Roberto Méndez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe denominado «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia», que analiza la situación de los derechos humanos y en la que destaca, entre las 32 recomendaciones, que la “labor de la prensa no debe ser criminalizada” a propósito de las denuncias escuchadas sobre los discursos de odio que tildan de “cartel de la mentira” o “cloacas de baño” a medios de comunicación que no son afines al partido en función de gobierno, por las amenazas de juicios penales, de citaciones judiciales para revelar sus fuentes, entre otras.
“Se debe adecuar el derecho interno para que la protección al honor y a la reputación no ocurra por medio del uso del derecho penal, de tal forma que, garantizando la libertad de expresión y de prensa, las eventuales responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión transcurran en otro ámbito jurídico, distinto al criminal”, dice el informe emitido como una de las conclusiones de su visita llamada “in loco” ocurrida desde el 27 al 31 de marzo del 2023.
En la misma línea pide “diseñar e implementar una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística, como manera de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática”, recomendación que surge tras las denuncias de cierre de medios como el periódico Página Siete de La Paz asfixiado por las presiones impositivas y discriminación de publicidad estatal; y por la compra del periódico Los Tiempos, de Cochabamba, por parte del Grupo Empresarial Valdivia, liderado por el exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) luego que directivos del rotativo denunciaran una “campaña de asfixia económica y presión política” por parte del Gobierno y del propio Valdivia, que era socio minoritario en ese entonces.
En ese tema plantea un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado.
Asimismo, la CIDH pide adoptar una ley para garantizar el derecho al acceso a la información, que vincule a todos los órganos del Estado en todos sus niveles de su organización.
Asimismo el organismo internacional sugiere al gobierno boliviano diseñar e implementar un plan de estímulo para que los medios de comunicación adopten, voluntariamente, medidas dirigidas a su autorregulación, como son los códigos de ética, la formación de consejos de prensa, la adopción de principios para una cobertura ética, los sistemas de reclamación, entre otros.
La recomendación surge en un contexto en el que han surgido muchas denuncias, principalmente contra portales digitales de periodistas o de quienes se hacen llamar así, y que vulneran los códigos de ética, revelan identidad de menores de edad involucrados en abusos sexuales y de cobros al mejor postor por publicar determinada información.
Pero surge cuando en algunos municipios como el de Santa Cruz se empiezan a reconformar los Tribunales de Imprenta y en el contexto nacional cuando el Tribunal Nacional de Ética Periodística cobra más fuerza para tratar las denuncias de excesos de periodistas y medios de comunicación y también de respeto a la libertad de expresión y de prensa contemplados en la normativa nacional e internacional.
Asimismo la CIDH pide investigar, procesar y, en los casos aplicables, sancionar, de manera adecuada y oportuna, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden en contextos de protestas sociales, incluyendo los responsables por la cadena de mando. Y la recomendación la realiza luego de escuchar denuncias de agresiones contra ciudadanos, dos de ellos que quedaron ciegos tras ser atacados por la policía y de medio centenar de periodistas que fueron agredidos por agentes policiales y que los casos quedaron en la impunidad.
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Roberto Méndez es periodista
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