Un acontecimiento muy importante se desataca el día de hoy, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la solicitud de una audiencia para poder abordar la criminalización a la que están siendo sometidos los defensores de Tariquía.
El fenómeno de la criminalización, que cada vez sienta más presencia en nuestro medio, ha tomado impulso últimamente por los recientes procesos penales que enfrentan 29 defensores ambientales de Tariquía. El inicio de esta persecución, en perjuicio de los defensores, radica en que ellos rechazan que la actividad petrolera se consolide en la Reserva Nacional de Tariquía debido a los efectos devastadores que tendría para su territorio y su forma de vida.
Ahora bien, el trasfondo de esta sistemática forma de vulnerar derechos trae consigo intereses económicos y políticos; pues de qué otra manera se podría entender que sean empresas y el propio Estado, a través de sus órganos, quienes hostiguen, amenacen y persigan judicialmente a quienes se oponen a sus prácticas detractoras del medio ambiente.
Y, por otro lado, llama la atención que este fenómeno no sea denunciado con la convicción con la que se denuncian otros actos. Es así que observamos la selectividad con la que se abarcan las problemáticas, mientras no se interpongan con los intereses Empresa-Estado; y como eso determina la intervención de las autoridades.
A pesar de que este no es un escenario novedoso, ni aislado para aquellos que se oponen a actividades que tienden a degradar el medio ambiente; en esta oportunidad, el Sistema Interamericano escuchará los testimonios de aquellos que, en el ejercicio de un derecho y un deber, como lo es la defensa de los derechos humanos, están siendo víctimas del uso abusivo del poder y el mal empleo de las normas.
Pero ¿qué podría pasar con la realización de esta audiencia? Lo cierto es que la CIDH se limita a emitir recomendaciones a los Estados, o en su defecto, presentar casos ante la Corte IDH. Por lo que no tiene un efecto vinculante en las decisiones internas; no obstante, Bolivia, al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le debe observancia y cumplimiento a lo determinado por los órganos del Sistema Interamericano.
Y quizás lo más importante de este acontecimiento, es que se sienta un precedente importante para nuestro país y sus defensores, pues la sola visibilización de esta situación crítica ya significa un avance para frenar el mal uso del sistema judicial, que se materializa con la criminalización. Asimismo, se deja por sentado que la preocupación e indignación por esta situación no es solamente de los bolivianos, sino que ya ha encendido las alarmas internacionales.
Por lo tanto, el resultado y seguimiento de esta audiencia es esencial para todos los bolivianos, en la búsqueda de justicia por aquellos que defienden derechos humanos y la visibilización de las represalias de las que son víctimas.
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Luciana B. Miranda Serrano es integrante del colectivo de defensores de Derechos de Chuquisaca, investigadora y estudiante de Derecho
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