Reunión entre representantes del gremio periodístico y legisladores. Foto: UNITAS
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia informó que la Cámara de Diputados admitió la reposición del proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, reactivando así su tratamiento legislativo tras haber quedado fuera de agenda en la anterior legislatura, pese a contar con aprobación previa del Senado.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, explicó que la solicitud fue impulsada por siete organizaciones representativas del sector periodístico, en articulación con entidades de la sociedad civil, con el objetivo de retomar el trámite de una norma considerada clave para la transparencia.
“Hemos demandado la reposición en la Cámara de Diputados de la Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública que ha sido aprobada por consenso en el Senado (…) y nos han informado que la reposición ya ha sido admitida”, señaló.
La reposición fue derivada a la Comisión de Justicia Plural, instancia que —según Alanes— inició el análisis técnico del proyecto y se comprometió a elaborar el informe correspondiente para su tratamiento en el pleno. La dirigente remarcó que la iniciativa tiene carácter preferente, debido a que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta y sin observaciones.
El proyecto había sido remitido a Diputados tras su aprobación en el Senado en 2024, pero no fue incluido en la agenda legislativa, lo que obligó a su reposición para continuar el trámite. Este paso marca la reactivación de una norma que lleva más de tres años de debate y construcción colectiva.
El impulso actual es respaldado por un bloque amplio del sector: la ANPB, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Medios Digitales de La Paz, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación Boliviana de Radiodifusión.
A este proceso se suman organizaciones de la sociedad civil como la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), la Fundación Construir, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Comunidad de Derechos Humanos y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que participaron en la elaboración del proyecto junto a instituciones públicas y especialistas.
La propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Constitución, pero aún sin una ley específica que regule su aplicación. Actualmente, Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que no cuentan con una normativa integral en esta materia..
El proyecto establece principios como la máxima divulgación de la información, plazos definidos para la respuesta de las instituciones públicas —de hasta 15 días hábiles—, mecanismos de impugnación y sanciones para funcionarios que incumplan con la entrega de información.
Además, plantea la creación de una instancia especializada bajo la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento de la norma y atender denuncias por negativa u obstaculización en el acceso a datos públicos.
Para Alanes, la aprobación de esta ley no solo fortalecerá el ejercicio del periodismo, sino que permitirá a la ciudadanía acceder a información estatal de manera efectiva, contribuyendo a la fiscalización del poder público, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema democrático.
No obstante, advirtió que el avance del proyecto dependerá de la voluntad política en la Cámara de Diputados. En ese marco, el sector anunció que iniciará gestiones de incidencia ante distintas fuerzas legislativas para asegurar su aprobación y culminar un proceso que consideran una deuda histórica del Estado boliviano.
Sociedad civil insiste en la urgencia de la norma
Desde la sociedad civil, la coordinadora del programa de Defensa de Derechos de UNITAS, Tania Nava, destacó que la reactivación del proyecto es resultado de un trabajo sostenido de articulación entre organizaciones nacionales e internacionales que, desde 2022, impulsan la aprobación de una ley que garantice el acceso a la información y documentación pública.
Nava explicó que esta normativa es clave no solo para periodistas, sino para toda la ciudadanía, ya que permitirá acceder a información “veraz, oportuna y basada en evidencia”, evitando que los datos oficiales se conviertan en un riesgo o una barrera para la investigación. En ese sentido, subrayó que el acceso a documentos públicos es fundamental para fortalecer la transparencia y abrir el trabajo del Estado al escrutinio ciudadano.
Asimismo, recordó que distintos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recomendado a Bolivia avanzar en la aprobación de esta ley, al considerarla una condición necesaria para garantizar derechos y consolidar el Estado de derecho.
La coordinadora advirtió que, en un contexto marcado por la desinformación y la proliferación de noticias falsas, contar con reglas claras sobre el acceso a información pública permitirá mejorar la calidad del debate público y reducir la circulación de contenidos sin sustento. “No se trata de limitar la información, sino de establecer mecanismos claros para su acceso”, remarcó.
Finalmente, Nava señaló que el desafío ahora está en la Cámara de Diputados, donde —dijo— se espera que el tratamiento avance con apertura al diálogo técnico y participación de expertos, con miras a lograr su aprobación y posterior promulgación.
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