La Asamblea Legislativa no logra retomar el trabajo de selección pese a varios intentos. Foto: Cancillería
ANF
Las debilidades técnicas, la crisis institucional, la falta de voluntad política e independencia que se registró en la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ocasionaron que el proceso pierda credibilidad y no garantice que se desarrolle de forma transparente.
“Si sumamos las debilidades técnicas del proceso, la crisis de institucionalidad, la falta de independencia de los órganos del Estado y la falta de voluntad política no creemos que un proceso como este pueda dar buenos resultados. Todo este escenario está contribuyendo a mostrarnos que este proceso de elección ha perdido las garantías para elegir a los mejores profesionales para ocupar los cargos de magistrados”, afirmó a la ANF la responsable de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Sandra Verduguez.
En ese sentido, la directora ejecutiva de la Fundación Construir, Susana Saavedra, dijo que, si bien las comisiones mixtas del Legislativo cumplieron con la norma y el reglamento de preselección, hubo desinformación y demora en el proceso tomando en cuenta que las listas debieron ser entregadas en mayo.
“El tema de las elecciones tiene varias aristas, nosotros que hemos seguido este proceso de cerca hemos visto que se ha cumplido con la ley y con el reglamento, pero hubo mucha desinformación y ha sufrido muchas demoras. Sin embargo, consideramos que puede retomarse el trabajo”, indicó.
La preselección de postulantes a magistrados se encuentra paralizado desde mediados de abril, el proceso fue torpedeado por más de una decena de recursos legales, entre amparos constitucionales y una acción popular que interpusieron los candidatos que fueron inhabilitados por las comisiones, quienes sostienen que sus derechos fueron lesionados.
Otros factores
Verduguez cuestionó que los postulantes observados hayan presentado recursos legales a cuenta gota, como si estuviera planificado con el fin de perjudicar el proceso, además observó que los habilitados no hayan interpuesto un amparo constitucional para hacer prevalecer sus derechos.
“Si bien tienen el derecho, según la Constitución, de recurrir a ellos porque han sentido que sus derechos han sido vulnerados, estos están presentando poco a poco y de manera planificada, porque podían presentar, en estos últimos tres casos, hace un mes porque el proceso no ha avanzado desde ese tiempo”, señaló.
El segundo elemento objeto de análisis es la falta de voluntad política de los legisladores de la Asamblea Legislativa, para llegar a consensos y reanudar la fase de evaluación oral. Lamentó que la reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca no haya tenido resultados.
“No hay voluntad política, lo hemos visto desde hace tiempo y lo confirmamos ahora. Ante el encuentro político que llamó el TSE, uno podría haber pensado que a partir de esos encuentros los consensos iban a llegar con mayor facilidad. El espacio que ha sido convocado por el presidente de la Asamblea Legislativa tampoco ha servido para llegar a consensos, las comisiones han decidido seguir con el proceso, pero han surgido otros procesos de amparo”, señaló la responsable de la OCD.
Por otra parte, dijo que no existen las condiciones para que las comisiones mixtas retomen el examen oral, tomando en cuenta que las preguntas han sido observadas porque presuntamente se filtraron a los postulantes. Estimó que, ante esos elementos, este proceso no garantiza la selección de los mejores postulantes para ocupar los cargos de altas autoridades de la justicia ordinaria y constitucional.
Finalmente, dijo que en caso de que se retome este proceso, existe el riesgo que en el momento del sufragio se incrementen los votos blancos y nulos por la falta de información y seriedad con la que los postulantes fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa.
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