Carnaval de Oruro. Foto tomada de Denomades
Luego de la mediación de la Defensoría del Pueblo, se determinó que los periodistas locales, nacionales y corresponsales internacionales podrán realizar la cobertura del Carnaval de Oruro sin necesidad de acreditarse ante el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO). Se estableció que las credenciales emitidas por medios de comunicación y asociaciones serán válidas en todo el territorio nacional.
«La cobertura del Carnaval de Oruro se podrá realizar con las credenciales de nuestros medios de comunicación y/o asociaciones, válidos en todo el territorio nacional, por tanto, no es obligatorio el pago ni la acreditación ante el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro», refiere el punto 1 del documento conciliatorio.
El conflicto surgió tras la decisión del STPO de pedir un pago para la acreditación de periodistas que pretendían cubrir el evento. Esto generó rechazo por parte de diversas asociaciones de prensa y organizaciones de derechos humanos, que consideraron que la medida vulneraba derechos fundamentales.
“Los cobros para la acreditación de periodistas para la cobertura informativa del Carnaval de Oruro por parte del STPO restringen la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la información protegidos por la normativa nacional e internacional”, señalaron las organizaciones firmantes del acuerdo.
Otro de los puntos refiere que el «STPO garantiza la libertad de prensa y de información, y el acceso sin restricciones a los espacios y áreas definidas para la cobertura del Carnaval de Oruro». En este sentido, los periodistas podrán registrar y documentar cualquier limitación a su labor informativa.
Además, se exigió el desagravio público a la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, quien fue declarada «persona no grata» por el STPO. Las organizaciones solicitaron a la Defensoría del Pueblo que tome acciones para erradicar este tipo de prácticas, las cuales consideran que promueven discursos de odio y descalificación pública.
El acuerdo fue respaldado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz (AMCDLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas.
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