Transportistas bloquean la ciudad de La Paz con buses. Foto: El Bunker
El bloqueo es el arma más usada en la guerra interna del MAS. Por un lado, los seguidores de Evo Morales cumplen 11 días de bloqueo en las carreteras, mientras los choferes del transporte interdepartamental iniciaron un bloqueo de calles en la ciudad de La Paz en protesta por el bloqueo evista.
Entre tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió bloquear a la Asamblea Legislativa instruyéndole que frene el tratamiento de la Ley de convocatoria a las elecciones judiciales hasta que acate la prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes del país.
De todas formas, la Asamblea también estaba bloqueada porque no hay acuerdo justamente sobre la autoprórroga, porque el evismo exige que los magistrados cesen en sus funciones de inmediato, mientras que el arcismo solo se enfoca en la ley y no en los autoprorrogados.
El bloqueo de los evistas, que afecta al corazón de Bolivia y por tanto incomunica a Cochabamba con varios departamentos, busca el cese de los magistrados autoprorrogados y la aprobación inmediata de la Ley para las elecciones judiciales.
Esa medida ha provocado grandes pérdidas a la economía boliviana y, entre los más afectados están los transportistas interdepartamentales, que este jueves salieron a bloquear las calles de La Paz. Según un reporte de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, el sector ha perdido 27 millones de bolivianos en los primeros 10 días de bloqueo.
A eso se suma la escasez de combustibles en La Paz, que según el Gobierno es ocasionada por el bloqueo, aunque diversos analistas sostienen que el combustible llega vía Chile y que, por tanto, no debería estar afectada la provisión por el bloqueo. Por el contrario, atribuyen esta escasez a la carencia de dólares en el Banco Central de Bolivia.
Mientras la economía y la gente sufren por los bloqueos de uno y otro lado, los magistrados del TCP, lejos de contribuir a la solución, han pateado el tablero al emitir una declaración que quiere obligar al Legislativo a acatar la prórroga que, según juristas independientes, es inconstitucional.
El auto del TCP emitido este miércoles indica: «Ha lugar la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes Molina, presidente del TSJ, disponiendo que la ALP, con carácter previo a reasumir el tratamiento del Proyecto 144 de Ley Transitoria para las elecciones judiciales, en sus diferentes etapas, incluido las fases previas, necesariamente debe acatar la DCP 0049/2023 del 11 de diciembre, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena de este Tribunal resuelva la queja por incumplimiento formulado el 24 de enero”.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha señalado que ese es “otro acto nulo” del TCP, que “no puede dirigir las atribuciones del Órgano Legislativo”. Agregó que el mandato del TCP y el TSJ venció y no es “auto prorrogable”.
El expresidente Carlos Mesa escribió en su cuenta X que “los vocales y magistrados del TSJ y del TCP han sobrepasado todo límite de legalidad, ética y racionalidad. Empeñados en mantener sus cargos de facto y violando la Constitución y las Leyes, pretenden anular la facultad legislativa de la Asamblea (ALP). No podemos permitir esta aberración inédita en la historia, que pone en serio riesgo al sistema democrático”.
De hecho, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anticipó que la Asamblea Legislativa no acatará el fallo.
Sin embargo, nada está dicho porque la comisión bicameral conformada para tratar la temática entró en cuarto intermedio justamente para analizar la decisión del TCP.
Todos bloquean: El evismo en las carreteras, los choferes en la ciudad y el TCP bloquea a la Asamblea
El bloqueo es el arma más usada en la guerra interna del MAS. Por un lado, los seguidores de Evo Morales cumplen 11 días de bloqueo en las carreteras, mientras los choferes del transporte interdepartamental iniciaron un bloqueo de calles en la ciudad de La Paz en protesta por el bloqueo evista.
Entre tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió bloquear a la Asamblea Legislativa instruyéndole que frene el tratamiento de la Ley de convocatoria a las elecciones judiciales hasta que acate la prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes del país.
De todas formas, la Asamblea también estaba bloqueada porque no hay acuerdo justamente sobre la autoprórroga, porque el evismo exige que los magistrados cesen en sus funciones de inmediato, mientras que el arcismo solo se enfoca en la ley y no en los autoprorrogados.
El bloqueo de los evistas, que afecta al corazón de Bolivia y por tanto incomunica a Cochabamba con varios departamentos, busca el cese de los magistrados autoprorrogados y la aprobación inmediata de la Ley para las elecciones judiciales.
Esa medida ha provocado grandes pérdidas a la economía boliviana y, entre los más afectados están los transportistas interdepartamentales, que este jueves salieron a bloquear las calles de La Paz. Según un reporte de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, el sector ha perdido 27 millones de bolivianos en los primeros 10 días de bloqueo.
A eso se suma la escasez de combustibles en La Paz, que según el Gobierno es ocasionada por el bloqueo, aunque diversos analistas sostienen que el combustible llega vía Chile y que, por tanto, no debería estar afectada la provisión por el bloqueo. Por el contrario, atribuyen esta escasez a la carencia de dólares en el Banco Central de Bolivia.
Mientras la economía y la gente sufren por los bloqueos de uno y otro lado, los magistrados del TCP, lejos de contribuir a la solución, han pateado el tablero al emitir una declaración que quiere obligar al Legislativo a acatar la prórroga que, según juristas independientes, es inconstitucional.
El auto del TCP emitido este miércoles indica: «Ha lugar la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes Molina, presidente del TSJ, disponiendo que la ALP, con carácter previo a reasumir el tratamiento del Proyecto 144 de Ley Transitoria para las elecciones judiciales, en sus diferentes etapas, incluido las fases previas, necesariamente debe acatar la DCP 0049/2023 del 11 de diciembre, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena de este Tribunal resuelva la queja por incumplimiento formulado el 24 de enero”.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha señalado que ese es “otro acto nulo” del TCP, que “no puede dirigir las atribuciones del Órgano Legislativo”. Agregó que el mandato del TCP y el TSJ venció y no es “auto prorrogable”.
El expresidente Carlos Mesa escribió en su cuenta X que “los vocales y magistrados del TSJ y del TCP han sobrepasado todo límite de legalidad, ética y racionalidad. Empeñados en mantener sus cargos de facto y violando la Constitución y las Leyes, pretenden anular la facultad legislativa de la Asamblea (ALP). No podemos permitir esta aberración inédita en la historia, que pone en serio riesgo al sistema democrático”.
De hecho, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anticipó que la Asamblea Legislativa no acatará el fallo.
Sin embargo, nada está dicho porque la comisión bicameral conformada para tratar la temática entró en cuarto intermedio justamente para analizar la decisión del TCP.
