El juicio en contra de dos guardaparques ha causado indignación entre diversos sectores, instituciones y líderes de opinión que defienden los derechos de la naturaleza, entre ellos, la senadora ambientalista Cecilia Requena y la asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, Jenny Gruenberger, quienes participaron como panelistas del programa Sumando Voces en Directo que se difundió el jueves pasado.
Ambas consideran que el juicio instaurado por el minero cooperativista Ramiro Cuevas en contra de los dos guardaparques refleja que Bolivia es una especie de “mundo al revés”, porque quienes deberían ser enjuiciados por las instituciones del Estado son Cuevas y otros mineros auríferos que operan ilegalmente en los ríos del norte del país.
“Esta es una ilustración clarísima de cómo el país está funcionando simétricamente de manera opuesta a lo que tiene que funcionar, quienes tienen que estar en el banquillo de los acusados son los mineros ilegales y no están en el banquillo”, dijo la senadora Requena.
Explicó que el Sernap, la Ajam y el Ministerio de Minería deberían tomar acciones contra la minería ilegal, pero no lo hacen y, lo que es peor, no defienden a los guardaparques acusados de difamación y calumnia por el minero aurífero.
“Todas estas autoridades no solo están siendo cobardes, sino cómplices, y están garantizando la ilegalidad y la impunidad”, dijo la senadora, quien agregó que “Bolivia es el mundo al revés, es tal el descontrol de la minería que son ellos que le están metiendo juicio”.
Jenny Gruenberger consideró que “nuestra justicia está patas arriba, no está preocupada por mejorar, sino que está cooptada por poderes económicos que van en sentido contrario a lo que la lógica nos dice”.
El programa Sumando Voces en Directo también presentó el testimonio del guardaparque Raúl Santa Cruz, quien intentó frenar el ingreso de un convoy de maquinaria pesada al parque Madidi y, como respuesta, recibió agresiones verbales de parte del minero Ramiro Cuevas. Esa declaración fue realizada en el marco del juicio oral.
También fue entrevistado el presidente de la Asociación de Guardaparques de Bolivia, Marcos Uzquiano, quien también está acusado en el mismo juicio por haber publicado en su Facebook la agresión que sufrió su compañero, como una forma de pedir auxilio y resguardar su vida.
Uzquiano no sólo confirmó que el Sernap no está dando ningún tipo de apoyo a los dos guardaparques para enfrentar el juicio, sino que él debe pedir los días libres que le corresponden cada mes para asumir su defensa. E, incluso, esa modalidad está en la mira de las autoridades.
Dijo que esperaría al menos “una palmadita en el hombro” o algún tipo de apoyo moral, pero “al contrario, lo que me entero es que están indagando, pidiendo informes a mi área protegida, a la estación biológica del Beni, averiguando como estoy aquí (en La Paz), si tengo permiso o no tengo permiso”. Agregó que él solicitó sus 10 días de descanso que están establecidos en el reglamento para asumir su defensa.
Respecto a la falta de apoyo, dijo que “no es algo que me hace falta, pero es algo que te duele”. Insistió que no quiere que se malinterprete porque él tiene “cariño y aprecio” por su institución, pero que está solo en su defensa.
Grupos de poder
Para Jenny Gruenberger, en el trasfondo del asunto están las políticas de desarrollado. “Hay dos partes que, en este caso, y se las ve de manera palpable; tenemos por un lado los guardaparques que son funcionarios públicos y que representan todas esas personas que nos importa proteger la naturaleza (…) y, por otro lado, están estos grupos de poder, no es una persona”.
“Esta lucha es lo que se está expresando en este caso de manera tan dramática y tan irracional”, indicó.
Agregó que, si bien existe una buena legislación y se ha ratificado el acuerdo de Escazú, se están destruyendo los medios de vida y en eso se están cometiendo una serie de vulneraciones.
Informó que LIDEMA hace un seguimiento a los derechos que defiende el acuerdo de Escazú y que, en un levantamiento parcial que comenzó en junio del año pasado, se han detectado 543 casos, con un registro de más de 6 mil vulneraciones a los derechos básicos de acceso a la información, derecho a la participación pública, derecho al acceso a la justicia, los derechos de los defensores de la naturaleza y el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano.
Aquí puedes ver el programa completo:
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