Unos declaran nulos los actos de los otros y viceversa: Crisis de institucionalidad y conflicto de poderes por los prorrogados

Democracia

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Mery Vaca

Andrónico Rodríguez promulga la Ley que cesa en sus funciones a los magistrados. Foto: X de Rodríguez

El conflicto de poderes entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que a su vez tiene el respaldo del gobierno de Luis Arce, se ha agudizado en las últimas horas debido a que el presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, promulgó la Ley 075, que cesa de sus cargos a los magistrados prorrogados por orden del TCP y declara nulos sus actos desde el 2 de enero de este año.

Rodríguez tomó esa atribución de la presidencia de la Asamblea Legislativa, toda vez que el titular de esa cartera, David Choquehuanca, está en función de presidente del Estado, debido a que el mandatario Luis Arce salió de viaje al extranjero.

Sin embargo, el arcismo argumenta que la promulgación de esta ley carece de validez porque la sesión de junio en la que fue aprobada, fue declarada nula por el propio TCP. En todo caso, esa declaratoria también sería nula si la ley de Andrónico Rodríguez entrara en vigencia.

En resumen, sería una ley nula porque salió de una sesión nula, pero en contrapartida, todos los actos de los magistrados serían nulos con esta ley declarada nula. Ese es el grado de desinstitucionalización en el que se encuentra el Estado boliviano.

La promulgación fue aplaudida por el evismo y la oposición, pero rechazada por el Gobierno de Arce.

La Ley firmada por Rodríguez dispone que, para no paralizar las funciones jurisdiccionales, los jueces más antiguos de cada sala constitucional reemplacen a los magistrados prorrogados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

La ley que promulgó Rodríguez fue aprobada en una sesión de junio que luego fue declarada nula por el mismo TCP, lo que muestra que el conflicto de poderes entre el Judicial y el Legislativo no es reciente. De hecho, obedece a una crisis de institucionalidad en la que está sumida Bolivia y que se ha agravado desde la prórroga de mandato de los magistrados, es decir, desde diciembre de 2023.

“Estamos atravesando un proceso de total desinstitucionalización que pone en grave riesgo la estabilidad institucional y económica de Bolivia. Nuestro país necesita retomar el camino del orden, la ley y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE)”, escribió Rodríguez en su cuenta X para justificar la promulgación de la citada ley.

De hecho, la norma para que entre en vigencia debe ser publicada en la Gaceta oficial, que depende del Ministerio de la Presidencia, por lo que es previsible que ese paso no se cumpla.

“No se puede permitir la consolidación de instancias con suprapoderes; los órganos del Estado tienen igual jerarquía y deben trabajar dentro el marco de la coordinación y cooperación, como manda la CPE”, continuó Rodríguez en su cuenta X, donde informó que promulgó la norma, que “tiene como objetivo consolidar la cesación de funciones de las autoridades judiciales cuyo mandato feneció el 2 de enero de 2024 y que fue prorrogado de manera indebida”.

Rodríguez también promulgó la Ley que autoriza el financiamiento para el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, específicamente el tramo 2B Confital-Bombeo.

El jefe del MAS, Evo Morales ha felicitado a Rodríguez “por su valentía”. “La promulgación de las leyes 075 de cese a los ex magistrados autoprorrogados y 079 del préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi, se realiza en absoluto respeto a la CPE y marcan un hito importante en el respeto necesario a la institucionalidad del Estado. Felicitamos la valentía de nuestro compañero Andrónico Rodríguez, en su condición de Presidente en Ejercicio de la Asamblea Legislativa”, escribió Morales en su cuenta X.

Morales fue el directo afectado por los recientes fallos del TCP, que le cerraron el paso a una candidatura y le quitaron el control de la sigla del MAS para entregársela a Luis Arce.

El Gobierno y los legisladores arcistas en cambio, le restan valor y legalidad al acto de Rodríguez.

“Lamentamos mucho que se esté equivocando de esta manera, te pido no te equivoques al promulgar una ley inconstitucional. Te exhorto hermano Andrónico, no te equivoques”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

“(Esa ley) tiene completa carencia de validez legal y nos apena que Andrónico Rodríguez se haya prestado al juego de dejar sin efecto más de 8.000 sentencias constitucionales en todo el territorio nacional, pero con un objetivo nefasto que es buscar la habilitación del señor Evo Morales, transgrediendo la Constitución”, señaló por su parte el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

El diputado Carlos Alarcón (CC), considera que Rodríguez ha actuado “haciendo respetar a la Asamblea Legislativa como el primer poder del Estado” por lo que insta al Tribunal Supremo Electoral a retomar la totalidad de las elecciones judiciales, que en una gran parte del país han quedado truncas por otro polémico fallo del TCP.

“El día de mañana (hoy) tienen que limpiar sus escritorios y tienen que asumir su responsabilidad con la justicia, Los magistrados han causado un descalabro constitucional completo. Han pretendido destruir la democracia”, dijo Alarcón.

El periodista y abogado Andrés Gómez escribió en su cuenta X que “los autoprorrogados no son dignos. ¿Actuará la Policía para echarlos? Si se ejecuta esta ley, Arce quedará sin su guillotina judicial. Sin poder legislativo, sin poder judicial y sin apoyo popular, sus últimos días serán difíciles. ¿Hará algo para mantener a los autoprorrogados?”.

Entre tanto, los magistrados decidieron continuar con su labor como si nada ocurriera. “El Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a la disposición cuarta de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 11 de diciembre, de carácter vinculante según el Art. 203 de la Constitución Política del Estado, aclara a la población y al público usuario, que viene desarrollando sus labores jurisdiccionales y administrativas con absoluta normalidad”, se lee en un comunicado de la máxima entidad de justicia del país.

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