Editorial Sumando Voces
Los incendios forestales que azotan al país desde hace más de tres meses están destruyendo a la flora, la fauna y el futuro de nuestro país, pero, al mismo tiempo, están despertando la voz crítica de la sociedad civil contra el modelo de desarrollo que rige los destinos económicos del país.
Como no sucedía hace mucho tiempo, se han visto nutridas marchas de protesta en las calles de diversas ciudades de Bolivia exigiendo acciones para apagar los incendios y encontrar una solución estructural a esta tragedia que se repite año tras año.
Además de las manifestaciones callejeras, decenas de organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado mediante cartas públicas, que han hecho llegar a los máximos representantes de los órganos del Estado exigiéndoles que adopten medidas para frenar la devastación.
El origen de los incendios descontrolados, que superan las 4 millones de hectáreas quemadas solo en este año, se encuentra en un modelo que privilegia el extractivismo, la ampliación de la frontera agropecuaria para la exportación de soya y carne y la habilitación de tierras para poderosos grupos corporativos con fines políticos.
La sociedad civil acierta cuando exige debatir un nuevo modelo de desarrollo en Bolivia porque entiende que no se trata de cuántos cisternas se envíen para apagar el fuego o cuántos artículos de las leyes incendiarias queden anulados, sino de cambiar la visión de desarrollo, que es el origen de esta destrucción.
El modelo de desarrollo, que ha prodigado ingentes cantidades de dinero durante el gobierno de Evo Morales, ha empezado a declinar desde el 2015 y ahora está en crisis, expresada en la falta de dólares y combustibles y en la subida de precios de la canasta básica.
No es casual que esta crisis coincida con la descontrolada devastación de los bosques en la búsqueda de aumentar los ingresos y sostener un modelo que prácticamente ha colapsado. Estamos, entonces, ante un círculo vicioso que, en vez de prodigar los fondos esperados, vulnera derechos fundamentales como el derecho a la vida y a un medio ambiente sano.
Ante esa realidad, por iniciativa de UNITAS, más de 130 organizaciones de la sociedad civil han entregado esta semana una carta pública dirigida al presidente Luis Arce; al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca; y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, con 10 puntos destinados a frenar el círculo vicioso en el que estamos entrampados.
Los pedidos van desde abrir el debate en torno al modelo de desarrollo, declarar desastre nacional para atender la emergencia, abrogar el paquete de leyes incendiarias y restituir la decisión de la Procuraduría de revertir tierras donde se hubieran provocado los incendios.
Coincidentemente, 80 organizaciones de la sociedad civil han dado a conocer otra carta abierta, también para las máximas autoridades de los órganos del Estado, para los medios de comunicación, la cooperación internacional y para los bolivianos y bolivianas en su conjunto, en la que exponen las graves afectaciones de los incendios a la vida de la gente, particularmente de los pueblos indígenas, y piden, entre otras cosas, quitar las subvenciones al sector agroindustrial, anular los acuerdos del gobierno con la CAO respecto a los transgénicos y subir el presupuesto para medio ambiente y agua.
Nada bueno traen los incendios a nuestro país, pero que la ocasión sirva, para que la sociedad civil se mantenga activa y movilizada exigiendo un debate nacional sobre el modelo de desarrollo, hasta lograr un cambio estructural que preserve la vida, la naturaleza y el futuro de todos y todas. Que las lluvias apaguen los incendios porque se ha puesto en evidencia las carencias que tenemos como Estado para dar respuestas efectivas ante los incendios descontrolados, pero que no apaguen el ímpetu de la gente por legar un planeta para las futuras generaciones.
También te puede interesar:
