del cargo.
Pero, en medio de esas dos denuncias saltaron otras dos que involucran a cercanos colaboradores de Huaytari. El jefe de contrataciones de la Cámara de Diputados fue encontrado en flagrancia recibiendo una coima de 74.400 bolivianos a una empresa que presta servicios en esa entidad; y el jefe de recursos humanos fue acusado de haber violado a una dependiente en instalaciones de la Asamblea Legislativa bajo la amenaza de despedirla del trabajo. Ambos funcionarios fueron enviados a la cárcel.
Ante estas denuncias, legisladores opositores y evistas pidieron la renuncia de Huaytari, pero él respondió que le fabrican casos y que algunos legisladores caen en el juego pidiendo su renuncia. Dice que se mantendrá en el cargo y que ya solo le quedan dos meses para cumplir con sus metas, entre las que citó la selección de candidatos judiciales y la elección de un nuevo Fiscal General.
Huaytari no es el primero y seguro no será el último funcionario en ser acusado de corrupción; la recurrencia de las denuncias habla de un patrón de comportamiento que no debe ser pasado por alto. El Informe de situación 2023, que UNITAS acaba de presentar, reporta que la institucionalidad democrática es el derecho más vulnerado la pasada gestión y la tercera categoría dentro de ese ítem es la referida a la corrupción de autoridades públicas.
Estamos hablando nada menos que del cuarto hombre del país, un funcionario que se encuentra en la cadena de sucesión de mando, que representa al pueblo potosino y que dirige una de las cámaras del primer poder del Estado.
Si hay corrupción, beneficios en razón del cargo o violencia sexual contra las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa, órgano cuya misión es fiscalizar los actos de los demás poderes del Estado, entonces ¿Qué más se puede esperar del resto del aparato público?
Frente a situaciones como la descrita, quien pierde es la ciudadanía, que ha confiado en sus mandantes para administrar los bienes del Estado y lo mínimo que espera es decencia, ética, transparencia, para no hablar de eficiencia, profesionalismo y acciones por el bien común.
Además de responder a la Fiscalía y a la justicia, un político debe ser juzgado por el pueblo, porque ahí reside su legitimidad.
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