La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara Baja, presidida por Juan del Granado, recibe el informe de veeduría ciudadana.
La incorporación de un examen escrito y una entrevista estructurada en las etapas finales de la preselección de magistradas y magistrados, así como en la designación de vocales electorales, es una de las principales recomendaciones que la Fundación Jubileo, la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y la Red UNITAS presentaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
La propuesta apunta a que la meritocracia y la probidad se conviertan en requisitos efectivos, medibles y complementarios en la elección de autoridades que ejercen funciones clave para el Estado. En ese sentido, sugieren la modificación de los reglamentos correspondientes, incorporando estándares internacionales.
El documento que recoge esta iniciativa contiene los hallazgos de la veeduría ciudadana realizada a la preselección de magistradas y magistrados para las elecciones judiciales de 2024 y al proceso de selección y designación de vocales electorales en 2025. De acuerdo con el informe, ambos procesos evidenciaron la necesidad de fortalecer los reglamentos para reducir márgenes de discrecionalidad y garantizar criterios técnicos y verificables.
El planteamiento de incorporar un examen escrito busca evaluar conocimientos jurídicos y competencias técnicas bajo parámetros objetivos, mientras que la entrevista estructurada permitiría valorar la idoneidad ética y profesional mediante indicadores previamente definidos. En criterio de las instituciones a cargo de la veeduría, solo la combinación de ambos instrumentos puede asegurar que mérito y probidad sean evaluados de forma integral.
Representantes de Jubileo y UNITAS destacaron que la adopción de estándares internacionales y la incorporación de las lecciones aprendidas de las elecciones judiciales de 2011 y 2017 son fundamentales para fortalecer la credibilidad institucional.
También valoraron que, pese a realizar veedurías desde 2022, esta es la primera vez que pueden presentar directamente sus recomendaciones ante la Comisión legislativa.
Con elecciones judiciales complementarias previstas para junio, según información del Tribunal Supremo Electoral, la entrega del informe de veeduría busca la revisión anticipada de los reglamentos. Ambas entidades coinciden en que, mejorar los mecanismos de evaluación no solo impacta en la calidad de las designaciones, sino también en la confianza ciudadana y en la consolidación de la democracia.
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