Una manifestación de defensores y defensoras ambientales de Perú, reunidos en un encuentro nacional. Foto: internet.
Tres defensores ambientales fueron condenados a cuatro años de prisión en Ecuador por oponerse al proyecto minero Curipamba-El Domo, en la provincia de Bolívar, en un contexto marcado por denuncias de criminalización contra líderes sociales e indígenas, según el más reciente monitoreo de libertades cívicas de CIVICUS.
La condena ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un patrón sostenido de criminalización de líderes sociales en ese país.
De acuerdo con el informe de CIVICUS Monitor, el 23 de febrero de 2026 “tres defensores fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de violación de propiedad privada”, en relación con acciones de resistencia frente a este proyecto extractivo en la provincia de Bolívar.
Los defensores condenados son Piedad Guaranda, María Ortega y Wilfrido Escobar, quienes además deben pagar 15 salarios básicos (482 dólares al mes) por el delito de «violación de propiedad privada».
Los tres habían denunciado que la operación minera contaminará las fuentes hídricas y, en consecuencia, provocará el desplazamiento forzado de la población. Pero además, reclamaron la falta de una consulta previa entre las comunidades afectadas.
El caso no es aislado. El mismo reporte señala que al menos 32 defensores continúan bajo investigación en Bolívar y Los Ríos, vinculados a la oposición a iniciativas mineras, mientras que organizaciones locales reportan un incremento sostenido de procesos judiciales contra líderes comunitarios.
El Frente Nacional Antiminería (FNA) denunció que más de 200 líderes sociales han sido investigados o procesados en distintas provincias con alta presencia indígena, como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, según información publicada por el Business & Human Rights Resource Centre.
En esa misma línea, organizaciones nacionales e internacionales alertaron que el sistema judicial estaría siendo utilizado como mecanismo de presión contra quienes defienden territorios y recursos naturales. En un pronunciamiento difundido por Front Line Defenders, se expresó “preocupación por otra sentencia contra personas defensoras de derechos humanos en Ecuador”, subrayando que estos procesos “forman parte de un patrón de criminalización”.
El contexto se agrava por la construcción de narrativas que vinculan a organizaciones indígenas con actividades ilícitas. CIVICUS advierte que autoridades y algunos medios han promovido discursos que asocian a estos grupos con “terrorismo y crimen organizado”, lo que contribuye a su estigmatización.
Este escenario ya había sido documentado durante el paro nacional de 2025 liderado por la CONAIE debido a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el gobierno de Daniel Noboa en septiembre, lo que provocó un aumento del precio en 56%. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos concluyó que existieron vulneraciones a derechos fundamentales, incluyendo persecución judicial contra líderes sociales, en medio de protestas contra políticas económicas y extractivas.
Por su parte, el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) ha señalado que los pueblos indígenas en Ecuador enfrentan crecientes riesgos cuando defienden sus territorios frente a actividades extractivas, incluyendo judicialización, violencia y restricciones a su autonomía.
Las organizaciones coinciden en que la condena por el caso Curipamba-El Domo se inscribe en una tendencia más amplia que debilita el espacio cívico y afecta el derecho a la protesta, en un país donde la conflictividad socioambiental sigue en aumento.
Criminalización de la defensa en Bolivia
El caso de Ecuador no es ajeno a Bolivia. Al momento, cerca de 30 defensores y defensoras de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía enfrentan procesos penales instaurados por la petrolera brasileña Petrobras y la estatal YPFFB que los acusan de los delitos de obstrucción de funciones, atentado contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa.
El abogado de un grupo de los defensores de Tariquía, Roger Ibarra, explicó a Sumando Voces que, actualmente, existen dos procesos contra comunarios que se oponen al proyecto DOMO OSO X3, en defensa de su hábitat y de la cuenca hídrica que abastece de agua a la zona y a la ciudad de Tarija. En el primero, iniciado en octubre de 2024, 12 personas serán llevadas a juicio En un segundo proceso, otras 17 personas fueron denunciadas, de las cuales cinco enfrentan ambos casos.
Ibarra dijo que una posible sentencia por estos delitos no implicaría que ingresen a la cárcel al tratarse de penas menores de dos años de reclusión (lo que les permitiría acogerse al perdón judicial). Sin embargo, una posible condena implicaría que terminen con antecedentes penales de por vida. Pero además, las empresas exigen el pago de un resarcimiento económico aduciendo perjuicios en el avance del proyecto.
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